Un abogado presentó un hábeas corpus contra las restricciones para quienes viajaron al exterior

Las restricciones impuestas por el Gobierno mediante una decisión administrativa para los argentinos que viajaron al exterior serán analizadas por la Justicia. Un abogado penalista planteó en los tribunales federales de Lomas de Zamora que la decisión es inconstitucional, y presentó un hábeas corpus correctivo colectivo para que su mujer y su hija, que viajaron a los Estados Unidos el pasado 8 de junio, puedan regresar al país.

“Esta restricción constituye una afrenta a la libertad ambulatoria y de tránsito que se encuentra protegida por la Constitución Nacional”, planteó el abogado José Luis España en la presentación a la que accedió LA NACION. El planteo sostiene que la decisión del Gobierno afecta a los derechos protegidos por la Constitución en los artículos 14, 15 y 43.

El juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora está vacante y actualmente lo subroga el juez federal de Quilmes Luis Armella, quien deberá pronunciarse en las próximas horas sobre la constitucionalidad de la norma cuestionada. Si hiciera lugar al planteo, el hábeas corpus alcanzaría a la totalidad de las personas afectadas por la medida. El Gobierno estimó que hay más de 40.000 argentinos en esta condición.

“En lo personal, estoy a mas de 7000 kilómetros de mi esposa e hija, no sé cuándo podrán regresar a mi hogar, debiendo solventar imprevistos gastos de alojamiento y alimentación por un tiempo indeterminado, a los que desconozco si la economía familiar podrá o no hacerles frente”, advierte la presentación.

Y agrega: “Muchos otros estarán en una situación peor, con una familia numerosa e hijos pequeños, con posibilidad cierta de perder sus empleos, de no poder afrontar los gastos de permanecer en el extranjero, en definitiva, comprometiendo su economía familiar por una decisión irrazonable de la Administración Pública”.

Según la presentación, que incluyó fuertes críticas a la decisión de restringir el ingreso de residentes argentinos al país y solo autoriza el ingreso de 600 personas por día, “los hechos mencionados suponen la violación de innumerables garantías constitucionales y Derechos Humanos, lo que es susceptible de acarrear responsabilidad internacional del Estado”.

“Debe instruirse a quien corresponda con la finalidad de que se haga cesar con urgencia la vulneración de la libertad ambulatoria y de tránsito”, sostuvo el abogado España.

“No escapa a este presentante que la Administración debe resguardar la salud pública -agrega-, pero ello no implica que constituya un pretexto para vulnerar los derechos ciudadanos, ya que ha existido tiempo más que suficiente para que la Administración arbitre los medios necesarios para que puedan regresar al país y a sus hogares los ciudadanos que se encuentran en el extranjero, bajo las condiciones y metodología que el mismo Gobierno ha establecido al momento de la partida de esos ciudadanos hacia el exterior, pues, no se explica en la normativa denunciada, por qué 600 personas que ingresan al país representan un menor riesgo de ingreso de la Cepa Delta –tan temida– que los 2000 que estaban autorizados hasta el momento”.

“He escuchado en medios de comunicación masiva a funcionarios públicos (entre ellos a la Directora Nacional de Migraciones) afirmar que la gente no hace el aislamiento obligatorio, y con esos argumentos pretender justificar la medida, es decir que, utilizan su propia incapacidad de control para castigar a los ciudadanos y justificar medidas intempestivas, arbitrarias pero sobre todas las cosas irracionales e irrazonables”.

El hábeas corpus advierte: “La normativa restrictiva, no aborda ni explicita cuales son los criterios científicos que sustentan la medida en un marco de razonabilidad, tampoco demuestra por qué las mismas son estrictamente necesarias y mucho menos proporcionales al objeto que pretenden tutelar”.

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