Un fiscal argentino pidió informes sobre las causas contra Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió al Gobierno que le informe el “estado actual y concreto” de la investigación que realiza el Tribunal Penal Internacional en una causa por violaciones a los derechos humanos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, impulsada por seis países, entre ellos la Argentina, años atrás. Con esta información, el fiscal decidirá si abre o no un nuevo caso contra Maduro en la Argentina.

La causa, que tramita ante el juez Sebastián Ramos, se inició por una denuncia del diputado Waldo Wolff, de Juntos por el Cambio, con el patrocinio del abogado Tomás Farini Duggan. El fiscal, antes de decidir si impulsa la denuncia de Wolff, que también se dirige contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, es por “la presunta comisión de una serie de hechos que podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos, reconocidas por el derecho internacional de los derechos humanos como delitos de lesa humanidad”.

El denunciante advirtió que Naciones Unidas documentó en una investigación del Consejo de Derechos Humanos tales violaciones, que incluían casos de ejecuciones extrajudiciales, abusos sexuales, persecuciones, detenciones y arrestos arbitrarios de opositores, sumados a torturas perpetradas desde organismos de inteligencia como la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Wolf invocó que ante la falta de una investigación, debía hacerlo la justicia argentina en función del principio de jurisdicción universal, incluido en la Constitución.

El fiscal, no obstante, antes de decidir si impulsa la acción, pidió informes a la cancillería argentina porque, según la página web de la Corte Penal Internacional, ya existe un legajo denominado Venezuela 1, donde se realizaron medidas de prueba ante ese tribunal.

El fiscal quiere saber qué hechos abarca ese legajo y si incluyen las denuncias que hace ahora Wolff y los casos de las víctimas que el diputado propone como testigos. Se tratan de Víctor Alfonso Navarro López -refugiado aquí- y Rigoberto Lobo Puentes, venezolanos que denunciaron haber sufrido violaciones a derechos humanos, incluidas detenciones e incomunicación arbitrarias, tratos crueles, torturas y persecuciones. Y propuso además la declaración testimonial de otras personas que también habrían sido víctimas de sucesos similares. A saber, Yang Rafael Álvarez Pereira, Luis Alberto Mariño, y Richard José Blanco Cabrera.

En la Corte Penal Internacional, según advirtió Pollicita, tramita un caso donde la Fiscalía consideró que existía una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad. En noviembre de 2021 se anunció la conclusión de la etapa preliminar con la decisión de abrir una investigación, lo que fue acompañado de un Memorándum de Entendimiento con el gobierno de ese país.

Si bien en abril de 2022 la Fiscalía habría notificado a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la recepción de una solicitud de Venezuela de abstención de la continuación de las investigaciones debido a las acciones emprendidas por las autoridades nacionales, lo cierto es que el 1° de noviembre del 2022 la Fiscalía habría requerido a la Sala la autorización respectiva para reanudar la investigación. De esa forma, la Sala invitó a las víctimas a presentar sus opiniones y observaciones con un plazo que vence el 7 de marzo próximo.

Esas declaraciones serían compiladas y transmitidas a través de un informe de la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones (VPRS por sus siglas en inglés), a presentarse a más tardar hasta el 21 de marzo de 2023. La fiscalía de ese tribunal también invitó a Venezuela a presentar sus observaciones y le dio plazo hasta el 28 de febrero de 2023.

Con estos datos es que Pollicita pidió a la cancillería argentina que le informe “el estado actual y concreto” de esta investigación internacional y “el alcance del procedimiento vinculado al legajo identificado como Venezuela I”. Además, requirió saber si allí están “los casos denunciados ahora, solicitándose a su vez la remisión de todas las constancias documentales e informes que se posean con relación a aquel”.

En esa causa la Argentina, como uno de los denunciantes, ya ejerció la jurisdicción universal mediante la Corte Penal Internacional, donde además ya interviene Venezuela para defenderse.

Con estos datos en la mano, el fiscal emitirá entonces un nuevo dictamen para determinar si corresponde o no abrir una causa en los tribunales federales locales.

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