"Tropelía institucional". El juez de los cuadernos apuntado por el kirchnerismo advierte que, si es necesario, llegará a la Corte

El juez Germán Castelli, quien integra el Tribunal Oral Federal (TOF) N°7 que prepara el juicio por los cuadernos de las coimas y es uno de los diez magistrados cuyos traslados busca revertir el kirchnerismo, calificó su situación de "tropelía constitucional", ratificó que llevó el caso a las Naciones Unidas y dijo que, de ser necesario, recurrirá a la Corte Suprema. Además, anticipó su negativa a asistir a la audiencia convocada por el Senado por considerarla ilegal.

En diálogo con LA NACION, Castelli dijo que la acción del Senado fue un "escándalo institucional" y criticó duramente el fallo de la jueza María Alejandra Biotti contra el pedido de los camaristas Bertuzzi y Bruglia.

"En mi caso, la acción de amparo se encuentra en pleno trámite y, por tanto, sin resolución de ningún tipo. De todas maneras, algunos de los argumentos jurídicos invocados en mi demanda son coincidentes con los de los colegas Bruglia y Bertuzzi; por ejemplo, el relativo a que todo cuestionamiento de la validez de un traslado que fue tramitado por el propio Consejo de la Magistratura y que terminó con un decreto del entonces Presidente de la Nación, que, a su vez, fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación, solo puede discutirse ante el Poder Judicial de la Nación".

"En mi caso, en casi dos años, no fui objetado por la ciudadanía y en todos los procesos en trámite o que se fueron sorteando, tampoco recibí objeción alguna de las partes involucradas", expresó el magistrado.

Castelli dijo que la resolución de la jueza Biotti y la opinión del fiscal lo sorprendieron "muchísimo", porque "aunque de buena fe, desde ya, trastocan los hechos". Según Castelli, "no han hecho más que hacerle el juego a la ilegalidad que avanza a máxima velocidad", enfatizó.

"Parecen inventar un nuevo derecho", afirmó el magistrado. Según el juez, el criterio del fallo le permitiría a cada legislador, consejero, presidente o juez "hacer lo que quiera, sin límites republicanos".

"Ni siquiera se preguntan si el Consejo de la Magistratura o el Presidente o el Senado debieron acudir al Poder Judicial para cuestionar los traslados de los colegas Bruglia y Bertuzzi; sino que parten de la base de que es legal el atajo adoptado por el Consejo, el Poder Ejecutivo y el Senado. Dicho de otro modo, parecen equiparar la actuación legal y normal del Consejo para seleccionar jueces y juezas, con la actuación ilegal para remover jueces trasladados", enfatizó Castelli.

El juez consideró que el fallo de Biotti tuvo una "enorme insensibilidad institucional". "El escándalo público generado por este accionar ilegal involucra ni más ni menos que al Consejo de la Magistratura -encargado de custodiar la independencia de los magistrados-, al Poder Ejecutivo y al Senado, que hasta repudió públicamente el accionar de la misma jueza federal que había dispuesto una medida cautelar una semana antes", recordó, en referencia al desconocimiento que hicieron los legisladores kirchneristas frente al pedido de Biotti.

Castelli cuestionó que la jueza considere que "no hay daño concreto" hasta tanto el Senado no defina la situación de los diez magistrados cuyos traslados el kirchnerismo quiere revisar.

"Este razonamiento también es inconcebible. Desde el minuto uno, cuando el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura -es decir del Presidente de la Nación-, afirmó que mi nombramiento o el de los colegas era inconstitucional, se empezó a afectar la estabilidad de los jueces y su independencia", argumentó. Y consideró que los magistrados señalados por el Gobierno ahora deben "insumir tiempo" en defenderse "contra esta ilegalidad proveniente de las más altas esferas del Estado".}

Castelli también vinculó la reforma judicial que impulsa el Gobierno con la avanzada contra los traslados, al señalar la sincronización temporal entre ambos procesos. "Para la jueza y el fiscal, pareciera que quien tenga ese poder siempre actúa bien; lo que republicanamente es inaceptable", expresó. "Por ello, pienso en mi caso y ante un eventual fallo adverso, dada la intensidad de la afectación del sistema republicano, habré de evaluar un per saltum directo a la Corte Suprema", adelantó a LA NACIÓN.

Castelli también fue crítico de la forma cómo los legisladores oficialistas ignoraron la orden de la jueza de suspender el tratamiento de los traslados de Bruglia y Bertuzzi hasta tanto ella estuviera en condiciones de resolver sus casos. "Me pareció un escándalo institucional que cuestionen la orden de una jueza federal que ordenó una medida de no innovar, del modo en que lo hicieron, abusando del poder. Es más, lo agregué como hecho nuevo en la demanda de amparo, que corrobora la ilegalidad del accionar iniciado en el Consejo de la Magistratura".

El juez adelantó que no asistirá a la audiencia del Senado por considerarla ilegal. "No concurriré bajo ningún punto de vista, precisamente, porque denuncié mi caso en Naciones Unidas, me presenté denunciando la ilegalidad ante el Consejo de la Magistratura, le hice saber a la presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado que detenga esta tropelía constitucional y, visto que los acontecimientos se agravaban, hice la presentación ante la Justicia", explicó. "Concurrir a esa ilegal audiencia, sería convalidarla", dijo.

Castelli dijo, no obstante, que nada de esto afecta su trabajo y su deber de garantizarle un "juicio justo" a quien deba absolver o condenar. Relató que en otras oportunidades sufrió amenazas de muerte y un incendio al tribunal de San Martín. "Más bien creo que son gajes del oficio", dijo.

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