Un año y medio después: piqueteros oficialistas arman una marcha masiva a favor del Gobierno
Se realizará un mes antes de las Paso y los principales reclamos se centrarán en un salario universal y en un programa “Potenciar Salud”; “será una convocatoria grande”, advierten pese a las restricciones
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Corría febrero de 2020, y los piqueteros oficialistas -nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)- colmaban las calles del centro porteño, en la primera manifestación de respaldo al gobierno de Alberto Fernández. La premisa era repudiar la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI). Un mes después, le brindaron su apoyo al primer mandatario, en el inicio de las sesiones legislativas.
En ese momento, los principales dirigentes piqueteros no imaginaban que iban a estar un año y medio sin movilizarse, luego de haberle hecho 380 marchas a la administración de Mauricio Macri. Con representantes de sus filas integrados en secretarías claves del Ministerio de Desarrollo Social, se retiraron de las calles porteñas para acatar las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19; en contraposición con los movimientos de izquierda, que no cesaron en reclamos multitudinarios y reiterados.
Ante el avance del plan de vacunación, la CTEP, Barrios de Pie-Somos, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) están listos para volver a la calle. De acuerdo a lo que anticiparon a LA NACION desde la conducción de los tres frentes, tienen pensado hacerlo este 7 de agosto, para San Cayetano, en una movilización masiva desde Liniers hasta la Plaza de Mayo. Allí plantearán su agenda para el año electoral. La fecha es fundacional para ellos, ya que ese mismo día, pero en 2016, marcharon juntos por primera vez. Todo se supedita a que no se desate una nueva ola de coronavirus.
“Estamos en un contexto que va permitir la movilización, la comisión directiva de la UTEP lo resolvió, hubo acuerdo, y se le informó a las delegaciones”, anticipó a LA NACION el secretario gremial de la UTEP, Gildo Onorato. Ante la posibilidad de que el Gobierno vea con malos ojos esta concentración, el dirigente del riñón del Movimiento Evita alegó: “El 7 de agosto es nuestra fecha, con nuestra agenda, y no le tenemos que pedir permiso al gobierno nacional”.
Mientras que fuentes cercanas al líder de la CCC, el diputado nacional Juan Carlos Alderete, se mostraron cautas debido a la situación epidemiológica, el dirigente social Juan Grabois no dudó. “Se va a movilizar. Estamos viendo cómo hacerlo de una manera correcta desde lo sanitario”, determinó el dirigente cercano al papa Francisco.
“Si la cuestión viene como se ve, será una movilización grande”, advirtió Daniel Menéndez, líder de la facción oficialista de Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración en la cartera de Desarrollo Social. Entre las organizaciones, suena su nombre para integrar la lista de precandidatos a diputados del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.
En un tiempo signado por el empeño de las agrupaciones para que se priorice el enfoque de los planes sociales hacia el trabajo por sobre el asistencialismo -y con picos de alta tensión con la Casa Rosada-, la mesa central piquetera ya definió demandas desglosadas en ejes. Todas se nuclean en un proyecto que pretenden consensuar con distintas fuerzas políticas y que entienden debe tener fuerza de ley.
Salario universal
El primer punto del reclamo piquetero se vincula a una discusión ya planteada: la UTEP quiere instalar un salario universal, con un valor de 33% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), destinado a un universo de 8,5 millones de personas que no estén organizadas en unidades de gestión supervisadas por el Estado, pero sí inscriptas en el Registro de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep).
Este proyecto tiene el visto bueno de los sindicatos, pero con un gasto anual de aproximadamente 450.000 millones de pesos, no contaría para este año con el aval de Desarrollo Social. Grabois está convencido de que el costo final de la iniciativa sería de 300.000 millones, porque permitiría reorganizar y hacer más eficiente la política social, además de atacar la indigencia.
La idea de la UTEP es que quienes cobren ese salario puedan incorporarse, de a poco, a las unidades de gestión de los movimientos populares y, a su vez, intentan promover el vínculo con el sector privado, con un subsidio equivalente al monto del salario universal para reducir el costo laboral de las Pymes que tomen nuevos empleados.
Disconforme con el “asistencialismo” de la Tarjeta Alimentar promocionada por el ministro Daniel Arroyo, Grabois ya discutió el salario universal con representantes de la oposición -como Luis Naidenoff y Cristian Ritondo-. También, con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y con el precandidato a diputado de la UCR Facundo Manes, con quien admite llevarse bien. Otros dirigentes realizan lo suyo con otros políticos y hacen números junto a los economistas del Gobierno.
Massa, por su parte, trabaja en su proyecto para articular planes sociales con trabajo, que “avanza”, según se limitaron a decir sus voceros a LA NACION. Algunos altos cargos de la UTEP entienden que busca capitalizar rédito electoral pero, a pesar de ello, insisten en que es importante alcanzar un acuerdo multisectorial.
“Potenciar Salud” y créditos productivos
Mientras tanto, la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene entre ojos una reforma del sistema de salud. “La discusión no contempla la realidad de casi seis millones de trabajadores de la economía popular”, reparó Onorato, en sintonía con Menéndez.
En la UTEP explican que la política sanitaria para la economía popular no es efectiva y barajan distintas posibilidades -dentro de ellas, un programa “Potenciar Salud”- con el fin de facilitar los mecanismos para mejorar las prestaciones y la cobertura para ese segmento poblacional. Fuentes del entorno de Arroyo comentaron que las negociaciones son incipientes.
Dentro de un millón de personas incluidas en el plan Potenciar Trabajo -que perciben el 50% del SMVM- solo 370.000 acceden al monotributo social. Abonan el 50% del monotributo general y obtienen una cápita de 1400 pesos para la obra social. Según Onorato, solamente entre 10 y 15% utiliza esa prestación, mientras que el resto se atiende en hospitales públicos.
Otros dirigentes sociales coinciden en que, por ello, el Estado invierte dos veces en la salud del sector informal donde, dicen, hay “poca cultura de obra social”. A su vez, remarcan que, por el monto bajo, en las mismas obras sociales no hay interés en incorporar a los beneficiarios de ese monotributo.
Para el Potenciar Trabajo, las organizaciones también pedirán créditos no bancarios destinados a proyectos productivos.
Ultimar detalles
Como preludio, hoy hubo una actividad de la CCC -acompañada por el Movimiento Evita y Barrios de Pie- con un acto central en la Ciudad y réplicas en las provincias, para pedir por pan, tierra, techo y trabajo. Mañana, en el ND Ateneo, el Movimiento Evita y Barrios de Pie sellarán su fusión, en un acto donde se espera la asistencia de Fernández.
Para las semanas que restan, faltará ultimar detalles. Las imágenes de la Virgen de Luján y de San Cayetano, con las que el triunvirato encabeza cada marcha, todavía están guardadas en la Sala de los Misioneros de Francisco, en la sede de Constitución de la CTEP. Todo está dado para que el 7 de agosto vuelvan a disponerse sobre el escenario, de cara a la multitud.
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