Un fallo de la Justicia porteña ordenó a la Ciudad el comienzo de las clases presenciales

En medio de la disputa entre el gobierno porteño y la Casa Rosada por la continuidad de las clases presenciales, un fallo de la Cámara de Apelaciones porteña hizo lugar a una medida cautelar y determinó que las clases deben continuar de manera presencial, pese al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Alberto Fernández.

La decisión la tomaron los jueces de la la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, Marcelo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli y Laura Perugini por unanimidad. Consideraron que el DNU firmado por Alberto Fernández vulnera la autonomía porteña. La jueza Nieves Machiavelli había sido recusada por ser la hermana del ministro de Ambiente porteño, Eduardo Machiavelli, pero el planteo fue rechazado.

Esta mañana la fiscal porteña ante esta cámara, Karina Chichero, había dictaminado a favor de los pedidos presentados por dos organizaciones para que las clases no fueran suspendidas. Uno de los amparos fue presentado por la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas y otro por la ONG Abramos las escuelas.

Según supo LA NACION, las autoridades porteñas habían pedido pronto despacho a los tribunales para resolver sobre esta disputa. En simultáneo, crecían las expectativas ante un eventual movimiento de la Corte Suprema, tribunal al que el gobierno porteño acudió con un amparo el jueves pasado. Fue en ese contexto que la cámara de apelaciones porteña se declaró competente para intervenir sobre la suspensión de clases en el distrito y ordenó dejar sin efecto una parte del decreto de necesidad y urgencia nacional.

Apenas se conoció el fallo judicial, los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires convocaron a un paro para mañana.

“La naturaleza de los derechos fundamentales en juego y la urgencia de la pretensión dirigida a resolver la suspensión de un DNU nacional cuya vigencia comienza a operar a partir del día de mañana, lunes 19 de abril, y que involucra a todos los menores de edad que asisten a clases en el ámbito de la Ciudad, sus padres y cuerpo docente, hacen imposible aguardar el tiempo que demandaría cumplir con los pasos procesales establecidos por el Código de rito”, consideraron los camaristas porteños en el fallo al que accedió LA NACION.

“Un análisis limitado de la cuestión conlleva a señalar, en este estado liminar del proceso, que el Decreto sancionado por el Poder Ejecutivo nacional, en su artículo 2°, párrafo tercero, vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación”, detallaron.

Según el fallo “la responsabilidad en la prestación y el modo en que se organiza el servicio de educación es una competencia netamente local y que, por ende, debe ser dispuesta por los órganos constitucionales que tanto la Constitución nacional, local y las leyes dispusieron para ello. Esto es: el Poder Ejecutivo local”.

El fallo de la justicia porteña no cayó bien en el gobierno nacional. Cerca del Presidente sostienen que un tribunal local no puede dejar sin efecto una decisión federal. El Gobierno, sin embargo, no puede apelar esta decisión porque no forma parte del expediente.

“Es una decisión tomada por un tribunal absolutamente incompetente, cualquier cuestión entre una jurisdicción local y la Nación la resuelve con competencia originaria la Corte Suprema”, dijo a LA NACION un funcionario nacional.

El fallo le ordenó al gobierno porteño, además, que elabore y presente el próximo viernes un informe sobre la evolución de la situación epidemiológica

La tensión entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno nacional escaló apenas Alberto Fernández anunció que las clases presenciales serían suspendidas en todo el AMBA a partir de mañana. El Presidente y el jefe de gobierno porteño se reunieron el viernes en Olivos, pero eso no impidió que las autoridades porteñas acudieran a la Corte Suprema con un amparo. No hubo acuerdo en la reunión.

La procuradora general ante el máximo tribunal, Laura Monti, ya dictaminó que la Corte debe intervenir. No se refirió a la cuestión de fondo pero sí a la competencia. El máximo tribunal todavía no hizo movimientos sobre ese planteo de inconstitucionalidad, pero en el Gobierno insisten que es allí donde debería dirimirse la cuestión.

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