Tras la solicitada, la defensa de Amado Boudou pedirá su libertad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La abogada de Amado Boudou,Graciana Peñafort, afirmó que trabaja en una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que revise la condena del exvicepresidente, al que la Justicia halló culpable de haber intentado quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta Ciccone, que fabrica papel moneda, a cambio de solucionar sus problemas fiscales.
Peñafort, quien también se desempeña como directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, anticipó la presentación en diálogo con Radio La Red, luego de la solicitada en favor de la libertad del exvicepresidente. Además, adelantó que "antes que termine la feria judicial" apelará el fallo del juez de ejecución penal Daniel Obligado, que revocó el arresto domiciliario de Boudou y dispuso que regrese a la cárcel.
"En abril, el juez (por Obligado) dijo que no era necesario mortificar a un condenado y a su familia con el cumplimiento de la pena. ¿Lo que no era necesario en abril pasa a ser necesario en diciembre? ¿Por qué cambia de criterio? Por la presión mediática", cuestionó la abogada.
En rigor, la decisión del juez Obligado del 31 de diciembre llegó casi un mes después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena contra Boudou. El fallo de la Corte fue unánime y estaba compuesto por tres sentencias: en una se rechazó el recurso de Boudou contra la condena; en otra, el recurso promovido por el empresario Nicolás Ciccone; y, en la tercera, se declaró abstracta la discusión sobre su arresto domiciliario.
"La sentencia de condena ha omitido respetar el debido proceso. Por eso vamos a solicitar en la Corte Interamericana (Corte IDH) que la revise, porque el respeto al debido proceso es una garantía de los Derechos Humanos", agregó Peñafort sobre la apelación.
La defensa del exvicepresidente tiene un plazo de seis meses desde el dictado de la sentencia para la presentación ante el tribunal hemisférico de protección de los derechos humanos, según consignó la agencia Télam.
Peñafort, quien comparte la defensa de Boudou junto al penalista Alejandro Rúa, responsabilizó a la Corte por las "violaciones al debido proceso" que, según denunció, se cometieron a lo largo del caso Ciccone y del juicio oral.
"Nosotros sabemos muy bien por qué la Corte puso el (artículo) 280. Lo hizo porque no podía explicar por qué respecto al testigo Alejandro Vandenbroele, crucial para la causa, no supimos que le habían pagado para esa declaración: más de 4.000.000 de pesos. No podía explicar por qué Boudou había sido espiado por el Estado, es decir por agentes de la AFI, mientras estuvo preso y cuando estuvo en libertad, con seguimiento fotográfico", acusó la letrada.
En rigor, la causa contra el otrora ministro de Economía, su socio José María Núñez Carmona y Vandenbroele acumuló un sinnúmero de evidencias durante años, previas a la confesión como arrepentido del testaferro.
Con el título "Libertad a Boudou", la solicitada publicada ayer en Página/12 y en el portal El Destape está encabezada por los de los expresidentes Luiz Inácio "Lula" Da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Ernesto Samper (Colombia), Fernando Lugo (Paraguay), el ecuatoriano Rafael Correa y Manuel Zelaya (Honduras). Los exmandatarios encabezan la lista de 4730 firmantes que además integran diplomáticos de la región.
El texto de la solicitada cuestiona a "los medios de comunicación monopólicos [sic] y segmentos corrompidos del Poder Judicial" por "generar una estrategia común que envenena la atmósfera política", entre otras acusaciones ligadas a lo que el kirchnerismo, con Cristina Kirchner a la cabeza, define como "lawfare", o guerra judicial, como reacción a las investigaciones y condenas judiciales por corrupción en su contra.
En relación a la solicitada, Peñafort aseguró que el documento fue impulsado "por un grupo de personas que está preocupado y que le está reclamando una respuesta concreta del Poder Judicial y de los medios". En ese sentido, Peñafort recordó que durante un tramo de la gestión de Cambiemos "el sistema de espionaje y las escuchas se hacían desde la Corte".
La condena contra Boudou a cinco años y 10 meses de prisión quedó firme luego de ser ratificada en Casación y de que la Corte rechazara un recurso de queja con el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que habilita al máximo tribunal a denegar un recurso sin fundamentar las razones del rechazo.
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