Tren Sarmiento: el fiscal accederá en Brasil a las evidencias sobre las coimas
Picardi firmó el acuerdo por el cual podrá disponer de pruebas de los sobornos que pagó Odebrecht a funcionarios argentinos
LA NACIONHugo Alconada Mon
El fiscal federal Franco Picardi firmó ayer un acuerdo con el Ministerio Público brasileño y dio un paso determinante para acceder a las evidencias disponibles en ese país sobre los sobornos que pagó Odebrecht a funcionarios argentinos para quedarse con el proyecto para soterrar el ferrocarril Sarmiento.
Picardi se convirtió así en el fiscal argentino que más avanzó para acceder a las confesiones de exejecutivos de Odebrecht ante los fiscales del Lava Jato brasileño, que detallaron cómo pagaron sobornos al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime y otros funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, que lideraba Julio De Vido. El acuerdo de "compromiso bilateral" deberá ahora seguir su recorrido burocrático a través de las cancillerías de ambos países, para luego recalar en el Ministerio Público Fiscal brasileño, que entonces debería destrabar el acceso de Picardi a esos "delatores premiados", a sus confesiones y a otras evidencias que yacían en Brasil desde el 1º de junio de 2017.
La demorada firma del acuerdo se concretó en momentos en que tanto el equipo de fiscales de Curitiba como el entonces juez del Lava Jato -y actual ministro de Justicia brasileño- Sergio Moro afrontan cuestionamientos por presuntas conductas indebidas que salieron a la luz con filtraciones de sus comunicaciones difundidas por el portal informativo The Intercept.
Los cuestionamientos comenzaron cuando The Intercept reveló que varios fiscales habrían actuado de manera coordinada con Moro con el presunto fin de perjudicar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado por corrupción, e impedir que el Partido de los Trabajadores retornara al poder. Tanto Moro como el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol, rechazaron los cuestionamientos y afirmaron que The Intercept sacó de contexto sus mensajes para distorsionar su sentido, mientras que la Policía Federal brasileña abrió una investigación por el hackeo de los teléfonos celulares de Moro y de Dallagnol, entre otros funcionarios afectados.
Esos cuestionamientos, sin embargo, resultan ajenos a los intentos de Picardi de acceder al material acumulado en Brasil sobre el consorcio abocado a soterrar el Sarmiento y que también integraron las empresas Iecsa, Ghella y Comsa. Es decir, uno de los tres proyectos argentinos en los que Odebrecht admitió en Estados Unidos que pagó sobornos millonarios.
Mientras tanto, el acceso formal a las evidencias incriminatorias sobre los restantes dos proyectos argentinos de Odebrecht resulta aún una incógnita. Tanto en la investigación sobre las coimas que se pagaron para la extensión de las redes troncales de gasoductos -en manos del fiscal federal Federico Delgado- como en las vinculadas a la construcción de una planta potabilizadora de agua para Aysa en Paraná de las Palmas, también con Delgado como fiscal.
A diferencia de su colega, sin embargo, Picardi decidió avanzar, y a su paso sumó los apoyos del procurador general interino, Eduardo Casal, como también del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y de la Cámara Federal porteña, que debió intervenir a raíz de las objeciones que plantearon las defensas de De Vido y de quien era la mano derecha de Ángelo Calcaterra en Iecsa, Javier Sánchez Caballero.
La Sala II de la Cámara, integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, consideró que corresponde "homologar lo actuado" por Picardi, tras concluir que actúa según sus atribuciones y con la legislación argentina al impulsar un acuerdo con las autoridades brasileñas. Ese acuerdo con Brasil, estimaron los camaristas, impone que solo podrá "emplear informaciones y pruebas obtenidas únicamente en la presente investigación", sobre el tren Sarmiento, "así como también de no utilizar esas informaciones y pruebas contra el (los) colaborador(es) del Ministerio Público Federal brasileño". Es decir, los "delatores premiados" de Odebrecht. Entre ellos, Luiz Mameri, Fernando Migliaccio, Marcio Faria da Silva, Luis da Rocha Soares, Hilberto Mascarenhas, Alves da Silva Filho y Olivio Rodrigues Junior.
La Cámara también urgió al juez Martínez de Giorgi a avanzar cuanto antes para acceder a las evidencias. "Será su resorte y de la fiscalía -más allá de lo previsto en el fallo sobre el modo de canalizar el envío y recepción de la información- dar curso al acceso a aquella de las maneras más rápidas y eficaces en aras de superar una situación que desde hace tiempo viene dificultando el cumplimiento del objetivo de la instrucción de conocer toda la verdad de lo acontecido", destacaron.
Samid pidió que se le conceda arresto domiciliario
El detenido y condenado empresario de la carne Alberto Samid fue trasladado ayer desde la cárcel de Ezeiza para pedir en persona al tribunal que lo juzgó que le conceda arresto domiciliario por razones de salud, pese a haberse escapado a Belice en medio del juicio oral.
Samid fue condenado a cuatro años de prisión como miembro de una asociación ilícita que evadió impuestos en sus frigoríficos. El empresario asistió a una junta médica en los tribunales federales de Retiro, a puertas cerradas. En el pedido se sostiene que Samid tiene hipertensión y diabetes, y por ello debe cumplir arresto domiciliario en su casa de Ramos Mejía. Los jueces García Berro, Fornari y Michilini tienen cinco días para decidir si se la conceden.
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