Un ajuste que cambia la lógica de la política

Javier Milei no engañó en su discurso inaugural: en un anuncio varias veces postergado durante la tarde del martes, el ministro de Economía, Luis Caputo, le puso letra a la música del Presidente. Un ministro didáctico le explicó a la gente común que el problema esencial de la crisis económica consiste en los despilfarros perpetuos del Estado y no en la inflación o el valor del dólar, que son consecuencia del déficit fiscal.

Ese diagnóstico es significativo porque atará las manos de los actuales gobernantes en la distribución del dinero público. Una diagnosis en tal sentido no la hicieron nunca los políticos argentinos, que prefirieron, por el contrario, echarles la culpa a las góndolas de los supermercados por la inflación; es decir, a los empresarios. Es un radical cambio en la lógica política para analizar la economía. La letra de Caputo indicó que la Argentina camina rápido hacia uno de los más grandes ajustes económicos que haya vivido, perfectamente compatible con la descripción que el propio ministro hizo de la herencia recibida de la administración de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Caputo la definió como la “peor herencia de nuestra historia”, y reiteró que la emisión monetaria de los últimos cuatro años significó 20 puntos del PBI, una cifra monumental de dinero espurio. Le agregó la aseveración de que el anterior gobierno entregó una economía con una inflación al ritmo del 300 por ciento anual y una deuda pública de 400 mil millones de dólares, casi 100 mil millones más de la que recibió en 2019 de las distintas administraciones anteriores. Ya el economista Roberto Cachanosky había señalado que la herencia del último kirchnerismo solo era comparable con la crisis económica y financiera de 1890, que terminó con la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman y con la quiebra del entonces Banco Nacional. El vicepresidente, Carlos Pellegrini, asumió en lugar de Juárez Celman hasta 1892, fundó el actual Banco Nación, saneó las finanzas públicas y tomó decisiones necesariamente impopulares, pero que le abrieron paso al período más próspero de la historia argentina.

Sin embargo, Caputo afirmó que la herencia del albertismo es peor que la que dejó Juárez Celman hace más de 130 años. De paso, el ministro de Economía volvió a señalar (ya lo había hecho Milei) que la decadencia nacional comenzó hace 100 años, una imputación que incluye a los dos grandes partidos políticos del último siglo, el peronismo y el radicalismo. Son los partidos que deberán apoyar en el Congreso algunas decisiones de la administración Milei para que sean aprobadas. Tranquilos: ningún político que se precie de tal es indiferente a un presidente que cosechó el 56 por ciento de los votos nacionales.

Una de las primeras medidas anunciadas por Caputo refiere a la eliminación de la pauta oficial durante un año; así se denomina a la publicidad oficial en medios públicos y privados. Tanto Milei como Caputo subrayaron que esa publicidad era usada por los gobiernos para buscar el elogio y no para informar sobre las decisiones del Estado. Si bien es una interpretación injusta, porque no todos los casos fueron iguales, debe señalarse que la medida no es criticable. En primer lugar, Milei anunció esa decisión durante la campaña electoral, antes de que los argentinos lo eligieran presidente. Pero el aspecto más importante de esa puntual decisión es que Caputo comunicó al mismo tiempo durísimas medidas de ajuste para todos los gastos del Estado. ¿Por qué, entonces, los medios de comunicación deberían ser una excepción? La equidad, siempre necesaria en los actos del Estado, se imponía en este caso.

El ministro no fue claro, o fue espontáneamente confuso, cuando señaló que “no se renovarán los contratos” de los empleados de la administración pública celebrados en el último año. A primera vista, pareció que aludía solo a los contratados, pero luego hizo una clara referencia a la manía de los gobiernos, sobre todo de los peronistas, de nombrar personal en la planta permanente en los últimos días antes de entregar la administración. Ya no son los contratados, entonces, sino también los de planta permanente designados en el último año. La crisis no la pagarán solo los empleados de la administración pública; también reducirán en un 50 por ciento los cargos políticos del gobierno. Es una reducción inédita de empleos políticos.

