Un duro informe de la unidad antilavado alertó sobre el origen y el crecimiento exponencial de la fortuna del “Señor del Tabaco”

La unidad antilavado (UIF) alertó a la Justicia federal que la fortuna que acumuló Pablo Marcelo Otero, “el Señor del Tabaco”, no sólo proviene de la evasión recurrente y sistemática de impuestos que se prolongó durante años, sino que además resulta sospechosa. Más aún, reportó que su origen sería ilícito y expuso sus vínculos con un clan criminal, según surge de una copia de ese informe reservado que llegó a los tribunales de Bahía Blanca y obtuvo LA NACION.

El informe detalla la evolución exponencial del patrimonio de Otero durante los últimos quince años, período en el que se benefició de dos blanqueos que lanzaron gobiernos de distinto signo político. El “Señor del Tabaco” se acogió primero al blanqueo que impulsó Cristina Fernández de Kirchner en 2013 y, apenas tres años después, aprovechó el régimen de exteriorización de capitales que promovió Mauricio Macri.

Para la UIF, tanto la expansión patrimonial de Otero, como sus movimientos financieros y su red de relaciones, resultaron cuanto menos sospechosas. “Dada la magnitud de los fondos exteriorizados (en relación a los declarados), no se puede presumir en esta instancia que los mismos tengan origen en una fuente lícita”, alertó.

El reporte de la Unidad de Información Financiera (UIF) se remitió a los tribunales federales de Bahía Blanca, donde tramitan investigaciones sobre Juan Suris, el exsocio de Leonardo Fariña que afronta una condena a ocho años de prisión por narcotráfico y facturas truchas, y sobre el “clan Pipkin”. Es decir, el otrora automovilista Juan Pipkin, su padre Walter, su madre Rosana Di Meglio, y su novia Guadalupe Saldungaray, entre otros.

Acusados de integrar una presunta asociación ilícita fiscal, contrabandear mercadería desde Estados Unidos y orquestar una insolvencia fiscal fraudulenta, entre otros delitos, los Pipkin mantenían una relación estrechísima con el “Señor del Tabaco”, según detectaron los expertos antilavado de la UIF, que se suman a otros puntos de contacto que reconstruyó LA NACION.

Los vínculos entre Otero y los Pipkin datan de muchos años atrás. De hecho, cuando Otero despuntaba el vicio “fierrero” y comenzaba a pisar fuerte en el sector tabacalero, le tendió una mano a los Pipkin para sortear al menos uno de sus muchos problemas en los tribunales. La ayuda que les brindó, sin embargo, colocó el foco sobre él.

Esos vínculos se evidenciaron en marzo de 2017, cuando Walter Pipkin buscó cerrar uno de los frentes judiciales. Se presentó en una sucursal del Banco Provincia con más de $4,1 millones en efectivo –cerca de 265.000 dólares al tipo de cambio oficial entonces vigente–, y utilizó ese dinero para cancelar una deuda impositiva que amenazaba con ponerlo contra las cuerdas.

Al depositar ese dinero, Pipkin debió explicar el origen de esos fondos y afirmó que Otero se los había prestado, tres días antes. Pero la respuesta generó un efecto dominó, porque los investigadores pusieron la lupa sobre el patrimonio de Otero, un empresario por entonces poco conocido que compartía carreras –y competía– con Juan Pipkin. Tanto en los circuitos del Turismo Nacional –Otero con un Renault Megane II; Pipkin con un Chevrolet Cruze–, como en el circuito internacional de la Porsche Supercup, donde compartieron el equipo “MRS GT Racing”.

¿Qué encontraron los expertos de la UIF al concentrarse en Otero? Corroboraron que todo su patrimonio ascendía en 2013 a 4,1 millones –cerca de 630.000 dólares al tipo de cambio oficial vigente al 31 de diciembre de ese año–, pero que logró multiplicarlo 37 veces en apenas tres años. En 2016 trepó a los $153,7 millones –casi 9,7 millones de dólares al tipo de cambio oficial vigente a fines de ese año–; es decir, quince veces más, en un trienio, en dólares.

Ese incremento superlativo, informó la UIF a la Justicia federal de Bahía Blanca, está “explicado casi en su totalidad a través de la exteriorización de fondos, tanto de la ley 26.860 [por el blanqueo de 2013 que impulsó el kirchnerismo], como de la ley 27.260″, precisó, en alusión al “sinceramiento fiscal” que promovió Juntos por el Cambio.

El dato central del informe de la UIF sobre Otero llegó a continuación. “Dada la magnitud de los fondos exteriorizados (en relación a los declarados), no se puede presumir en esta instancia que los mismos tengan origen en una fuente lícita”, remarcó, por lo que dejó abierta la puerta a las hipótesis de la evasión tributaria, el contrabando y otros delitos aún más graves.

