Un empresario del juego ilegal de Santa Fe dijo que pagó US$250.000 de coimas para la campaña electoral del PJ
El zar del juego clandestino dijo que abonó esa suma en 2019 al legislador peronista Armando Traferri
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.-Los escándalos políticos envuelvan a Santa Fe desde las últimas semanas, a la par de una de las crisis de seguridad más agudas de la última década. Este jueves la justicia admitió como “imputado colaborador” –una figura similar a la de arrepentido- al empresario Leonardo Peiti, llamado el zar del juego clandestino en la provincia, quien en su declaración testificó que pagó coimas por 250.000 dólares al senador peronista Armando Traferri y a otros legisladores.
En la extensa declaración que Peiti prestó el 13 de septiembre pasado ante la jueza Eleonora Verón dijo que los fondos que aportaba en concepto de coimas eran para la campaña electoral. El empresario señaló además que entregó dinero a otros legisladores, como el senador por Iriondo Hugo Rassetto, al que también le entregó a través de un intermediario 50.000 dólares.
Luego de que el juez Rafael Coria admitiera a Peiti como “arrepentido” la declaración que realizó es avalada como prueba, por lo que se complica el futuro judicial de Traferri, quien hace dos semanas denunció a los fiscales que lo investigan Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, un hecho que provocó el repudio de la Asociación de Procuradores y Fiscales de todo el país.
Los fiscales había pedido en diciembre pasado el desafuero del senador peronista, un hombre fuerte en el departamento San Lorenzo, pero sus pares radicales y del PJ rechazaron la solicitud porque consideraron que faltaban pruebas más contundentes. Tras la revelación de la declaración del empresario que pagó los sobornos esas evidencias afloran con mayor fuerza. Sin embargo, los fiscales no pueden imputar a Traferri, porque sigue refugiándose en los fueros parlamentarios.
Este nuevo escándalo asoma luego de otro episodio que generó una fuerte repercusión, como fueron los allanamientos que realizaron dos fiscales de Santa Fe a oficinas del Ministerio de Seguridad, por supuesto espionaje ilegal. Esta causa apunta contra el exministro de Seguridad Marcelo Saín, a quien sectores de la oposición acusan de haber realizado tareas de inteligencia ilegal contra periodistas, empresarios y dirigentes políticos. Hasta ahora los fiscales no revelaron una evaluación de las evidencias que recolectaron en las oficinas del área de Seguridad. Antes de estos allanamientos habían renunciado 12 funcionarios de la gestión de Saín.
El gobernador Omar Perotti se reunió ayer durante cinco horas con todo el arco político de la oposición, que pareció bajar un cambio en las acusaciones por supuesto espionaje ilegal. El gobernador quedó envuelto en medio de una aguda crisis en materia de seguridad, que se sumaron ahora estos escándalos. Perotti está enfrentado a Traferri desde el inicio de su gestión. El senador es uno de los que acusó a Saín de “haber montado una SIDE en Santa Fe”. Estas acusaciones las realizó cuando avanzaba la investigación en su contra que este jueves terminó con el aval de la justicia a las revelaciones del empresario del juego que admitió que pagó sobornos para la campaña política del senador.
Según pudo averiguar LA NACION, Peiti desgranó de manera puntillosa cómo fue la estrategia que montó y con quiénes hizo “acuerdos” para lograr un escudo judicial que no lo complicara en su anhelo por quedarse con el juego online legal. En todo ese recorrido intervinieron personajes emblemáticos de la política, como ya se fue reconstruyendo en la causa.
La primera declaración que hizo Peiti en la causa en julio del año pasado fue lapidaria para los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, que terminaron detenidos, luego de que los funcionarios a cargo de la Unidad de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery corroboraron sus dichos y las reuniones y contactos que había mantenido con los imputados, a los que acusó de recibir sobornos.
El 31 de julio fue aprehendido Ponce Asahad y el 11 de agosto Serjal. El primero fue destituido por la Legislatura y el segundo renunció antes de ser separado de su cargo.
La causa siguió con otras revelaciones sorprendentes. Ponce Asahad complicó al senador Armando Traferri en diciembre pasado, cuando reveló en su declaración que duró más de dos horas detalles de las reuniones que había mantenido con el senador.
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