Un alivio, parcial, para el Gobierno
Hubo gestiones desesperadas para evitar más golpes en el Senado, pero debió ceder a Lijo; el recuerdo del swifgate menemista volvió a la memoria
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LA NACIONClaudio Jacquelin
El Gobierno quiere desesperadamente darlo por cerrado, pero el partido del criptoescándalo sigue abierto después de una semana de haber comenzado. Y, en el marcador, continúa algunos goles abajo. No obstante, este jueves en el Senado de la Nación consiguió un importante descuento, que se parece en mucho a un respiro. Aunque también recibió nuevos golpes.
En este contexto, el fracaso por apenas un voto de la creación de una comisión investigadora, gracias a algunos curiosos apoyos y deserciones, más la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), implicaron un logro significativo, en medio del sismo que provocó el presunto fraude con la meme coin $LIBRA.
La falta de número para la creación de una comisión investigadora tiene para el presidente Javier Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (protagonistas mayores del escándalo), el enorme beneficio de haber neutralizado una cámara de eco, capaz de mantener vivo el escándalo en la agenda pública e institucional, más allá de la dudosa eficacia que podría tener ese cuerpo para producir algún efecto concreto.
La imposibilidad de llegar a los dos tercios del cuerpo para conformar la comisión fue el resultado de gestiones desesperadas realizadas el día anterior, ante varios senadores, por parte de Eduardo “Lule” Menem, el asesor de la hermana presidencial.
También, tuvo efecto el diálogo de varios ministros con gobernadores dispuestos a escuchar razones y promesas a cambio de obturar el proyecto que tenía en vilo a la Casa Rosada. No resultó sencillo. Ni gratis.
La decisión de suspender la sesión anunciada para este viernes para tratar el pliego del objetado Ariel Lijo para integrar la Corte fue parte y consecuencia de esas gestiones. Algo había que ceder. Y no fue poco.
El fracaso de la creación de la comisión, además, vale doble en lo inmediato, en medio del viaje presidencial a los Estados Unidos, donde el criptogate tiene ecos mediáticos económicos y judiciales, y de donde el Gobierno espera con urgencia poder mostrar algunos apoyos y traer noticias positivas para tratar de minimizar y desplazar la atención sobre el escándalo. Aun cuando todavía la justicia argentina y la de los Estados Unidos tienen mucho por investigar para determinar las responsabilidades en el hecho.
El Gobierno tiene puesta sus ilusiones en poder hacer algún tipo de anuncio sobre la negociación con el FMI y respecto de un posible acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, al que un informe de la Cámara Argentino Norteamericana de Comercio (AmCham) le asignó ayer bastantes probabilidades de avance.
El analgésico conseguido este jueves en el Senado fue obtenido por el previsible rechazo libertario y la inestimable ayuda que prestaron la mayoría del bloque de Pro (con la excepción de la senadora larretista porteña Guadalupe Tagliaferri), de la senadora cordobesa Alejandra Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti, y, muy especialmente, por la insólita deserción del senador radical y presidente de la bancada partidaria, Eduardo Vischi. El legislador correntino luego de haber avalado con su firma el proyecto impulsado por su correligionario fueguino Pablo Blanco, votó en contra.
Su voto fue, al mismo tiempo, insólito y decisivo. Tanto como había sido su firma (que había negado haber estampado) en el dictamen para impulsar la candidatura para integrar la Corte del archicuestionado juez federal Lijo, que ayer quedó, finalmente, fuera de juego, al menos en las sesiones extraordinarias. Es obvio que Vischi tiene algún tipo de problemas con su firma. Y con la coherencia. Una pericia ahí.
El valor que para el oficialismo representa la atenuación del ruido del criptoescándalo no compite, sin embargo, con la importancia que tiene la sanción de la suspensión de las PASO en el plano político y en el económico-financiero.
Haber conseguido postergar (y acortar) hasta el segundo semestre el debate electoral conlleva a un enorme beneficio. Por un lado, en términos políticos, ya que dilata las discusiones hacia adentro del propio espacio libertario y con eventuales aliados el armado de alianzas, listas y la designación de candidatos, así como tener que afrontar el efecto de resultados provisionales.
Esos son hechos que siempre suelen afectar la gestión y generar ruidos en los mercados. Mucho más cuando los logros económicos aún no están consolidados y, según dijo el propio presidente hace pocos días, llegarían a un mejor estadio en la segunda mitad del año.
Las casi cinco horas del debate respecto de la creación de la comisión investigadora, empero, no fueron inocuas para el Gobierno ante la reinstalación del escándalo y el señalamiento de notorias inconsistencias en el relato presidencial sobre lo ocurrido con $LIBRA.
Al mismo tiempo, dejaron expuestas las contradicciones del kirchnerismo con su propio pasado y la reposición de los innumerables casos de corrupción en los que sus principales dirigentes están involucrados y por los cuales han sido condenados sin que nunca hayan sido investigados por una comisión parlamentaria. Todo lo cual relativiza el afán investigativo de este espacio en este caso y da verosimilitud a la acusación de que se trata de un intento de aprovechamiento político. Su actuación volvió a darle centralidad tanto como resultó, una vez más, funcional al Gobierno. Enemigos íntimos que nunca dejan de elegirse.
