Tras la polémica, Mendoza suspende la ley que habilitaba el uso de químicos para la minería

Las masivas marchas contra la reforma de la "Ley Antiminera 7722" en Mendoza lograron su primer objetivo: la suspensión de la nueva norma, que habilitaba la utilización de sustancias tóxicas, como el cianuro. Así, el gobernador radical mendocino, Rodolfo Suarez, decidió dar marcha atrás y confirmó en conferencia de prensa que frenará la reglamentación de la controversial ley 9.209 hasta que se realice un "debate serio y profundo" y se arribe al "consenso social".

"Mi responsabilidad es garantizar la paz social del pueblo. Por eso, ante los acontecimientos y hechos de violencia, amenazas y cortes de rutas, voy a suspender la reglamentación de la ley. Es una derrota de los violentos: esto se hizo mintiendo, sobre la base del miedo, por eso hay que sacar a la luz el debate, del anonimato de las redes, dando los argumentos necesarios", expresó Suarez, acompañado por buena parte del Gabinete, buscando dejar en claro que desde la campaña electoral planteó la necesidad de diversificar la matriz productiva, de la mano de la megaminería, para atacar el "40% de mendocinos que viven bajo la línea de pobreza y no tienen para comer ni vestirse".

Suárez llamó al diálogo y suspendió la normativa en una conferencia de prensa brindada hoy en la Casa de Gobierno. Además, no descartó, si es necesario, llamar a una consulta popular.

Asimismo, aseguró que esta decisión va a tono con su forma de hacer política, de abrir el diálogo y lograr licencia social, ya que no avanzará contra la voluntad popular. "Cuando se busca el diálogo y el consenso no se da pasos atrás. Creímos en un tratamiento rápido y acelerado, porque cuando se está pasando hambre la pelea es con la burocracia. Esperamos llegar a un acuerdo, sino existe la posibilidad de una consulta popular obligatoria, vinculante. No queremos llegar a eso, sino en base al diálogo, entre todos, sin violencia, ni encapuchados, ni espacios públicos dañados. Esto es un gobierno de puertas abiertas y haremos la convocatoria a todos los sectores", indicó el mandatario, y reafirmó la decisión: "La ley no se va a aplicar hasta finalizar la ronda de diálogo y llegar a un acuerdo, sino la historia juzgará. Nuestro objetivo es el crecimiento, la inversión y hacer historia con un modelo que necesita un cambio". Sobre este último punto, Suarez hizo hincapié en la importancia de optimizar el recurso hídrico, con tecnología, ya que actualmente el 50% del agua se pierde en el riego agrícola, al tiempo que aseguró que para los proyectos mineros sólo se utiliza 1% del recurso provincial, en zonas limitadas y cerradas.

"La ley determina los lugares donde se puede hacer minería, con estrictos controles. Por ejemplo, en el Valle de Uco, hay otras leyes que impiden la actividad. Lo limitamos a pocos lugares, con un mínimo uso del agua en sitios cerrados, no se afecta la cuenca. Esto no se está entendiendo en la sociedad, es muy fácil asustar en las redes sociales y replicar. Es muy fácil inculcar el miedo y la confusión , plantear algo automático como contaminación, sin ningún tipo de análisis", destacó el gobernador.

Por tal motivo, tras las fuertes manifestaciones de los últimos días, Suarez se vio obligado a plantear ahora una "gran convocatoria al diálogo y la información de la gente", por lo que en las próximas jornadas comenzarán las reuniones con la Iglesia, las universidades, los partidos políticos, las organizaciones sociales locales y foráneas, entre otros actores clave.

"Mi pedido es a todos los que se expresan en las redes a que den un debate genuino. Yo participé en campaña con este tema en cada debate y la gente votó, pero es muy fácil inculcar miedo. Convocaremos a todas las entidades, queremos sacar el debate a la luz seriamente; lo que mas quiero es cuidar el agua. Es mentira que hay explotación minera y contaminación inmediata. Los mendocinos podemos hacer las cosas bien. El miedo no nos está haciendo bien. No queremos que los violentos ganen este debate", acotó durante su exposición en Casa de Gobierno.

Asimismo, el mandatario aseguró que su decisión representa otra promesa de campaña: abrir el diálogo a todos los ciudadanos. "Las decisiones son legales pero también legitimas. Aparentemente, la reforma no tendría la legitimidad del pueblo. Sepan que no voy a hacer algo contra el pueblo mendocino. La reforma es algo que prometí porque me anima la pobreza de los mendocinos que no tienen trabajo. Pero, si no esté el consenso social, no voy a hacer absolutamente nada, a pesar de nuestras convicciones", concluyó el ex intendente de la Ciudad de Mendoza.

Protestas

Previo al mensaje del gobernador, las asambleas populares por el agua convocaron a los vecinos de la mayoría de los departamentos a realizaron una nueva marcha en las principales calles de las comunas para la tarde y noche de hoy.

Por su parte, en las últimas horas crecieron los mensajes de rechazo a la reforma por parte de referentes artísticos nacionales e internacionales, entre ellos, los músicos Abel Pintos y el cantante puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como Residente (ex Calle 13), quien tuvo palabras duras con el mandatario, a quien instó a dar marcha atrás para evitar que la situación y el reclamo pasen a mayores.

"Le pedimos al gobierno Argentino que tome acción sobre esto. Mi hijo toma del agua de este país y me siento en todo el derecho de protegerlo", expresó en las redes sociales el ex de la actriz Soledad Fandiño, con quien tuvo un hijo. El cantante reiteró todo su apoyo a los mendocinos en el reclamo y le advirtió a Suarez "que se puede convertir en una situación internacional porque el agua es de todos".

También, en los últimos días comenzaron a tomar relevancia los comentarios en las redes sociales de la ex esposa del gobernador radical Alfredo Cornejo, quien ratificó su férrea postura en contra de las modificaciones.

Cinco días después de haber aprobado en la Legislatura local una modificación de la ley "antiminera", que habilita la utilización de sustancias tóxicas, como el cianuro y el ácido sulfúrico, el gobernador de Mendoza suspendió la normativa acorralado por las masivas protestas.

La medida había provocado el rechazo de ambientalistas, productores y defensores del agua, quienes desde la semana activaron protestas y cortes de ruta. También la Iglesia había manifestado su preocupación.

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