Un fallo judicial habilita el regreso de Herme Juárez, el sindicalista que dominó el puerto de Rosario
Siete meses después de ser excarcelado, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento del dirigente sindical y empresario Herme Juárez, exhombre fuerte de la zona portuaria del polo agroexportador de Gran Rosario, por el delito de administración fraudulenta y lavado de activos en perjuicio de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín.
Pero el fallo habilita a Juárez a regresar al sindicato y a la cooperativa, ambos intervenidos, ya que revoca la medida cautelar de no acercarse a la sede gremial a menos de 200 metros y le permite el reingreso a la cooperativa, por lo que se podría presentar a elecciones, para las cuales aún no hay fecha.
El fallo ratifica también los procesamientos de las hijas del líder portuario, Paola y Mariana, su hijo Oscar y del exgerente Daniel Gustavo Badía, por el delito de lavado de activos de origen ilegal. Desde el entorno de Juárez señalaron que el fallo de la Cámara Federal dejó de lado dos de los delitos que figuraban en el procesamiento como asociación ilícita y coacción. Quedaron en pie las imputaciones de índole económico, como administración fraudulenta y lavado de activos.
Ante un posible regreso de Juárez, otro sector sindical, ahora opositor al exsecretario general, se manifestó en estado de alerta y movilización. Se trata de la lista Celeste y Blanca, conducida por el dirigente Marcelo Vergara. Este sector echó a Juárez cuando visitó la sede gremial tras ser excarcelado.
Juárez, conocido como Vino Caliente, detentó durante más de 50 años un poder importante en la zona clave del sector agroexportador. Fue detenido el 1º de agosto de 2019 en su residencia de San Lorenzo, tras un megaoperativo realizado por varias fuerzas federales, ordenado por el juez de Campana Adrián González Charvay.
Después de ser detenido, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) fue intervenido. Tras ser excarcelado, Juárez pretendió volver al gremio, pero trabajadores de esa entidad lo echaron de la sede sindical. "Andate chorro", le gritaban.
"Administración fraudulenta y lavado de activos". Esas dos imputaciones figuran en la causa que enfrenta desde agosto de 2019 Herme Juárez, que permaneció 50 años en la cima del poder sindical y empresarial de los puertos del Gran Rosario. Solo una investigación judicial logró perforar su hegemonía.
La investigación contra Juárez y su entorno se centra en los desmanejos económicos de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios, que Vino Caliente conduce a la par del sindicato desde 1969. El control del gremio y la cooperativa lo transformó en uno de los hombres más poderosos del polo agroexportador, y un dirigente que también controlaba los hilos políticos de la zona, como lo sugieren las escuchas telefónicas que figuran en la causa.
El planteo que realizan los defensores de Juárez es que la causa que inició el juez federal de Campana tuvo como único motivo desplazar a Vino Caliente para que el poder económico de la zona pasara a manejar sin ataduras este negocio millonario. Sin embargo, el procesamiento dictado por Charvay ahora fue confirmado por la Cámara Federal de San Martín, aunque el fallo le solicita el magistrado que profundice la investigación de índole económica.
Pueden observarse los altos rendimientos que tiene la cooperativa, que opera en la práctica como una verdadera sociedad comercial, evidenciados en el importante patrimonio de quienes la dirigen
"Les vengo a hablar como un empresario y no como un sindicalista", era una frase que repetía Juárez cuando negociaba las tarifas en dólares que cobraba en las terminales portuarias del Gran Rosario la Cooperativa de Trabajadores de Puerto General San Martín. No se trataba de un eufemismo del exsecretario general del SUPA.
Vino Caliente logró construir un imperio en San Lorenzo con las montañas de dinero que ingresaban a la cooperativa que se nutría con unos 700 operarios del gremio que conducía. Más que un empresario, como decía ser, era un hombre de finanzas, según se trasluce de la investigación judicial.
El juez federal de Campana encontró indicios de que había delitos relacionados con el manejo oscuro de los fondos de la cooperativa, que tenía el aspecto de una empresa.
Según consta en el expediente, en 2017 el patrimonio de la cooperativa, que se dedica a la estiba de los barcos que cargan soja y productos derivados en los puertos, ascendía a 2100 millones de pesos. De acuerdo con el informe que consta en la causa, la cooperativa tuvo un excedente de 439.000.000. "La estructura del activo está compuesta por inversiones financieras que totalizaron 1156 millones de pesos en el ejercicio 2017, y se incrementaron aproximadamente en un 38% respecto de las del año anterior", señala un informe que forma parte de la causa.
Ese excedente, según sospechan los investigadores, "eran principalmente fondos comunes de inversión, inversiones en plazo fijo y acciones en la sociedad 'Bunge Limited' radicada en el Reino Unido".
A la par de estos registros contables hay escuchas telefónicas en la causa que aportan más indicios sobre el manejo de los fondos de la cooperativa, que Juárez habría usado para su beneficio personal. Se montaron una red de empresas a nombre de los hijos de Juárez y firmas que serían financieras para manejar y multiplicar, como se sospecha en la causa, los dividendos de la cooperativa.
Inversiones y viajes de lujo
El 31 de enero de 2018, Juárez llamó a un agente financiero de un banco con el objetivo de replantear las inversiones. El broker "lo puso al corriente de las inversiones existentes bajo su titularidad, indicando que tiene casi 2.000.000 de dólares en LETES (Letras del Tesoro de la Nación) que se vencerían el 28 de junio, junto con otros 16.000.000 de pesos en un fondo de inversión".
"Pueden observarse los altos rendimientos que tiene la cooperativa, que opera en la práctica como una verdadera sociedad comercial, evidenciados en el importante patrimonio de quienes la dirigen", señala el procesamiento dictado por el juez Charvay.
"Llama la atención el extraordinario patrimonio que posee la Cooperativa de Trabajos Portuarios, el cual se compone de bienes que no guardarían relación con el objeto y los servicios prestados por la misma, tales como aeronaves valuadas en 15.000.000 de pesos que habrían sido utilizadas por Juárez y su familia para viajar a Uruguay". Los viajes recurrentes a Punta del Este tenían que ver, según se desprende de la causa, con propiedades en esa ciudad, en el complejo inmobiliario "Imperiale Luxury Condominiums".
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