Un camarista instó a investigar de manera conjunta las causas de corrupción contra Cristina Kirchner

El juez de la Cámara Federal Mariano Llorens instó a investigar de manera “conglobada” las causas contra Cistina Kirchner. Esto es, a considerar “distintos tramos de conducta asociados a un único designio criminal” en su conjunto, conjugando los avances de las causas “la ruta del dinero K”, Vialidad –por la obra pública direccionada en favor de Lázaro Báez–, Hotesur y Los Sauces –por lavado de dinero– y los cuadernos de las coimas, por el pago de sobornos.

Así lo escribió el camarista en el fallo en que junto a su colega Eduardo Farah dio por desistido el recurso de apelación que había presentado y luego retirado el abogado de la vicepresidenta, Alberto Beraldi, contra la decisión del juez federal Sebastián Casanello de rechazar el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de “la ruta del dinero K”.

En la parte principal de este expediente, Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión, junto a sus hijos, su contador su abogado y el arrepentido Leonardo Fariña, por lavar dinero de la corrupción en la obra pública y de la evasión fiscal con facturas truchas.

Una parte residual de esa causa quedó en el juzgado de Casanello. Allí, el fiscal Guillermo Marijuan imputó a Cristina Kirchner para que se la investigue con relación a la fortuna de Báez. A instancias de la Cámara Federal, el juez Casanelo indagó a la vicepresidenta y dispuso que no había suficientes elementos para procesarla ni tampoco para sobreseerla.

Casanello dispuso una serie de medidas de prueba adicionales, como las declaraciones testimoniales de empleados y gerentes del Banco de Santa Cruz, que trabajaron con Lázaro Báez antes de que se convirtiera velozmente en un megacontratista de la obra pública, a partir de 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Presidencia. También hay un entrecruzamiento de llamadas en curso sobre los teléfonos cercanos a Cristina Kirchner y Báez.

Cristina Kirchner había pedido su sobreseimiento en esta causa hace tres semanas. Los dos organismos querellantes, la UIF y la AFIP, respondieron al juez que no debían continuar las medidas de prueba ni ordenarse nuevas para resolver su situación. El fiscal Marijuan, en cambio, se opuso al sobreseimiento de Cristina Kirchner, y a partir de su dictamen, la vicepresidenta volvió a insistir con ser sobreseída, mediante otro escrito el que consideró que se llevaba adelante una “grosera excursión de pesca”.

Casanello rechazó el pedido de Cristina Kirchner para ser sobreseída. Había considerado que la línea de investigación no estaba agotada y que todavía había medidas en curso que deben ser terminadas para resolver.

En la causa principal, Báez fue condenado junto con sus hijos por lavado de dinero. La hipótesis de la fiscalía es que Cristina Kirchner está relacionada con esa fortuna y debe ser investigada a partir de expresiones del arrepentido Fariña. Casanello indagó a Cristina Kirchner y dispuso que no había mérito para procesarla ni sobreseerla.

Tras ese fallo de Casanello contra el sobreseimiento, Beraldi apeló a la Cámara Federal, que preparaba una dura sentencia con los votos de Llorens y Bertuzzi –que había sido convocado a desempatar–, ya que Farah apoyaba el sobreseimiento. En ese escenario, la defensa de Cristina Kirchner prefirió desistir del recurso y evitó el costo de una sentencia adversa.

A pesar de ello, Llorens dijo lo que pensaba en su resolución de hoy. Dio por desistido el recurso y escribió que “corresponde –de manera urgente– que el juez reasuma la instrucción –en este aletargado proceso– para resolver la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner en lo inmediato”.

Y dijo que se deberá analizar “la prueba contenida en la presente, la sugerida por el Ministerio Público Fiscal, como así también toda aquella agregada en los expedientes vinculados de manera conglobada recordando que se trata de distintos tramos de conducta asociados a un único designio criminal, como ya fuera expresado reiteradamente en los precedentes citados”.

Dijo Llorens que eso es así para “materializar el derecho de defensa que tiene la imputada [para] que su situación sea resuelta en el más breve plazo previsto por la ley y de esa manera resguardar la garantía del debido proceso”.

El juez Llorens viene sosteniendo esta idea de que las causas contra la vicepresidenta forman parte de “una misma empresa criminal” y que deben ser investigadas todas teniendo en cuenta los elementos de los expedientes que se tramitan por separado en diferentes juzgados y tribunales orales.

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