Un financista argentino quedó en la mira de la justicia española por una trama de lavado de dinero

La Policía española involucró al financista argentino Diego Marynberg en una operatoria sospechada de encubrir el pago de sobornos y el posterior lavado de activos por al menos 7 millones de dólares vinculados a la corrupción venezolana, según surge de un informe de la unidad especializada en delincuencia económica de esa fuerza cuya copia obtuvo LA NACION.

El informe identifica a un militar chavista y a dos empresarios venezolanos –Said Cabrera Abraham y José y Roberto Rincón- como los protagonistas de la transacción delictiva que tuvo como víctima a la petrolera estatal de ese país, Pdvsa, y a Marynberg como el responsable de un fondo de inversión por el que se canalizó el dinero de la corrupción.

Consultado por LA NACION, Marynberg se despegó a través de uno de sus abogados de la operatoria cuestionada. Indicó que se limitó a ejecutar la orden de transferencia de un cliente tras completar los controles de compliance de rigor, sin que saltaran las alarmas. Aclaró, además, que la Justicia española no lo citó, imputó, ni notificó hasta el momento sobre la investigación en curso contra Abraham y los Rincón.

Emitido por la Brigada Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española, el informe ingresó al Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid el 25 de octubre pasado, aunque solo salió a la luz durante los últimos días, cuando lo reveló el portal español The Objective.

El informe confidencial, cuya copia obtuvo LA NACION, expone que Pdvsa otorgó un contrato por US$80 millones para la implantación de un sistema de videovigilancia a Plymouth Overseas Limited CA, una sociedad offshore que había sido creada meses antes y que carecía de antecedentes o méritos, pero que controlaba Cabrera.

Con ese contrato por US$80 millones de Pdvsa ya asegurado, al menos US$8 millones se canalizaron hacia España, donde terminaron en una cuenta de Caixa Geral que estaba a nombre de Carmen Julia Pérez y en la que Cabrera figuraba como autorizado a disponer de los fondos.

La remisión a España de esos fondos, según el informe de la UDEF, se completó por dos vías distintas. La primera, por al menos US$1 millón, fue a través del fondo Tradequip CA que controlaban los Rincón, íconos de la llamada “boliburguesía”, quienes acumulan antecedentes penales. El hijo, José, fue detenido en España, en 2018, por su presunto rol en un esquema de lavado junto a su padre, Roberto, quien se declaró culpable dos años antes, en 2016, en Estados Unidos, de participar en una trama de corrupción en Pdvsa y fue sentenciado a 18 meses de prisión.

Al declararse culpable en Texas, Rincón (padre) confirmó que había sobornado a funcionarios de Pdvsa para que les adjudicaran negocios a sus empresas. Entre ellos, al entonces gerente de Prevención y Control de Pérdidas de la petrolera, Rafael Reiter Muñoz, sospechado de ser quien, en agosto de 2007, llevó las valijas con dólares al avión del “caso Antonini”.

Reiter fue, incluso, detenido en España junto a José Rincón, el 6 de junio de 2018 por la compra de un inmueble en ese país con dinero proveniente de la venta de otro inmueble en el estado de Florida que había recibido como soborno por parte de Rincón (padre). Reiter se encuentra también investigado en Estados Unidos, que requirió su extradición.

¿El rol de Marynberg?

La otra senda que identificó la UDEF española para la ruta del dinero, en tanto, fue a través Adar Latam High Income Fund LTD, un fondo de inversión controlado por Diego Marynberg y su hermano Sergio. Con sede en el paraíso fiscal de las Islas Caymán, los sabuesos españoles estiman que por ese fondo, pero desde una cuenta en Holanda se canalizaron hacia España otros US$7 millones de la corrupción.

Consultado por LA NACION, Marynberg aclaró a través de uno de sus abogados que “no es sujeto de interés para la Justicia española” –lo que sostuvo con un certificado emitido por un letrado en Madrid, el 10 de este mes-, ya que indicó que se limitó a completar un giro por cuenta y orden de un cliente al que sometió a los controles regulares y con destino a una cuenta en la Caixa cuya titular, Carmen Julia Pérez, socia de Said Cabrera, también fue auditada, sin que en aquel entonces saltaran las alarmas.

