Trasladan una dirección del ex-Ministerio de Desarrollo Social luego de confirmar irregularidades en la compra de medicamentos

El Gobierno dispuso transferir la Dirección Nacional de Asistencia Directa Compensatoria del ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Capital Humano a la órbita del Ministerio de Salud. La decisión, que quedó plasmada este martes en el Boletín Oficial, se concretó luego de que se confirmaran graves irregularidades en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), la oficina encargada de proveer medicamentos, prótesis y otros insumos médicos a personas sin cobertura y en situación de alta vulnerabilidad social.

Como contó LA NACION, a partir de una investigación interna referida a cómo la Dadse seleccionaba a los proveedores y compraba, el equipo de la Subsecretaría Legal de la dependencia que dirige Sandra Pettovello determinó que 2300 pedidos de pacientes estaban sin respuesta desde la gestión anterior. Según se supo, las compras se hacían a través de una cadena de correos electrónicos sin validar cuentas de Gmail o Hotmail.

“La transferencia aludida comprende la unidad organizativa que le depende a dicha Dirección Nacional, como así también los créditos presupuestarios, bienes y dotaciones vigentes a la fecha y el personal con su actual situación de revista, cargos y niveles escalafonarios, y suplementos vigentes a la fecha”, dice la Decisión Administrativa 76/2024 que lleva la firma de la ministra Pettovelo, de su par de Salud, Mario Russo, y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Las “irregularidades graves” que estaban bajo investigación desde diciembre están en la contratación y el pago a los proveedores. Si bien no se pudo precisar a quién se le estaba pagando o si el precio informado por correos electrónicos sin identificación clara correspondía a valores reales o había sobreprecios, trascendió que la causa es por montos en cientos de millones de pesos, incluidas cotizaciones en dólares, que el Estado abonaba por un circuito exprés amparado en la urgencia.

Luego de que se conocieran los resultados e informes de una auditoría interna de 2019 y 2022, el área legal de Capital Humano presentó una denuncia penal por defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público que abarca desde 2016 -momento en que se implementó un procedimiento de compra exprés por urgencia para reemplazar un sistema de compras de facto- hasta el 10 de diciembre de 2023. La presentación quedó en manos del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 11.

Este lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló del tema durante su habitual conferencia y lo definió como un “proceso absolutamente impune” al que relacionó con “la parte más cruel de la casta política” que incluía, detalló, “presupuestos aprobados sin firma” o “compras por correo electrónico sin comparativas con otros proveedores”.

En este contexto, asociaciones de pacientes nucleadas dentro de la red Unidos por el Cáncer expresaron su preocupación por la probable suspensión de esa asistencia o la entrega de medicamentos a las personas que no pueden acceder de otra manera. El temor surgió luego de que circularan versiones cruzadas en torno a la aparición del texto de un proyecto de resolución que suspendía el proceso de compra exprés e instruía al personal de la Dadse a seguir haciendo las compras de los remedios bajo las normas que funciona el resto del Estado.

En ese punto, el portavoz de la Presidencia aseguró que, más allá de estos controles que dieron lugar a la denuncia, “todos los que necesiten medicamentos los van a seguir recibiendo”.

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