Por otra parte, el debate dejó expuesto el estado de fragmentación del radicalismo, que convierte en un oxímoron irrevocable el nombre de Unión Cívica Radical. Volvieron a primar los intereses de los gobernadores y se agravó la crisis irreversible de autoridad del presidente del partido, el senador Martín Lousteau, que ayer hizo un encendido y fundamentado discurso en favor de la creación de la comisión y volvió ser desairado por correligionarios de Mendoza, Chubut, Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe.
En cambio, Pro volvió a mejorar su posición relativa, al menos de cara a la discusión electoral con el oficialismo.
El escándalo que estalló en la noche del viernes pasado golpeó al Presidente, pero también la sucesión de hechos bochornosos afectó a todo el ”triángulo de hierro”, donde están los principales enemigos de cualquier acuerdo con el macrismo, encarnados en la hermanísima Karina y en el gurú Santiago Caputo.
Los indicios respecto de los vínculos de la secretaria general de la Presidencia en la trama del criptoescándalo han afectado su imagen, según surge de al menos tres encuestas y de monitoreos en las redes sociales, donde imperaron la interacciones de tono negativo.
En tanto, la difusión involuntaria de la interrupción y manipulación por parte de Caputo de la entrevista con la que el Presidente procuraba bajar la intensidad del escándalo lo dejaron seriamente expuesto.
Además, demostró la fragilidad de la estrategia defensiva, centrada casi exclusivamente en esa aparición televisiva, después de 72 horas de estallado el affaire. La reafirmación de un escaso respeto por la libertad de prensa y de la calidad de la información brindada a la ciudadanía fue un bonus track.
El sistema de toma de decisiones basado en esa concentradísima estructura quedó ahora dañado y con fisuras internas, además de afectado en su proclamada eficacia y pretendida credibilidad.
Después de haber explotado y celebrado esas fragilidades, Pro corrió a mostrarse en auxilio del Gobierno: se opuso de plano a la propuesta kirchnerista de abrir un proceso de juicio político al Presidente y ayer terminó por darle un auxilio inestimable con el mayoritario rechazo a la creación de un cuerpo de investigación parlamentario.
La fundamentación de su posición basada en la institucionalidad, contra el oportunismo kirchnerista y en favor de una posición doctrinaria contraria a las comisiones parlamentarias para investigar delitos conforman un corpus narrativo que no excluye el cálculo político.
La sesión de ayer de la Cámara alta dejó, también, otros resultados negativos para Milei y su gestión.
La imposibilidad de tratar el pliego del multiobjetado Lijo para integrar la Corte Suprema solo reavivó y profundizó la contradicción que esa postulación entrañaba para el hasta hace poco muy eficaz discurso libertario, en términos de marketing y construcción política, que lo presentaba como un cruzado contra “la casta empobrecedora”, que vendría a poner fin a privilegios y arbitrariedades.
El objetado currículum de Lijo afectaba la consistencia de ese relato y el fracaso de su postulación lo refuerza porque no fue producto de un repentino arresto de principismo oficialista.
El intento se frustró porque los esfuerzos por sumar al kirchnerismo no prosperaron, a pesar de las negociaciones realizadas lejos de la luz del día. En la tarde previa fue el camporista Eduardo “Wado” de Pedro quien, como operador de temas judiciales, terminó por cerrarle las puertas a Lijo y ordenó el bloqueo a la iniciativa oficialista. Se lo dijo a varios senadores y senadores peronistas. Las negociaciones habían fracasado y, además, el kirchnerismo olía sangre con el escándalo de la criptomoneda.
Haber sostenido al cuestionado candidato hasta la última instancia y haberse expuesto a esta derrota no será inocuo para el Gobierno. Al costo reputacional se suma que a Lijo y a su padrino, Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte, les queda la certeza de que el Gobierno no hizo lo suficiente para conseguir el objetivo. Son dos jueces poderosos y memoriosos golpeados, que siguen en sus cargos. Una jugada que parece arrojar muchos más costos presentes y futuros que algún beneficio. Y no son momentos adecuados para tantos flancos abiertos.
Así, el paralelismo del criptogate con el “Swifgate” (el escándalo por un pedido de coimas para construir un frigorífico, que golpeó seriamente al menemismo en su primer año y medio de gobierno), volvió activarse en el archivo de los memoriosos.
Aquel hecho, que motivó la intervención de los Estados Unidos a raíz del origen de los capitales de la empresa afectada, terminó con la renuncia del asesor y cuñado presidencial Emir Yoma y la salida del entonces ministro de Economía Antonio Erman González. Dos hombres de extrema confianza y cercanía con Carlos Menem.
Los optimistas del actual oficialismo libertario prefieren reparar en que ese episodio precipitó la llegada del ahora denostado Domingo Cavallo al Ministerio de Economía, quien ideó y puso en practica el exitoso plan económico. Resultó ese el trampolín que luego le permitió a Menem ganar varias elecciones, lograr una reforma constitucional y gobernar ocho años más después de ese bochorno que amenazó con hacerlo trastabillar.
Las analogías son siempre imperfectas. En aquel episodio no había evidencias concretas de un vínculo directo del Presidente con el escándalo y, además, ahora no parece tan fácil tirar lastre sin afectar el estrecho núcleo del poder de la gestión mileísta.
Eso sí, como entonces, todo depende de la marcha de la economía y, en lo inmediato, de la ayuda o los gestos que Milei y su equipo puedan traer del norte para dar vuelta la página. En eso confía el Gobierno, mientras se encomienda a que no aparezcan nuevos hechos comprometedores ni se generen más ruidos. Las fragilidades siguen siendo muchas.
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