Un exintendente de Bariloche enfrenta un juicio por corrupción en un caso de fondos para viviendas
La Justicia rechazó el sobreseimiento de Gustavo Gennuso, que podría recibir una pena de entre dos y 10 años de prisión por peculado
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PARA LA NACIONPaz García Pastormerlo
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Luego de que rechazaran su sobreseimiento, el exintendente de esta ciudad Gustavo Gennuso irá a juicio oral por el desvío de fondos. En el marco de la causa conocida como Techo Digno, se lo investiga por el delito de peculado y podría recibir una pena de entre 2 y 10 años de prisión.
Gennuso ocupó la intendencia de Bariloche entre 2015 y 2023. Sus defensores habían solicitado el sobreseimiento por considerar que los hechos que se le adjudican no encuadrarían en delito penal. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal realizaron un puntilloso análisis de la doctrina sobre la figura del peculado. En ese sentido, el juez de Bariloche Marcelo Álvarez Mellinger rechazó la solicitud de sobreseimiento por considerarlo apresurado en esta etapa procesal, entendiendo que el juicio deberá producirse para acreditar las posiciones de las partes.
La causa tiene como imputados a empresarios de la construcción y exfuncionarios municipales. En algún caso, por los delitos de fraude en perjuicio a la administración pública y administración infiel, y, en otros, por el de peculado.
Al describir los dos hechos objeto de la acusación, la Fiscalía relató que, al momento de su asunción como intendente municipal, Gennuso “asumió los compromisos y las obligaciones emergentes de los Acuerdos 2274/2013 y anexos correspondientes a 376 viviendas de la Ciudad de San Carlos de Bariloche”, así como “aquellas que surgen del acuerdo 624/2015, correspondientes a las 495 viviendas de esta ciudad”.
En ese momento, se encontraba depositada en una cuenta del Banco de la Nación Argentina (cuya titularidad corresponde a la Municipalidad de Bariloche) la suma de 157.915.146,27 pesos “producto de la totalidad de los desembolsos efectuados a raíz de los convenios firmados, percibidos durante la gestión de la intendente anterior”.
La investigación original –de la que se desprende la causa que investiga a Gennuso– también tiene como imputados a la exintendenta María Eugenia Martini, el exfuncionario Alfredo Milano y el empresario de la construcción Juan Castelli, que siguen en instancias de revisión.
El fiscal Martín Lozada relató que Gennuso sustrajo por fuera de la esfera de custodia de la administración municipal la suma de 105.000.000 pesos para constituir plazos fijos en otra entidad bancaria. “Tal monto dinerario tenía una asignación específica, en tanto estaba destinado al pago a las empresas constructoras, contra la certificación de avance de obra correspondiente, conforme se desprende de la información que fue peritada. A partir de ese momento el hoy imputado, en su calidad de intendente municipal, estuvo a cargo de la custodia y administración de esa suma de dinero, la cual le había sido confiada en razón de su cargo”, indicó el fiscal.
Desde la Fiscalía agregaron que ese dinero no fue destinado a su fin específico ni restituido al Estado nacional: “Tal cosa mediante maniobras para debitar dinero de cuentas corrientes y generar plazos fijos”.
Actualizado al 1 noviembre de 2024, el monto de 105.000.000 pesos se traduce en la suma de 10.269.774.547,58 pesos. El fiscal señaló que Gennuso “quebrantó la esfera de administración y custodia sobre esos caudales, la cual le había sido confiada en razón de su cargo y mediante lo establecido en los convenios celebrados con el Estado nacional”. Añadió que, con su accionar, el exintendente de Juntos Somos Río Negro “vulneró el regular desenvolvimiento de la actividad patrimonial de la administración pública municipal, amén de la confianza pública en él depositada”. En ese sentido, el monto de pena pretendido por la Fiscalía es de cuatro años de prisión.
La Fiscalía también detalló qué testigos serán convocados durante el juicio, entre ellos, funcionarios municipales, provinciales y nacionales, peritos de la Unidad de Asistencia a la Investigación de la Procuración General, Oitel y autoridades crediticias. A través de ellos se sumará una importante cantidad de material documental contable, bancario y caligráfico. La fecha del juicio, que se hará ante un tribunal colegiado, será fijada próximamente por la Oficina Judicial.
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