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Un conflicto de poderes por una cuestión personal

Cristina está políticamente débil, judicialmente cercada y, encima, las encuestas señalan que el rechazo social hacia ella llegó a una cima desconocida hasta ahora

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LA NACIONJoaquín Morales Solá
Cristina Kirchner
Cristina KirchnerAlfredo Sábat

“La situación judicial de Cristina Kirchner es, en términos médicos, el de una enferma terminal. Y ella lo sabe”. La descripción de la fragilidad judicial de la vicepresidenta corresponde a un juez de instancias intermedias que conoce casi todas las causas que persiguen penalmente a la jefa de la coalición peronista gobernante. En lugar de buscar un tratamiento que le extienda el tiempo que le queda y le mejore la calidad de vida (esto es: encontrar una buena defensa y tratar de no agredir al médico), Cristina Kirchner descerrajó un serio conflicto de poderes con acusaciones falsas y manipulaciones de la historia. Una grave colisión entre la cabeza del Poder Legislativo, que es ella, y la del Poder Judicial, que es la Corte Suprema. Nunca antes el país había vivido semejante conflicto instigado solo por los intereses personales de un importante miembro de la jerarquía política. Ella sabe que está acorralada, sobre todo después de que la Corte Suprema rechazara una serie de apelaciones suyas sobre la causa de Vialidad (el direccionamiento de la obra pública hacia Lázaro Báez, el amigo de los Kirchner). Es la causa más avanzada sobre supuestos actos corruptos de la poderosa familia política, que se está ventilando en un juicio oral y público. El fiscal Diego Luciani pidió nueve días para su alegato, que se realizará a principios de agosto. Luciani es un fiscal honesto e independiente. Luego, sucederá la resolución del tribunal oral. Aunque nadie sabe en qué consistirá esa decisión, la enormidad de las pruebas y los testimonios hacen imprevisible una declaración de inocencia de Cristina Kirchner.

Para peor, este martes se le sumó a la diatriba vicepresidencial contra la Corte Suprema la afrenta del propio Presidente a ese máximo tribunal y a la Justicia en general. Alberto Fernández llegó a asegurar que está en crisis la “idoneidad moral” de los jueces del tribunal oral que juzgan ahora a Cristina por la causa de Vialidad. ¿Por qué? Porque ella dijo “que la condena ya está firmada”. Es decir que la sola acusación de Cristina Kirchner contra el tribunal le quita a este la necesaria autoridad moral, según la alucinada deducción del Presidente. El viejo profesor de la Facultad de Derecho olvidó no solo la Constitución, sino los más elementales manuales de derecho penal. Es otro intento vano de Alberto Fernández de congraciarse con la hostil vicepresidenta, con la que estableció una tregua frágil y breve. El objetivo es muy pobre para, al menos, explicar que salte por encima de las leyes y quiebre el respeto institucional a otro poder del Estado. El conflicto de poderes extendió, así, su peligrosa mancha, porque ahora cubre a los tres poderes del Estado. O, para ser precisos, a dos poderes (el Legislativo y el Ejecutivo) contra el tercer poder, el Judicial, que permanece inmutable, callado y aparentemente impermeable a las agresiones. Es cierto que en la Corte Suprema hay un solo juez de turno (el presidente del tribunal, Horacio Rosatti) porque los otros tres están de vacaciones por el receso judicial de invierno. Sin embargo, es improbable, si no imposible, que alguno de esos tres jueces se pronuncie sobre el arrebato de la vicepresidenta.

Cristina Kirchner acusó a los jueces Rosatti y Carlos Ronsenkrantz de haber sido designados por decreto por el entonces presidente Mauricio Macri. Eso fue así y la decisión de Macri fue seriamente criticada, hasta por muchos de sus aliados en el entonces Cambiemos. Designaciones en tales condiciones solo se justificarían en casos de extrema urgencia y gravedad. No los había. Pero ni Rosatti ni Rosenkrantz aceptaron asumir sus cargos en la Corte hasta no tener el acuerdo del Senado, que es el requisito clave para la legalidad y la legitimidad de un juez del máximo tribunal. Los dos recibieron el acuerdo con el voto de los dos tercios del Senado. De hecho, ambos asumieron más de seis meses después de haber sido nombrados. Esperaron la opinión del Senado. Aferrarse a esa chicana de tan baja calidad es una prueba más de la desesperación de la vicepresidenta.

El clima contra la Corte Suprema no cambió el lunes con la furia de Cristina Kirchner, sino tres días antes, el viernes. El Consejo de la Magistratura, presidido por Rosatti, estaba terminando una sesión en la que se habían votado ternas de jueces, luego de un acuerdo entre oficialistas y opositores, cuando el sector camporista de la institución hizo una larga manifestación crítica contra la Corte, casi en los mismos términos que la vicepresidenta pocos días después. La ofensiva estuvo a cargo de los senadores Mariano Recalde y Claudio Doñate y de la diputada Vanesa Siley. La crítica se centró en las recientes decisiones de la Corte. Rosatti, que también preside la Corte, respondió con una frase corta, seca: “Estoy orgulloso de las decisiones de la Corte”. Punto. Fue la escaramuza que precedió a la guerra declarada el lunes por Cristina Kirchner y profundizada ayer por Alberto Fernández. A todo esto, el sábado hubo actos de sectores kirchneristas en Rosario contra Rosatti, que es de Santa Fe. La jefa declara la guerra cuando ya se han producido pequeñas e inútiles batallas por parte de sus fanáticos seguidores. Es el método.

