Tras un grave incidente con tiros, Corrientes le reclama a la Cancillería mayor determinación para frenar la escalada con Paraguay

CORRIENTES. El Gobierno de Corrientes espera novedades para morigerar la ola de conflictos suscitados en la larga línea de frontera que la Argentina comparte con Paraguay, y que se resolverán sólo si Cancillería o el Congreso habilitan una línea de negociación bilateral.

El propio gobernador correntino, Gustavo Valdés, que denunció el jueves otro incidente en la zona de Ituzaingó, ahondó en el tema esta mañana de manera contundente. Al hablar con la prensa local, tras la inauguración de una comisaría, dijo: “Ojalá que se ocupen y no sigan negando el conflicto como lo vienen haciendo”.

Gran parte del problema -según Valdés-, es la posición que tiene cancillería argentina respecto de la cuestión de Yacyretá y de la Isla Apipé, “porque a todos los cancilleres les hemos planteado (el problema), pero Cancillería hace oídos sordos y mira hacia otro lado”.

Mientras, los pobladores temen lo peor si no cesa la escalada de hostilidades: ya van cuatro incidentes en menos de dos años, pero los dos últimos fueron especialmente graves.

“Nuevo incidente en aguas fronterizas en la zona de la Isla Apipé con fuerzas armadas de #Paraguay. Pedimos al gobierno, a través de @CancilleriaARG, así como al @SenadoArgentina, que intervengan urgentemente para garantizar la seguridad y protección de los tripulantes argentinos”, había escrito Valdés en su cuenta de X, y luego reposteó mensaje y video con un agradecimiento a los prefectos de su ciudad natal, Ituzaingó, que custodian la zona.

La situación es compleja porque la región del conflicto, frente a la represa de la Entidad Binacional Yacyretá, constituye para la Argentina una zona de enclaves insulares rodeados por aguas jurisdiccionales paraguayas, custodiadas con celo por la marina guaraní y por la Prefectura Naval, pero con recursos moderados.

El nuevo y grave incidente que se registró el jueves por la mañana en la frontera que la provincia de Corrientes comparte con Paraguay, en la zona de Ituzaingó, frente a la represa de Yacyretá, reactualizó un viejo conflicto limítrofe. Pero no sólo eso: como resultado del incidente, un prefecto resultó herido. Fue en el marco de un procedimiento que incluyó una refriega con balas de goma, cascotes, piedras, plomos de pesca y machetes, y que terminó con la detención de dos ciudadanos paraguayos por acampar ilegalmente en territorio argentino.

Alertada de la situación de intrusión, la Prefectura Naval desplegó unidades hasta Isla Marco, que es uno de los islotes argentinos pertenecientes al ejido de Apipé Grande. Detectaron allí a dos personas de nacionalidad paraguaya acampando ilegalmente y con artículos de pesca y caza. Pero cuando iban a proceder al desalojo e incautación de sus pertenencias, los efectivos argentinos fueron rodeados por canoeros paraguayos. Ante el pedido de refuerzos, la policía de Corrientes montó un operativo por tierra, pero por agua llegó primero la marina paraguaya, que luego abandonó la zona dejando a sus pares argentinos envueltos en una escaramuza en pleno río Paraná.

Los paraguayos intentaron alejar a los uniformados con machetes, piedras e incluso con las plomadas de sus cañas. “Hasta con pescados agredieron a los uniformados argentinos”, contó a La Nación un poblador de la zona.

Ante esta situación y lejos de apaciguar los ánimos, los marinos paraguayos se alejaron del lugar dejando rodeados a los prefectos argentinos, que tuvieron que defenderse con balas de goma.

La refriega terminó con un efectivo argentino herido, y con dos personas paraguayas detenidas, a las que se les secuestró su embarcación, sus enseres de pesca y caza y se les abrió un causa penal, radicada en el Juzgado Federal de Corrientes.

Se trata del cuarto incidente en menos de dos años, pero uno grave que se suma a la larga lista de episodios que se suceden desde que en la último dictadura se determinaron los nuevos límites fronterizos.

