Tras los cruces, la oposición rechaza acordar proyectos con el oficialismo

Si la relación entre el oficialismo y Juntos por el Cambio ya estaba resentida, el conflicto que desató el presidente Fernández con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño, con el cierre de las escuelas en el área metropolitana, dinamitó los últimos puentes, lo que amenaza con dificultar los pocos acuerdos que el oficialismo pretendía tejer en el Congreso.

Los opositores denunciaron un avasallamiento inconstitucional del Gobierno sobre la autonomía porteña. El ala dura de Juntos por el Cambio toma vuelo: si había alguna posibilidad de avanzar en los próximos días con un acuerdo con Juntos por el Cambio para diferir por un mes las elecciones –como pretende el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro- ahora las negociaciones quedaron en stand-by.

Ni qué hablar de la oferta del Gobierno a los líderes de Juntos por el Cambio para integrar una comisión de seguimiento de la pandemia: después de los anuncios inconsultos de Fernández, los opositores –que impulsaban una idea similar- quieren despegarse rápidamente de la propuesta. La comisión morirá antes de nacer.

Los principales referentes de la oposición no tienen dudas: la intempestiva decisión de Alberto Fernández de cerrar las escuelas en el área metropolitana estuvo motorizada por Cristina Kirchner y de su ladero, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, ante la estampida de contagios en la provincia, un drama que el kirchnerismo pretende hacer corresponsable al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el rival más importante de la oposición.

“Es evidente que Alberto (Fernández) se dejó llevar de las narices nuevamente por Cristina y Kicillof. De otra manera no se entiende como, en el espacio de pocas horas, contradijo a Trotta y a Vizzotti, dos ministros que son suyos, de su entorno. Como lo era (Marcela) Losardo (exministra de Justicia), que tuvo que renunciar por presión de Cristina. Es grave: ya perdió toda autoridad”, era el análisis compartido de distintos dirigentes de la oposición tras los anuncios presidenciales.

“Tenemos un pico inédito de contagios, el Gobierno no trae las vacunas prometidas y, de improviso y contra todas las estadísticas que confirman que en las escuelas los contagios son mínimos, quiere suspender las clases presenciales en las escuelas. ¿En este escenario quieren que discutamos la cuestión electoral? No da para eso”, enfatizó una encumbrado dirigente de Juntos por el Cambio.

El oficialismo insistirá con su agenda en el Congreso, pero ahora todo es incierto. Ante la indefinición de Juntos por el Cambio para modificar el cronograma electoral, el ministro del Interior mantuvo el viernes pasado una reunión virtual con referentes del resto de los bloques opositores, la mayoría de ellos aliados del Gobierno. Confían en su apoyo; la necesidad de ganar un mes para ampliar la campaña de vacunación y sortear el pico de la pandemia será el argumento para disuadirlos.

Sin embargo, las caras no serán tan amigables como en otras oportunidades. El bloque lavagnista de Consenso Federal ya anticipó que sólo votará un corrimiento de las fechas si en el proyecto se incluye una cláusula que establezca que se instrumentará la boleta única de papel en 2023. “Si no aceptan estas condiciones, votamos en contra de la postergación”, anticiparon.

Paralelamente, el oficialismo insistirá en discutir en la Cámara de Diputados la agenda judicial con dos temas postergados: la reforma judicial y la modificación de la ley de Ministerio Público. Ya invitó al flamante ministro de Justicia, Martín Soria, y a su segundo, Juan Martín Mena, a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

“Nosotros no pedimos esta reunión. Nuestra agenda es la pandemia”, retrucó Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio. La urgencia por los temas judiciales es del Gobierno para nosotros las prioridades de los argentinos son el plan de vacunación, la crisis económica, la crisis de empleo, el crecimiento de la pobreza y la educación”, agregó Silvia Lospennato, de Pro.

A diferencia del año pasado, cuando los principales dirigentes de la oposición acordaron estrechar filas detrás del presidente Fernández cuando éste anunció el inicio de la cuarentena, hoy prima la desconfianza y la toma de distancia del Gobierno. Más belicosos, los diputados de Juntos por el Cambio reclamaron que el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, que desde octubre último no se presenta en el Congreso a dar su informe de gestión, cumpla con el mandato que le impone la Constitución Nacional de concurrir una vez al mes a rendir cuentas a los legisladores. El año pasado Cafiero asistió sólo tres veces al Congreso y envió cuatro informes escritos.

En paralelo, el diputado Facundo Suárez Lastra, de la UCR, presentó un proyecto de resolución para repudiar el “avasallamiento de la autonomía de la Ciudad” perpetrado por la Nación.

“Fernández atacó directamente a Horacio Rodríguez Larreta e implementó una virtual intervención de la Ciudad, poder no dotado por la Constitución, en momentos en que el país se ve desbordado por una segunda ola de la pandemia, para la cual el Gobierno Nacional no tomó precauciones ni sanitarias ni económicas. Hay un desconocimiento absoluto de las obligaciones que tiene el Presidente de respeto y consideración hacia la Ciudad”, señaló Suárez Lastra.

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