En su diatriba, Cristina Kirchner distorsionó la historia. Contó que su marido, en 2003, tumbó a toda la Corte menemista cuando solo tenía el 22 por ciento de los votos, y que ella no puede hacer nada con el 48 por ciento que sacó en 2019. No es cierto. Néstor Kirchner era entonces un disciplinado aliado de Eduardo Duhalde (lo fue hasta las elecciones de 2005) y juntos tenían la mayoría en las dos cámaras del Congreso. Podía amenazar con un juicio político. Cristina Kirchner no tiene ahora ni siquiera la mayoría simple en ninguna de las dos cámaras. El conflicto de poderes de Néstor Kirchner con la Corte Suprema se produjo cuando el entonces presidente se enteró de que el máximo tribunal estaba a punto de declarar inconstitucional la pesificación de la economía. Era un problema institucional y económico grave. Se puede estar de acuerdo con unos u otros, pero era un conflicto político de envergadura, no una mísera cuestión personal. El conflicto actual de Cristina Kirchner con la Corte no es por su condición de vicepresidenta o de jefa de la coalición gobernante; se enoja como encartada en varias causas por presunta corrupción durante los anteriores doce años del kirchnerismo. Es un problema puramente personal.

Ahora bien, ni los jueces supremos renunciarán por los berrinches de la vicepresidenta ni ella tiene los números suficientes como para amagar con el juicio político a esos magistrados. Entonces, ¿qué busca? Está esperando que alguno (o algunos) de los jueces de la Corte le responda para recusarlo de inmediato, antes de que resuelva cuestiones que la complican. Ya hizo lo mismo con el fallecido juez Claudio Bonadio, a quien el kirchnerismo acusó falsamente a él y su familia de cosas que ni merecen recordarse. Bonadio nunca le contestó, porque sabía que Cristina estaba esperando esa respuesta para recusarlo. La misma táctica está usando con los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que deben resolver si irá finalmente a juicio oral y público la causa de Hotesur y Los Sauces por lavado de dinero. Un tribunal oral la sobreseyó en esa causa antes de que se realice el juicio; fue la primera vez que un argentino (argentina, en este caso) fue sobreseído sin juicio previo. Barroetaveña y Petrone deben decidir ahora si habrá juicio o si quedará firme el inverosímil sobreseimiento. La vicepresidenta los zamarrea siempre que puede, y puede siempre.

En otra parte del improperio de Cristina contra la Corte se ocupó del juez de ese máximo tribunal Juan Carlos Maqueda, el decano de los magistrados supremos. Llama la atención la falta de sensibilidad humana de la vicepresidenta; ella fue compañera de Maqueda en la Cámara de Diputados y en el Senado, cuando ambos eran legisladores. No le quedó nada de los tiempos compartidos en un mismo lugar. El fiscal Carlos Stornelli, a quien también ofendió, investigó durante ocho meses una causa sobre la obra social de los judiciales, que supuestamente complicaba a Maqueda. Eso es lo que ella recordó. Stornelli no encontró nada y, además, el denunciante se negó a ratificar la denuncia. El reconocido fiscal pidió el archivo de la causa, pero el juez Ariel Lijo, de vieja relación con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, que se encuentra ahora en minoría en el cuerpo, decidió dejar abierto el caso. En rigor, esa causa interpela, si es que interpela a alguien, a todos los jueces de la Corte. Las decisiones importantes sobre la obra social la firmaron los cuatro jueces de la Corte (Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti). Es mejor regresar a Stornelli: en su investigación no encontró nada y no lo conoce a Maqueda ni a ningún otro juez de la Corte, salvo a Lorenzetti, con quien estuvo una sola vez en un encuentro social. Maqueda tiene 40 años de vida política y judicial y nunca nadie dudó de su honorabilidad. Es claramente una operación kirchnerista para desprestigiar a ese juez o a todos los jueces de la Corte. Por eso, la jefa de prensa de Lorenzetti, María Bourdin, debería cesar su gestión tuitera contra los tres jueces que integran la actual mayoría de la Corte Suprema (Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda). La ofensiva de la vicepresidenta incluye también a su jefe, a quien nunca le perdonará que haya contribuido en 2013 a declarar inconstitucional su proyecto de “democratización de la Justicia”, que no era otra cosa que la kirchnerización de la Justicia.

Cristina Kirchner tiene las condiciones de un enfermo terminal en la Justicia. Esa es la verdad que ella conoce mejor que nadie. Hace poco, el juez de la Cámara Federal Mariano Llorens propuso en un escrito que las cuatro grandes causas que investigan la corrupción en la anterior era kirchnerista fueran “analizadas en un todo”. Se refería a las causas conocidas como “la ruta del dinero K”, la de Vialidad, la de Hotesur y Los Sauces y la de los cuadernos. Llorens argumentó que todas ellas “forman parte de una misma empresa criminal”. Lo que Llorens propuso, sin decirlo, es un megajuicio oral y público con las principales causas sobre la corrupción kirchnerista. Tiene razón. Todas están vinculadas.

Cristina está políticamente débil, judicialmente cercada y, encima, las encuestas señalan que el rechazo social hacia ella llegó a una cima desconocida hasta ahora. Es el paisaje que sirve de campo de batalla para una increíble colisión de poderes, espoleada solo por el interés particular de una persona que no tiene límites ni medidas, y a la que el horizonte de su último destino político se le acerca dramáticamente.

Por Joaquín Morales Solá
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