“La situación es grave. Ahora son dos pescadores y un campamento. Pero si sigue así la situación, mañana va a ser un campamento más grande. Ahora una carpa, mañana una choza, después una casa y así vamos a terminar perdiendo la isla, porque las aguas ya son paraguayas”, graficó el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés.

La zona está cubierta por la Prefectura, a cargo del prefecto Rubén Antonio Nievas Chocobar, pero faltan refuerzos y una solución diplomática definitiva. Chocobar no quiso brindar declaraciones. La Prefectura en cambio emitió un parte de prensa, en el que hace constar que “siendo las 7,30 (del jueves) una patrulla fluvial de la Prefectura Ituzaingó visualiza embarcaciones ubicadas en la costa, a la altura del KM 1.447 del Río Paraná (progresiva) de la zona denominada Isla Marco. Se procede al secuestro de una embarcación paraguaya, con motor y artes de pesca prohibidas, con dos ciudadanos Infractores”.

“Al momento del repliegue, en navegación por aguas paraguayas, embarcaciones de pesca agreden con piedras y maniobras peligrosas contra movilidad propia, por cuanto se repele la acción con disparos de escopeta policial (munición de estruendo y anti-tumulto) de forma controlada; solicitando a su vez apoyo armada del vecino país, concurriendo dos embarcaciones, las cuales no intervinieron en ningún momento”.

Ya en puerto local, Prefectura continuó las actuaciones, puso en conocimiento del hecho al Juzgado Federal de Corrientes y ordenó “labrar actuaciones judiciales, por agresores NN hacia personal interviniente”.

“Finalizado el conteo elementos hallados se procedió al secuestro de casco fibra de vidrio con motor fuera de borda marca Yamaha, tanque de combustible; 300 espineles, anzuelos y 700 metros de redes tipo sabalera; cuatro reels con cañas, tres conservadoras y dos machetes”, por un total de unos 3,6 millones de pesos, según el aforo realizado por Prefectura. Los infractores luego fueron “rechazados a su país de origen y entregados a la Armada de Paraguay por Puesto Esclusa”.

“Cancillería está en tema”

Según información obrante en la Municipalidad de Ituzaingó, cabeza del departamento al que pertenecen las islas Apipé, después del conflicto de mediados del año pasado, el gobierno de Alberto Fernández reasignó primero la patrulla del buque guardacostas Río de la Plata, y luego la administración de Javier Milei envió a Rosario uno de los guardacostas artillados que estaba en Misiones, pero también patrullando la zona de la represa, lo que limita la potencia del blindaje en una zona caliente no sólo por el intercambio comercial lícito, sino también por el flujo de narcotráfico, contrabando e incluso abigeato y depredación de recursos ícticos en zona de reserva.

De hecho, el conflicto denunciado ayer por Valdés tiene raíz en una denuncia de pobladores acerca de la presencia de ciudadanos paraguayos en una isla argentina. Sospechan que, tras la máscara de la pesca, se esconde una logística rural que termina en abigeato.

Ante esta situación, Prefectura Naval Argentina realizó el jueves temprano un procedimiento en Isla Marco, que pertenece a la Argentina. Procedió al secuestro de una embarcación y artículos de pesca de dos paraguayos que estaban ocupando esa isla como campamento. “La reacción de los paraguayos fue bastante hostil: se resistieron con piedras, machetes y palos”, contó a La Nación Germán Zarza, poblador de San Antonio, cabecera de la Isla Apipé Grande.

Confirmó además que el operativo tuvo lugar por supuestas denuncias que daban cuenta de que tales personas se alojaban en esa isla para luego intervenir o mediar en el delito de robo de ganado. Y que los disparos que se escuchan en el video que se viralizó luego de la denuncia de Valdés, son perdigones de balas de goma de la Prefectura, que disparó en postura preventiva “ante el asedio de embarcaciones paraguayas” que salieron en defensa de los detenidos.

“Me consta que la canciller Diana Mondino habló del asunto con Gustavo Valdés”, dijo Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó, en diálogo con La Nación. Juan Pablo, además de intendente, es el hermano del gobernador.

“Está en tema, pero necesitamos soluciones. Es una cuestión de soberanía, pero también ambiental, porque los paraguayos depredan pescando en la zona de exclusión delimitada por la reserva”, añadió.