Con ese porcentaje, los gastos de la política tienen, sí, importancia en las erogaciones del Estado. Caputo señaló otra vez que no hay plata para obras públicas nuevas, pero agregó que tampoco existe la posibilidad de que sean financiadas por el exterior, incluidos, se supone, los organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial, el BID y la CAF, el banco de desarrollo de América latina. En síntesis, la obra pública quedará en manos exclusivas de los emprendimientos privados. Aunque no dio precisiones, se supone, si se sigue bien el sentido de las palabras de Caputo, que dentro de poco deberán estar liberados los precios de la energía (de la electricidad y el gas) y los del transporte en la Capital y el conurbano bonaerense, que están muy subsidiados. Es cierto, como dijo el ministro, que el interior del país paga el precio del transporte según su valor real, y que, por lo tanto, el propio Estado nacional promueve una intolerable discriminación que afecta a los argentinos que viven en todas las provincias que no sean la de Buenos Aires o la Capital.

Tal vez el párrafo más importante del discurso de Caputo haya sido el que anunció una devaluación de más del 100 por ciento en el valor del dólar. En el caso de las importaciones, la devaluación será mucho mayor porque se le aplicará el impuesto país, cuyo magnitud no precisó. Debe consignarse que hay importaciones de bienes terminados, pero la mayoría son de insumos que necesita la industria argentina para producir. El Gobierno, dijo Caputo, dejará de meter mano en las importaciones y anulará las SIRA, el sistema que creó Massa para autorizar -o no- las compras empresarias en el exterior. Semejante devaluación se trasladará, por lo tanto, a cifras muy altas de inflación durante los próximos meses. “Vamos a estar durante unos meses peor que antes”, asestó Caputo con esa sinceridad de los actuales gobernantes que bordea la pulsión suicida. Pero es la sinceridad que también practica Milei y que, hasta ahora, le dio buenos resultados políticos.

Vale la pena detenerse en el hasta ahora. La sociedad es la autora de una revolución política inédita en los últimos 40 años de democracia, de la que Milei es su derivación más iridiscente. Parece que gran parte de la gente común comparte el criterio de que el déficit fiscal es el principal culpable de la crisis, y que llegó la hora de hacer severos recortes en los gastos del Estado, que los Kirchner duplicaron según la participación del gasto público en el PBI. La pregunta que corresponde hacer es si esa teoría será corroborada en la práctica cuando el ajuste (aumento de tarifas y mayores índices de inflación en general) llegue al bolsillo de la gente común.

En síntesis, comprobaremos si es realmente cierto que una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es morir. Es cierto que Caputo anunció también que se duplicará el monto de la Asignación Universal por Hijo y que aumentará un 50 por ciento la tarjeta Alimentar, que se entregará, aclaró, directamente a los beneficiarios y no a los intermediarios. Es la aceptación implícita de que existe un grave conflicto social, pero ese puenteo a los dirigentes piqueteros será, desde ya, otro motivo para la anunciada sublevación de los movimientos sociales contra el mileismo. Sus líderes ya están amenazando con cortar calles, avenidas y autopistas. El ministro de Seguridad de la Capital, Waldo Wolff, anticipó que el gobierno capitalino propondrá la aprobación de una “ley del piquete”, que reglamentará con precisión cómo y dónde deberán hacerse las manifestaciones de protesta para que no perjudiquen al ciudadano común.

Caputo habló de que la vida de los argentinos será muy difícil “durante unos meses”. Confía, seguramente, en que las lluvias que dejaron atrás la devastadora sequía del año que termina significarán ingresos adicionales al país del sector agropecuario de entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. Faltan, además, las medidas que podrían incentivar las inversiones en minería, en Vaca Muerta y en el propio campo argentino, demasiado castigado en los años recientes por la crueldad de la meteorología y por las decisiones (y el rencor) del populismo.

Banqueros importantes le aconsejaron también al nuevo gobierno que disponga de un blanqueo de dólares que están dentro del país, pero que sus dueños guardan en el colchón, en cajas de seguridad en bancos o en covachas de sus casas. El Gobierno podría, dicen, conseguir rápidamente unos 15.000 millones de dólares con el solo requisito de que sus propietarios firmen una declaración jurada asegurando que esos dólares no pertenecen al narcotráfico, al terrorismo internacional, a la corrupción política o a la trata de blancas. Los dólares de argentinos que están fuera del sistema financiero son muchísimos más; algunos analistas estiman que la cifra exacta está muy cerca de los 400.000 millones de dólares. Pero esa fortuna se esconde en algún lugar después del esfuerzo y la penuria.

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