Tras una queja de Chile, el Gobierno reformulará directivas de Alberto Fernández a las FF. AA.
Se había incluido el Estrecho de Magallanes como “un espacio compartido” entre ambos países, cuando el Tratado de Paz y Amistad de 1984 ratificó la jurisdicción chilena; el embajador Bielsa reconoció el error
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LA NACIONMariano De Vedia
El gobierno argentino desactivó un posible foco de tensión diplomática en la región, al aceptar una queja de la Cancillería de Chile, y se comprometió a reformular las recientes directivas que el presidente Alberto Fernández había fijado para la política militar.
Aprobada por decreto y transmitida a las Fuerzas Armadas por el propio Presidente -junto al ministro saliente Agustín Rossi, en uno de sus últimos actos oficiales-, la Directiva de Política de Defensa Nacional contemplaba como un “espacio compartido” entre ambos países la “exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces (conocido como Pasaje de Drake)”, que Chile reivindica como propios, de acuerdo con los tratados suscriptos con la Argentina.
“Fue un error. El embajador Rafael Bielsa ya habló con el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno y explicó que la directiva se va a reformular. Es una zona que no está militarizada y no hay actividades ni patrullajes conjuntos”, explicó a LA NACION una fuente de la Cancillería argentina, que conduce Felipe Solá.
“El Estrecho de Magallanes, incluidas sus dos riberas, es territorio soberano chileno en conformidad con lo dispuesto en el Tratado de 1881, lo que ha sido reiterado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984”, había reclamado la Cancillería chilena en una nota remitida a la embajada argentina.
“En consecuencia, Chile rechaza lo planteado por la Argentina en la DPDN sobre un supuesto control conjunto por carecer de sustento jurídico y no resultar procedente en virtud de los tratados aplicables”, añadía la carta.
En el mismo acto en el que anunció las nuevas instrucciones a los militares, Alberto Fernández había anticipado la decisión de avanzar en la creación del Polo Logístico Antártico en Ushuaia, lo que exigirá una inversión superior a los 300 millones de dólares y podría ser financiada con capitales de China. Esta medida podría haber generado molestias e incomodidades en el gobierno de Sebastián Piñera y en las Fuerzas Armadas de Chile.
En ámbitos diplomáticos, en tanto, se atribuyó el reclamo trasandino a una redacción “apresurada y poco feliz” de la Directiva de Política de Defensa Militar, aunque también se interpretó el reclamo como el resultado de la presión de determinados sectores de la vida política chilena.
“Uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces, espacios estratégicos tanto por su rol como vías navegables naturales entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico como por constituir puntos privilegiados de acceso al continente antártico”, señalaba expresamente la instrucción que el gobierno de Fernández se comprometió ahora a corregir.
“Del mismo modo, resulta de suma importancia generar una aproximación cooperativa con la República de Chile y con el Estado Plurinacional de Bolivia en la defensa y aprovechamiento de los yacimientos de litio ubicados en el Triángulo del Litio”, se añadía en la directiva nacional, al promover la cooperación como una herramienta clave para “potenciar al máximo las oportunidades de desarrollo económico social vinculadas a este mineral”.
El reclamo chileno
La nota de la Cancillería de Chile señalaba que el gobierno de Piñera “valora y coincide con la mención que incorpora la DPDN respecto del exitoso proceso de construcción de confianza” entre ambos países, que “ha permitido avanzar, desde la suscripción del Tratado de Paz y Amistad de 1984, en el afianzamiento de las relaciones bilaterales, generando múltiples instancias de diálogo y cooperación”. Ese tratado fue firmado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, tras la mediación de Juan Pablo II y el plebiscito que respaldó el acuerdo, impulsado por el entonces canciller Dante Caputo.
Sin embargo, la carta añadía que en el Capítulo I de la Directiva, referida a la apreciación estratégica del escenario regional, se mencionaba que resulta fundamental continuar fortaleciendo la “exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces [Mar de Drake], espacios estratégicos tanto por su rol como vías navegables entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, como por construir puntos privilegiados de acceso al continente antártico”.
En relación con el Mar de Drake, Chile expresaba en su protesta que “tampoco existe allí un control conjunto y que, de conformidad con el Derecho Internacional del Mar seguirá ejerciendo todos los derechos soberanos que le corresponden, así como las libertades reconocidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”. Además Chile ratificaba en la nota que desconoce el trazado limítrofe de la plataforma continental extendida que la Argentina realizó en 2009, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Por Mariano De Vedia
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