Un duro fallo le advierte al Gobierno que no debe obstruir a la Justicia

El Gobierno sufrió ayer un nuevo revés judicial en la causa por el intento de estatización del predio de la Rural: en una sentencia de segunda instancia, el tribunal denunció que existe una "política deliberada" para apartar a los jueces de sus causas naturales, con la intención de obtener fallos favorables. Y advirtió que de ese modo el Poder Ejecutivo "conspira" contra la administración de justicia y "obstruye su funcionamiento".

Así lo señalaron los jueces de la sala de feria de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal al rechazar el pedido del Gobierno para recusar masivamente a los camaristas que mantienen suspendida la estatización de la Rural.

Los magistrados son Francisco de las Carreras, Ricardo Guarinoni y Graciela Medina, los mismos que intervinieron en los últimos días en trámites del caso Clarín y que fueron objeto de un fuerte ataque presidencial. Cristina Kirchner se había referido a ellos al señalar que "el sistema democrático está severamente dañado" por sus resoluciones, como la que frenó la estatización del tradicional predio de Palermo. Denunció entonces "un desequilibrio total del sistema democrático", porque "los jueces gobiernan anulando decisiones" del Poder Ejecutivo y Legislativo. "El tribunal [por esa Cámara] ha traspasado –y se le ha permitido traspasar– todos los límites", había dicho la Presidenta por Twitter el sábado 5 de este mes, mientras descansaba en El Calafate.

Los mismos tres jueces rechazaron ayer sin más trámite la recusación masiva que presentó el Gobierno para que dejaran el caso de la Rural.

También desestimaron un pedido para que la causa pase al fuero contencioso administrativo federal.

En otro punto del fallo, rechazaron habilitar la feria judicial de enero para tratar la apelación de la concesión de la medida cautelar que congeló la validez el decreto de la presidenta Cristina Kirchner mediante el cual se anuló la venta del predio de la Rural, realizada por el gobierno de Carlos Menem en 1991. El argumento del Gobierno es que ese predio se vendió a "precio vil".

La sentencia sostiene que la recusación de todos los camaristas -a quienes además el gobierno había denunciado ante la justicia federal- es "inadmisible", "genérica" e "indiscriminada" si está basada solamente en la causa penal que les inició.

De las Carreras, Guarinoni y Medina habían sido denunciados con un grupo de jueces por supuestamente alterar el sistema de subrogancias de la cámara para coincidir en el dictado de fallos en sintonía con las pretensiones del Grupo Clarín.

Los camaristas pidieron copia de la causa penal y advirtieron que el juez federal Luis Rodríguez -cuyo pliego fue impulsado por el kirchnerismo y fue designado con apoyo del oficialismo y de Pro tras un controvertido concurso- no había realizado ninguna medida que comprobara la legitimidad de la denuncia oficial.

De todos modos, recordaron que la recusación con causa no está prevista para casos como el presente, pues el Poder Ejecutivo sólo ejerce en la causa la representación del Estado, que está integrado también por los otros dos poderes (Legislativo y Judicial). Y los jueces son empleados de uno de ellos.

Como el Estado es parte en la gran mayoría de las causas que se tramitan en el fuero, admitir una recusación similar en otros casos provocaría que ninguno de los jueces pudiera intervenir en ningún juicio, lo que implicaría vaciar la cámara de jueces e incurrir en un "abuso de derecho", escribieron los camaristas.

Advirtieron que el Gobierno los recusó además en la causa Clarín y Cablevisión, y en ningún otro de los miles de expedientes que tramitan en el fuero donde el Estado es parte, lo que implica una práctica "abusiva", pues desnaturaliza la recusación.

"Este temperamento se presenta como una política deliberada para apartar a los jueces naturales, lo que es sin duda inadmisible en uno de los poderes de la Nación, el que no debe conspirar contra la administración de justicia, o perturbar u obstruir intencionalmente su apropiado funcionamiento", dijeron los camaristas.

De las Carreras, Guarinoni y Medina rechazaron también la pretensión del Gobierno de que se excusaran por el "conflicto emocional" que les pudiera haber ocasionado la denuncia en su contra. Dijeron que la excusación es personal y es "inadmisible forzar esta decisión soberana" de cada juez, basada en su subjetividad.

A pesar de ello, los jueces creyeron conveniente escribir en la sentencia que "conservan la serenidad y el equilibrio necesarios para garantizar la imparcialidad de la función jurisdiccional".

Dijeron que "el recíproco trato respetuoso entre las autoridades constitucionales contribuye al fortalecimiento de las instituciones, que -opinaron- es lo único permanente en la República".

En cuanto al pase de la causa al fuero contencioso administrativo federal -por tratarse de un caso que analiza un decreto del Poder Ejecutivo-, los jueces concluyeron que el planteo debió formularse en primera instancia, para permitir su revisión por el tribunal de apelaciones.

Recordaron, además, que la feria judicial está habilitada para la causa de la Rural, que hubo resoluciones en lo que va de enero y que no correspondía volver a habilitarla para la apelación de la medida cautelar.

Ahora está allanado el camino para que el Gobierno apele y caso llegue a la Corte Suprema.

La anulación de la venta de la Rural

Una operación que está bajo investigación

• Decreto
  
  En medio de los saqueos de fin de año, el 21 de diciembre el Gobierno anunció que mediante un decreto había anulado la venta de la Rural que se realizó en 1991. La operación se cerró tras una tasación en 30 millones de dólares y un peritaje concluyó que los terrenos valían unos 100 milloneslas

• Razones
  
  Basó la decisión en el supuesto "precio vil" que se había pagado y dijo que estaba en marcha una investigación judicial en la que los responsables se encuentran procesados. La causa tiene casi 20 años y hace dos años que los ex funcionarios están procesados

• Freno judicial
  
  La Rural presentó un amparo ante el decreto que les daba 30 días para dejar el predio. La jueza en lo Civil y Comercial Federal Silvina Bracamonte rechazó su pedido, pero la Cámara, en segunda instancia, le hizo lugar al amparo y la instrumentación del decreto se encuentra congelada

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