Un exfuncionario kirchnerista fue procesado por comprar una constructora a través de testaferros

Crecen los problemas judiciales para el extitular del Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi) Gustavo Gentili, célebre por su “dolce vita”. Ahora, el juez federal Sebastián Casanello lo procesó por comprar una constructora a través de testaferros, para beneficiarla con fondos públicos multimillonarios que después lavó para que lleguen a su bolsillo.

Casanello dispuso además el embargo de Gentili, quien se regaló una vida de lujos como funcionario público junto a su esposa, Laura Andino, también funcionaria. De una mansión en un country exclusivo, camionetas de alta gama, propiedades en Uruguay y viajes frecuentes en primera –para él, su segunda esposa y sus once hijos–, a ostentar joyas de oro, fajos de dólares y diamantes y rubíes.

Según Casanello, Gentili habría comprado “de manera velada, el 30% de las acciones de la constructora Sycic, en octubre de 2012, con fondos que provendrían de actos de corrupción, mediante una serie de operaciones tendientes a disimular el origen del dinero y dotarlo de apariencia de licitud”.

Sin embargo, las maniobras de Gentili –quien ya arrastra un procesamiento confirmado por la Cámara Federal por otro tramo de la pesquisa- se habrían extendido hasta 2016. Es decir, hasta que dio un paso al costado como titular del Occovi. Hasta entonces, estimó el magistrado, actuó “interesadamente en representación del Estado en actos que directa o indirectamente involucraban a Sycic, en miras a obtener un beneficio para sí y para los restantes socios”.

En esa maniobra, según surge de las evidencias, participaron Ricardo López Naon, Andrés Pasman, Miguel Ducoté, Héctor Giuffrida, Alejandro Luchetti, José Manuel Guzmán, y las personas jurídicas Perugia SA, Cooperativa Credinver Vivienda, Crédito, Consumo y Servicios Sociales Ltda, Rocma Equities Corporation y El Maitén Emprendimientos SA.

Apoyado en evidencias que abarcan desde textos manuscritos y correos electrónicos de Gentili y sus acólitos, Casanello fue más lejos con su investigación, en la que también interviene el fiscal federal Federico Delgado, al que punto que podría alcanzar derivaciones explosivas.

A lo largo de su resolución de 137 fojas, Casanello detalló cómo fue la maniobra para adquirir la constructora y cómo luego Gentili, desde el Occovi, le adjudicó la obra para la “pavimentación de la colectora frentista lado provincia de la Av. General Paz – sector afectado por la ejecución del Arroyo Cildañez”, por casi $24,5 millones; es decir, unos US$ 4,6 millones al tipo de cambio entonces vigente.

Esa adjudicación registró, sin embargo, tres salvedades. La primera, que en la maniobra también participó su esposa, Laura Andino; la segunda, que el monto se elevó en 2015; y la tercera, que Gentili también le otorgó una prórroga de plazo para su ejecución a su propia constructora en las sombras.

Para Gentili, según reconstruyó Casanello, la situación declinante de la constructora cuando la compró era irrelevante. “El éxito comercial iba a estar garantizado por la intervención del funcionario, como vulgarmente se dice, de los dos lados del mostrador”, remarcó. Así, cuando sus testaferros asumieron el control, “la constructora evidenció un fortísimo crecimiento en tan solo dos ejercicios: para 2014, sus activos crecieron 64%, su patrimonio 96% y sus fuentes de financiamiento 240%, siempre precios constantes de 2018. El año 2015, como se observa, continúa con variables elevadas”.

Nuevas ramificaciones

Las evidencias exponen también la participación de otros allegados a Gentili, como los abogados Eduardo Roca y Horacio Díaz Sieiro, quienes tramitaron la compra de la constructora. “Ambos mantenían una regular relación, al menos vía correo electrónico, con López Naon, Gustavo Gentili y Ducoté”, remarcó Casanello. “Tanto esta operación como la adquisición de la parte de Gentili fue coordinada entre todos los nombrados”.

Esas mismas evidencias que recuperó la Justicia al allanar múltiples domicilios y secuestrar computadoras y teléfonos registran los intentos desesperados de los involucrados por acelerar y ocultar sus huellas en la operatoria delictiva. “Dale pala porque se viene el agua”, le escribió López Naón a otro involucrado en noviembre de 2016, cuando LA NACION ya había sacado a la luz la vida lujosa de Gentili y la Justicia iniciaba su investigación.

En ese contexto, Casanello procesó por negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de activos a Gentili, y como partícipes de esas maniobras a López Naón, Giuffrida, Guzmán y Ducoté, sin disponer su prisión preventiva, y el procesamiento y arresto domiciliario de Pasman y Luchetti ya que se comprobó que ambos destruyeron evidencias mientras estaban en libertad, entorpeciendo la investigación judicial.

El magistrado también dispuso nuevos embargos por más de $811,5 millones sobre Gentili, López Naon, Pasman, Luchetti, Giuffrida, y las firmas Sycic, Cooperativa Credinver, Perugia SA, Rocma Equities Corp y El Maitén Emprendimientos, y de $ 1623 millones sobre Guzmán, en tanto que lo elevó a $1211,5 millones contra Ducoté.

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