Un diputado oficialista presentó un proyecto de ley para hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus
La iniciativa es de Juan Carlos Alderete, que pidió incorporar la dosis al Calendario Nacional de Vacunación para los mayores de 18 años y para los menores con comorbilidades
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Delfina Celichini
El diputado nacional Juan Carlos Alderete (Frente de Todos) presentó el viernes pasado en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que prevé la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus para todas las personas mayores de 18 años y los menores con comorbilidades. Pidió que la dosis se incorpore al Calendario Nacional de Vacunación.
La iniciativa, promovida por Alderete, referente social de la Corriente Clasista y Combativa, contempla, además, la obligatoriedad de inoculación para “los niños y las niñas de entre 3 y 17 años que presenten comorbilidades y/o enfermedades de riesgo debidamente certificadas por personal médico”.
En su artículo tercero, el texto determina la posibilidad de la vacunación sin una consulta médica previa. “La administración de las dosis de la vacuna contra el SARS CoV-2 establecida en los artículos precedentes no requerirá la presentación de una orden médica”, declara.
Alderete presentó el proyecto de ley de modo propio, sin el aval del presidente Alberto Fernández. “No pude hablar con nadie del Gobierno todavía”, dijo a LA NACION.
Entre sus fundamentos, el proyecto establece que “la pandemia no ha terminado” y que “nos encontramos actualmente en un estado de emergencia sanitaria, la aparición de la nueva cepa variante Ómicron que en pocos días ha aumentado a nivel mundial de manera exponencial debido a su gran contagiosidad, ya se refleja claramente en nuestro país, superando los cien mil casos confirmados por día”.
La argumentación en los considerandos concluye citando el “derecho a la vida” y el “derecho a gozar de la buena salud” para pedir a las y los legisladores de la Cámara baja que acompañen la iniciativa. “A los fines de garantizar el derecho a la vida y el derecho a gozar de buena salud, derechos humanos básicos e inalienables, consagrados tanto en nuestra Constitución Nacional como en múltiples Tratados Internacionales, con el fin de salvaguardar las vidas de todas las personas habitantes de nuestra querida Argentina, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley”, finaliza.
Fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, por su parte, desconocen el proyecto del legislador Alderete e informaron a LA NACION que la iniciativa que se respaldó de manera oficial fue la que presentó el diputado Pablo Yedlin (Frente de Todos), que dice que las vacunas del calendario son gratuitas y obligatorias y la forma de introducirlas en el Calendario Nacional de Vacunación es a través de una resolución ministerial con la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain). Es decir, que resta de una definición de la ministra del área, Carla Vizzotti.
Desde Presidencia, la oficina de la portavoz, a cargo de Gabriela Cerruti, aclara que “es un proyecto de un diputado o grupo de diputados y no del bloque. No representa la postura del oficialismo en este momento. Por supuesto cada diputado puede llevar adelante las iniciativas que crea convenientes, pero no es ni del bloque en su conjunto ni del gobierno”.
Opiniones diversas
El proyecto promete manifestaciones muy diversas dentro del arco político, dentro del cual, muchos ya se han manifestado en contra de la obligatoriedad en la inoculación luego de la implementación del Pase Sanitario en diferentes provincias de la Argentina.
Tal fue el caso del diputado nacional del partido Libertad Avanza, Javier Milei, muy crítico de la restricción de circulación de las personas que no quieran completar el esquema de vacunación contra el coronavirus. “Estoy en contra de que la vacunación sea obligatoria porque cada ciudadano debe elegir cómo y de qué manera cuidarse. La vacunación no debe ser compulsiva. ¿Por qué el Estado me va a obligar a vacunarme?”, dijo el legislador por la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, el exsecretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein se mostró con reparos al opinar sobre la inoculación compulsiva: “Tengo mis dudas sobre vacunación obligatoria. Creo que para que una vacunación sea obligatoria tiene que pasar por los tamices de las entidades regulatorias, y no por una aprobación de emergencia”, argumentó.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en tanto, no descarta la posibilidad de que los países adopten un esquema de vacunación obligatorio. Sin embargo, en el documento de su autoría, titulado “La COVID-19 y la vacunación obligatoria: consideraciones y reservas de índole ética”, publicado el 13 de abril pasado, advierte que esta medida debe ser considerada únicamente para el “logro de una meta importante de salud pública” y debe evitarse si esa meta pudiese alcanzarse “con intervenciones de política menos coercitivas o intrusivas (por ejemplo, por medio de la educación pública)”.
Así, el organismo internacional agrega que “no se justificaría un mandato desde el punto de vista ético, porque el logro de metas de salud pública con menos restricciones de la libertad y la autonomía individuales representan una relación más favorable entre el riesgo y el beneficio”.
Por Delfina Celichini
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