“Enfrente de nuestra ribera tenemos un problema que debemos resolver, porque está en juego nuestra soberanía. Si no hacemos esto, difícilmente podamos avanzar, por ejemplo, con la recuperación de Malvinas”, ejemplificó.

Pobladores, funcionarios municipales y provinciales consultados para esta nota, pero que pidieron reserva, coinciden en que el conflicto debe resolverse en una mesa de diálogo. Que es un tema del Senado, de Cancillería y de ambos gobiernos, porque en el ánimo general del pueblo correntino y paraguayo, la hipótesis de un conflicto mayor no aparece en el horizonte.

Correntinos y paraguayos sostienen relaciones comerciales pero también familiares en las zonas de frontera, razón por la cual, más allá de las escaramuzas en el río, es un tema que debe zanjarse por la vía diplomática.

Las mismas fuentes enumeran una serie de razones por las cuales este tema no ingresa como prioridad en la agenda de los asuntos internacionales del país, pero más allá de la postura local, no hubo una comunicación formal por parte de Cancillería, más allá de las gestiones. De ahí que el gobernador diga que después de tantos reclamos, “hagan oídos sordos”.

El tema fue tratado históricamente por Corrientes, desde que a principios de la década del 80 se cambiaron los límites, mientras se construía la represa de Yacyretá. Desde entonces hasta hoy, los problemas aparecen cada tanto, pero temen que escale y llegue a tragedia sin que antes se conozca una solución definitiva.

Los últimos tres gobiernos nacionales, incluso, mandaron a sus cancilleres. Estuvo el canciller Jorge Faurie en épocas de Mauricio Macri. El año pasado sobrevoló la zona el canciller Santiago Cafiero. Este año, en enero, Mondino también sobrevoló la zona de camino a Paraguay, pero además, recibió a Gustavo Valdés el 29 de febrero pasado y el tema fue uno de los ejes del encuentro entre ambos.

El año pasado, el presidente del interbloque de senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, José Mayans, se reunió en las oficinas del entonces bloque oficialista del Senado con el gobernador Gustavo Valdés. Estuvieron además el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Adolfo Rodríguez Saá; el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff; el senador correntino Eduardo Vischi; y el intendente de la ciudad de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés. En ese marco, Gustavo Valdés expresó su preocupación por la incursión indebida de una embarcación de la prefectura paraguaya en aguas argentinas, que incluyó el abordaje de un bote pesquero de bandera nacional en el paraje Punta Ñaró, cercano a la localidad correntina de Ituzaingó. Rodríguez Saá se comprometió a seguir de cerca el tema y trasladar lo conversado a los integrantes de la bancada oficialista y funcionarios nacionales. Hasta ahora nada.

Paraguay cierra su consulado en Corrientes

En paralelo, aunque sin relación aparente con este conflicto fronterizo en particular, la Cancillería de Paraguay confirmó en abril el cierre de su consulado en Corrientes y otras seis oficinas en el país, además de cinco embajadas.

En Argentina, se cerrarán unas catorce oficinas consulares que funcionan en Corrientes, Mendoza, Córdoba y Neuquén. También cerrarán sus puertas las oficinas de Campo Grande y Porto Alegre (Brasil), y el de Villamontes (Bolivia). Y las embajadas de Canadá, Portugal, Egipto, Australia y Suiza.

Según informaron los diarios ABC Color y Última Hora, la cancillería paraguaya no explicó hasta ahora cuáles fueron los parámetros tenidos en cuenta para definir qué consulados y embajadas cerrar. Sólo se sabe que serían razones económicas y de ahorro.

Ante esta situación general, pero en particular por lo llamativo del cierre del consulado en Corrientes, que tiene una extendida comunidad guaraní residiendo en la provincia, la Cámara de Diputados del vecino país pidió el miércoles un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo titular es Rubén Ramírez, sobre los motivos del cierre de los consulados en la Argentina, en particular de la provincia de Corrientes. El pedido fue impulsado por el diputado Diosnel Aguilera, quien indicó en la sesión respectiva, que centenares de compatriotas realizaban sus gestiones y recibían atención en el Consulado de Corrientes y que, alertados del cierre, elevaron su queja.

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