Traslado de jueces: el Consejo de la Magistratura postergó una definición sobre el planteo kirchnerista
Acusaciones, interrupciones y cruces dominaron este mediodía la primera sesión en la que el Consejo de la Magistratura debatió una posible revisión de traslados de jueces federales. La Comisión de Selección decidió, a pedido del oficialismo, postergar una definición hasta la semana próxima. Quedaron abiertas distintas opciones: votar una modificación de los traslados de diez jueces clave (a favor o en contra) o, antes, enviarle una nota a la Corte Suprema para que se expida sobre estos traslados.
"Debemos resolver este tema con la mayor prontitud posible", advirtió la diputada Graciela Camaño, presidenta de la Comisión de Selección, que se volverá a reunir el jueves próximo. El debate comenzó cerca del mediodía, cuando se dispuso tratar la nota escrita por el consejero Gerónimo Ustarroz, representante del Gobierno en el Consejo, para "completar" la designación de diez jueces trasladados y atar ese nombramientos a la aprobación del Senado.
"Esto fue un carnaval de traslados. Parecía que entrábamos a pescar en una palangana al juez razonable para que diga lo que yo quiero que diga. Estamos errando el enfoque porque si no, un concurso es para cualquier cosa y después pido el traslado que se me antoja con el gobierno que me cae simpático", lanzó Alberto Lugones, presidente del Consejo.
Fue uno de los momentos más tensos de la sesión porque, además, el titular del organismo hizo referencia de manera implícita a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y también a los casos de corrupción de exfuncionarios kirchneristas. "No se preocupen tanto, los actos que dictaron son válidos. Si están preocupados por las decisiones que se tomaron en la Cámara Federal, no van a ser nulas. No venimos a darle impunidad a nadie", dijo Lugones.
Entre las resoluciones tomadas por Bruglia y Bertuzzi están, por ejemplo, los avales de los camaristas a la investigación de los cuadernos de las coimas que instruyó el juez Claudio Bonadio, un expediente que involucra a Cristina Kirchner y a varios exfuncionarios.
La respuesta opositora
La oposición había respondido ayer por escrito que la revisión del traslado de diez jueces que impulsa el kirchnerismo es ilegal, ya que -aseguran- no es competencia del Consejo modificar un decreto presidencial. El diputado Pablo Tonelli, que firmó la nota, explicó que en tal caso el Poder Ejecutivo deberá hacer una presentación ante la justicia en lo contencioso administrativo para revocar las resoluciones presidenciales sobre cada traslado.
El argumento fue ratificado en la reunión por distintos integrantes del bloque opositor. "Lo planteado es aceptable para casos futuros, pero no podemos volver para atrás. No es jurídicamente posible que esta comisión reconsidere estos actos administrativos de jueces que fueron acordados en el pasado", dijo el consejero Juan Manuel Culotta.
Ante de barajar varias posibilidades, como una consulta a la Corte Suprema y la redacción de un proyecto de ley de traslados de jueces para enviar al Congreso, la comisión finalmente decidió convocar a un cuarto intermedio para buscar consenso o, directamente, presentar los proyectos que hagan falta para tomar una decisión la semana próxima.
"Propongo hacer un cuarto intermedio para plasmar la diversidad de opiniones en proyectos de resolución. Así la próxima reunión ya trabajamos en algo en concreto y podemos discutir y, en su caso, votar", propuso Ustarroz. Y agregó que otra opción es, antes de definir la situación en el Consejo, "darle intervención a la Corte" para que se pronuncie sobre el caso de los diez jueces que, según el oficialismo, necesitan un acuerdo del Senado para ratificar su traslado.
¿Quiénes son los diez jueces señalados? Son dos camaristas de Comodoro Py, un juez que participará del juicio por los cuadernos de las coimas, un magistrado que avaló el espionaje sobre Cristina Kirchner y tres jueces con competencia electoral de Jujuy, Chaco y Misiones, entre otros. La mayoría de los traslados se ejecutó durante el gobierno de Macri, una medida que ocasionó controversias porque de esta manera los magistrados evitaron concursar por esas vacantes, el proceso natural para ser nombrados.
El kirchnerismo sostiene que estos diez traslados incumplieron criterios vinculados a la falta de competencia temática, los cambios de jurisdicción o una mayor jerarquía en los cargos por ocupar, límites previstos por la Corte Suprema y por el reglamento interno del Consejo. Los nombres de los jueces trasladados que aparecen objetados por el kirchnerismo y, sobre todo, los lugares que están en juego son los condimentos de un tema que promete largos y acalorados debates en el Consejo, probablemente -si prospera el proyecto- en el Senado y hasta podría también judicializarse ante la resistencia de los jueces que serían removidos de sus cargos.
Son los camaristas Bruglia y Bertuzzi; el juez de Lomas de Zamora Federico Villena, el excamarista Eduardo Farah, el juez de tribunal oral Germán Castelli (que prepara el juicio por los cuadernos de la coimas), y tres jueces federales de Jujuy, Chaco y Misiones con competencia electoral, entre otros magistrados.
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