Consultado por LA NACION, Otero respondió a través de un correo electrónico. Esta fue su respuesta: “Hasta el año 2018 he tenido una relación amistosa con Juan Pikpin y sus padres, en cuyo marco los invitara algunas veces a navegar en un barco que tengo en San Fernando. Esa relación llegó a su fin por cuestiones ajenas a las causas penales en las que seguramente se pretende involucrarme. Desde ya, no he proporcionado cobijo a nadie prófugo ni con causas judiciales”, indicó.

“No creo recordar haberme acogido a un régimen de regularización fiscal. No tengo presente todo acerca de temas contables; de todas formas, entiendo se trata de información sensible que se encuentra amparada por el secreto fiscal y cuya divulgación comprometería mi derecho a la privacidad, con el consiguiente riesgo sobre la seguridad mía y, especialmente de mi familia”, completó.

Miami, arresto y sospechas de lavado

El vínculo entre Otero y los Pipkin fue más allá de las fronteras argentinas. Cuando los Pipkin se instalaron en Miami en busca de nuevas oportunidades, el “Señor del Tabaco” volvió a tenderles una mano. Cuentan los memoriosos que, incluso, llegó a alojarlos en su yate durante un tiempo, hasta que pudieron hacer pie.

Para entonces, los Pipkin arrastraban todo tipo de contratiempos judiciales. En 2011, se abrió en Bahía Blanca una causa penal en la que Juan Pipkin y su novia Saldugangaray quedaron involucrados como parte de una presunta asociación ilícita fiscal que, bajo el liderazgo de Juan Suris, emitía facturas apócrifas para facilitar la evasión tributaria. Un año después, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) también denunció a sus padres por insolvencia fiscal fraudulenta, acusación que lograron cerrar en 2022, ya en instancia oral, gracias a otro blanqueo y regularización de deudas, el que impulsó Alberto Fernández en 2020.

Pero los problemas de los Pipkin no se agotaron allí. En 2014, el juez federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez procesó a Juan por su rol en la usina de facturas truchas. Y en 2018, el juez federal Federico Villena lo detuvo junto a dos aduaneros y a otros nueve acusados de contrabando de mercaderías a través del Aeropuerto de Ezeiza.

Otero registró sus propias turbulencias. Tabacalera Sarandí figura entre las empresas que aparecen en la megacausa “Di Biase” de facturas truchas que se inició en 2005, mientras que la AFIP incluyó a esa firma, en 2014, en el listado de empresas que recurrieron a la facturación apócrifa para evadir impuestos. Y luego vendría el ida y vuelta con el organismo tributario por el impuesto interno mínimo a los cigarrillos. La AFIP le reclama que lo pague como el resto de los sujetos obligados; Otero argumenta que no debe pagarlo porque sería “injusto” frente a la capacidad económica de Massalin Particulares (Phillip Morris) y British American Tobacco (BAT), y desde 2018 se apoya en una medida cautelar que le otorgó la Justicia para no abonarlo.

Los pesos que el emporio Otero no abona a las arcas públicas conllevan menos dinero que se gira a ocho provincias; entre ellas, Salta. El gobernador, Gustavo Sáenz, estimó que Otero “le debe al fisco más de 2000 millones de dólares”, pero el gobierno de Javier Milei retiró un artículo del proyecto de ley ómnibus que impondría que todos los jugadores del sector tabacalero paguen los mismos impuestos.

En el correo electrónico que Otero envió ante la consulta de LA NACION, rechazó esos y otros planteos, y criticó la cobertura informativa. “Estoy siendo víctima del fusilamiento mediático de parte de los medios de prensa hegemónicos (Clarín y LA NACION, especialmente) con puras inexactitudes, mentiras e historias mal contadas”, afirmó. “En su afán por ensuciarme, dichos medios sólo han faltado a la verdad y operado como mensajeros de Massalín y BAT, defendiendo sus intereses, y con el único propósito de generar difamación, desgracia personal, tragedia familiar o cualquier situación que ayude a mi desaparición del mercado y condicionar a los tomadores de decisiones. A tal fin, han ocultado la verdad del mercado tabacalero que se esconde detrás de este escrache mediático, la cual el lector interesado podrá encontrar en el sitio web oficial de la empresa (https://www.tabacalerasarandi.com.ar)”.

El informe de la UIF, en tanto, avanzó también sobre la relación de Otero con el “clan Pipkin”. Planteó que aquel préstamo de $4,1 millones a Walter Pipkin “no tendría razonabilidad económica, no pudiendo descartarse que sea una operación armada, más aun considerando el presunto vínculo entre su hijo, Juan Pipkin, y Pablo Otero, en donde bajo la forma de un ‘préstamo’ se hayan introducido fondos propios del señor Walter Pipkin de origen desconocido”, planteó. “En cualquiera de ambas hipótesis (ya sea que el dinero haya sido efectivamente aportado por el señor Otero o que sean fonos propios del señor Walter Pípkin de origen desconocido), se considera a la operación de préstamo sospechosa en los términos de la ley 25.246 y modificatorias”. Es decir, por la ley que penaliza el lavado de activos.

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