Un diputado aliado a Javier Milei propone reducir de siete a cinco el número de jueces de la Corte bonaerense
El máximo tribunal provincial tiene solo tres jueces y cuatro cargos vacantes, después de la dimisión para jubilarse de Luis Genoud, la semana pasada
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![Los tres ministros de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires: Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria, con los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación](https://www.lanacion.com.ar/resizer/v2/los-tres-ministros-de-la-suprema-corte-de-la-2BQ27UYG7BAGZL6HTA6OYI72GQ.jpg?auth=4c92de2853c8910c421ec0bf2714fb2aad5ea937da7d15c952666b553188c348&width=420&height=280&quality=70&smart=true)
LA PLATA.- Tras la renuncia de Luis Genoud a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se abrió un debate en la Legislatura bonaerense. Está en juego la cobertura de cuatro vacantes del máximo tribunal provincial, pero se planteó además la posibilidad de reducir de siete a cinco el número de ministros que lo integran.
Hoy, la Corte de la provincia sólo tiene tres jueces en actividad: Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria, y hay cuatro vacantes por cubrir. Pero a falta de acuerdo, el diputado Guillermo Castello propuso reducir la cantidad de integrantes del tribunal, para equipararlo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, por ley, debe tener cinco miembros.
Castello (Libres) integra uno de los cuatro bloques referenciados en Diputados con el presidente Javier Milei y La Libertad Avanza. Es un histórico de la propuesta que llevó al poder al Presidente.
Su proyecto no sólo supone achicar la Suprema Corte provincial. También, dar mayor transparencia y participación ciudadana a las designaciones que hoy se hacen a propuesta del Poder Ejecutivo en el Senado de la provincia de Buenos Aires.
![Luis Genoud](https://resizer.glanacion.com/resizer/v2/luis-N5JYVLMGLZFGJAD7MPVF5YWUTY.jpg?auth=cb46569c26c59c2388db989bbfe28f93cc4b3649548dd52ebc10cf455f659974&width=420&height=280&quality=70&smart=true)
El proyecto introduce “exigencias precisas en los antecedentes que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado debe requerir a los postulantes, detallando los aspectos patrimoniales –para lo cual se siguieron los lineamientos de la ley nacional de Ética en la Función Pública, Nº 25.188- e información sobre clientes, parientes y compromisos que pudieran generar conflictos de intereses”.
Toda esta información la deberá aportar el postulante –en caso de aprobarse el cambio en la ley vigente- antes de una audiencia pública de la que deberá participar el candidato, como instancia previa a la presentación del acuerdo.
Además, el proyecto de ley prevé la posibilidad de iniciar el proceso de designación sin esperar que se produzca la vacante, siempre que exista una fecha cierta en la que se producirá la misma, como suele ocurrir con las renuncias diferidas o las jubilaciones en trámite. Eso permitiría acelerar el reemplazo y reducir el tiempo de vacancia del cargo. En el mismo sentido, a nivel nacional, Mieli modificó el decreto que establece cómo se nombra a los jueces de la Corte para poder empezar el trámite de reemplazo de Juan Carlos Maqueda, que en diciembre cumple 75 años, edad en la que vence su mandato.
Los cambios buscan, según Castello, darle mayor transparencia al proceso.
![Firma de acuerdo entre la Corte Suprema de Nación y la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.](https://resizer.glanacion.com/resizer/v2/firma-de-acuerdo-entre-la-corte-suprema-de-nacion-2V4M3VKDIJBPBHI3FAUV25DDCU.jpg?auth=69e99edf4b888310f930296a9e84513d78e164f885eb0af6258eb00c46cee001&width=420&height=274&quality=70&smart=true)
“Es público y notorio que la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación está revestida de una mayor publicidad y transparencia merced al procedimiento establecido en el decreto nacional Nº 222 del año 2003″, destacó el diputado.
“Los procesos de publicidad y transparencia que ya existen a nivel nacional deben complementarse con la ley provincial Nº 14.442, que establece mecanismos de publicidad de antecedentes y de presentación de observaciones cuando se trata de la designación del Procurador o Subprocurador General ante la Suprema Corte de Justicia”, manifestó.
Y señaló: “La ausencia de un mecanismo jurídico similar para la designación de jueces de la Suprema Corte de Justicia resulta muy notoria, constituye un déficit constitucional y obliga a presentar una propuesta legislativa en tal sentido”.
Según el diputado, tras la renuncia de Genoud “la casta ya se está repartiendo cargos en la Corte”. No hay aún pliegos presentados para acuerdo por Axel Kicillof en el Senado. Pero allí, ante la paridad de fuerzas entre oficialismo y oposición, la negociación será imprescindible: Unión por la Patria, con 21 senadores, está muy lejos de poder votar a libro cerrado. La primera posibilidad de acuerdo es con los ocho senadores de UCR-Cambio Federal ya que uno de los nombres de candidatos que circulan en el de la esposa de Maximiliano Abad: Marina Sánchez Herrero. Este nombre, no obstante, habría perdido fuerza en los últimos tiempos, luego del escándalo por las designaciones de personal en el Legislatura.
Pero también deberá negociar con los once senadores de Pro y con los tres bloques libertarios que suman cinco senadores, más un bloque unipersonal de Derecha Popular.
Los nombres para los eventuales sucesores de Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lázzari y Héctor Negri son mayoritariamente de mujeres e incluyen a la camarista Ana María Bourimborde, de amplio prestigio en esta capital y ligada en sus inicios al exsenador Carlos Martínez (PJ), y a la abogada especialista en derecho civil Marisa Herrera, que también había sonado como posible candidata de Alberto Fernández a la Corte nacional.
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