Según la Policía española, los involucrados buscaron darle una pátina de credibilidad a esa transferencia por US$7 millones. Aportaron un supuesto contrato de línea de crédito por US$15 millones, pero lejos de justificar el envío de esos fondos, según la UDEF, el documento “contiene errores que trascienden de meros formalismos en su redacción”. Entre ellos, “la ausencia de persona física identificada que actúe como representante de Adar Latam, estipulación de garantías para el prestamista en caso de incumplimiento de la obligación de restitución del préstamo o jurisdicción a la que se someten las partes”.

La operatoria, además, llamó la atención de los organismos de contralor que, de acuerdo al informe de la UDEF, emitieron “reportes de Inteligencia Financiera”. Y, en la misma línea, los sabuesos precisaron que tanto sobre Diego como sobre Sergio Marynberg, “existen Informes de Inteligencia Financiera que evidencian su participación en operativas sospechosas”.

Consultado por LA NACION, junto al financista rechazaron ese planteo de los sabuesos policiales. “En los registros que auditamos no vimos ningún contrato asociado a este giro. Solo un giro por cuenta y orden de un cliente por 7 millones a la cuenta de la señora mencionada y que figuraba como ciudadana española, no venezolana. El monto no era de 15 millones”, plantearon. “Si el supuesto contrato no tiene nombre de un apoderado del fondo y tiene falencias que exceden lo meramente formal, y por tanto no estaría firmado ni perfeccionado. ¿No hubiera sido más fácil para los investigadores concluir que no hubo tal contrato?”.

Radicado en Israel desde hace años, donde no es conocido como Diego sino como “Zev”, Marynberg se mueve con tres pasaportes: argentino, israelí y polaco. Desarrolló un abanico de negocios que durante los últimos quince años se extendió de la Argentina a Venezuela y otros puntos de América Latina y el Caribe, como también por Estados Unidos y Europa.

Ruidos previos

Su expansión pronto encendió las alarmas de los bancos y los contralores. Entre ellos, la Unidad de Inteligencia Financiera estadounidense (FinCen, en inglés), que comenzó a receptar reportes de operaciones sospechosas entre 2014 y 2015 a través de dos entidades de su holding, Adar Capital Holdings, según la investigación FinCEn Files del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que participó LA NACION junto a Infobae en 2019.

La primera de esas entidades de Marynberg bajo sospecha fue Mercantil Valores, la sociedad de valores que operó desde Montevideo con clientes venezolanos y argentinos, hasta que el Banco Central uruguayo canceló su licencia en 2016 por no cumplir la normativa para prevenir el blanqueo de activos, entre otras irregularidades. La segunda de sus entidades que quedó bajo la lupa de la FinCen fue Adar Latam High Income Fund Ltd, la misma que centraliza el informe de la Policía española.

Ante la consulta de ICIJ previa a la publicación de los FinCen Files, Marynberg defendió su proceder y el de sus entidades. “Tanto Mercantil Valores como Adar Latam High Income Fund fueron grandes operadores de bonos en América Latina durante dicho período”, sostuvo, “con una performance muy destacada por sus rendimientos y track récord auditado, lo cual es esencial para la credibilidad de un fondo de inversión”.

El informe reciente de la UDEF detalla, en tanto, que los US$7 millones que pasaron por el fondo Adar Latam High Income Fund LTD de los Marynberg no se asentaron en España, que resultó apenas una escala más. El dinero cruzó otra vez el Océano Atlántico, con aparente destino final en las islas Bahamas, aunque otra remesa terminó en una cuenta en Curazao.

No solo eso. Porque a ese negocio por US$80 millones con un presunto retorno delictivo estimado en el 10%, Cabrera y los Rincón sumaron tres más, centrados en la venta de 304 vehículos a Bariven, una filial de la petrolera Pdvsa. Esos rodados costaron US$8,7 millones, pero la operación se infló hasta los US$14 millones.

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