Tras la parálisis, el Senado sancionó una ley que destina jueces y fiscales federales a Santa Fe
La iniciativa crea casi 60 cargos judiciales para fortalecer a una provincia jaqueada por la violencia narco; la sesión reactivó la Cámara alta y marcó el regreso de Cristina Kirchner al recinto desde el atentado
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LA NACIONGustavo Ybarra
A pesar de las críticas de la oposición al Gobierno y al kirchnerismo por su política frente al narcotráfico, el Senado sancionó por unanimidad el fortalecimiento de la justicia federal de la provincia de Santa Fe como corolario de una sesión que terminó con casi cinco meses de parálisis legislativa en la Cámara alta.
La reunión también se destacó por la reaparición en el recinto de Cristina Kirchner, que no presidía una sesión desde el atentado del que fue víctima el 1 de septiembre pasado. De manera calculada, la vicepresidenta se preocupó por estar en el momento en que se votaron varios proyectos reclamados por diferentes colectivos sociales, como los familiares de víctimas de accidentes de tránsito y de niños con cardiopatías congénitas, que estratégicamente invitó el oficialismo y colmaron los palcos.
La reforma judicial que discutió la Cámara alta fue pensada como un refuerzo para la justicia federal de Santa Fe ante el notable incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico en Rosario en los primeros meses del año. Aprobada a fines de marzo por la Cámara de Diputados, fue tratada sobre tablas en el Senado a pedido del oficialista Marcelo Lewandowsky (Santa Fe); dato llamativo si se tiene en cuenta que se negó a apoyar la iniciativa cuando fue presentada a mediados del año pasado. Se lo destacaron los radicales santafesinos Carolina Losada y Dionisio Scarpín (Santa Fe).
“Les pido que no le mientan más a la gente, vienen mirando para otro lado dejen de lado su discurso hipócrita”, afirmó la legisladora en dirección al Frente de Todos. “Ustedes se entregaron, tiraron la toalla”, se sumó Luis Naidenoff (Formosa), jefe del bloque radical, quien criticó en duros términos la gestión de Aníbal Fernández al frente del Ministerio de Seguridad.
Sin embargo, la norma no tendrá efecto inmediato. De hecho, recién se verá cristalizada, en el mejor de los casos, dentro de cuatro años. Es el tiempo promedio que dura el proceso de designaciones judiciales desde su inicio, con el llamado a concurso, hasta su conclusión con el acuerdo del Senado.
Lo dijo el jefe del bloque oficialista, José Mayans (Formosa) en su réplica a la oposición. “¿Ustedes creen que esto sirve para combatir ahora el narcotráfico? No, esto va a tardar cuatro años”, afirmó el senador, quien le reprochó a Juntos por el Cambio su negativa a aprobar la reforma judicial que había impulsado el Gobierno nacional en 2020, proyecto que quedó empantanado en la Cámara baja.
“Nosotros acá estamos teniendo un gesto de grandeza porque estamos aprobando esto sin tener en cuenta la situación que se vive en otras provincias”, agregó Mayans, quien aprovechó la oportunidad para insistir en la teoría de la persecución judicial (lawfare) contra el kirchnerismo. “Llevaron a cabo un plan sistemático utilizando la Justicia”, afirmó.
La nueva ley crea seis juzgados federales, 27 fiscalías, 15 de ellas en la ciudad de Rosario, y 9 defensorías públicas. En total, son 57 nuevos cargos.
El refuerzo en materia de fiscales está vinculado con la intención de acelerar los procesos judiciales a partir de la aplicación del régimen acusatorio, que deja en manos de la procuración los ritmos de la investigación.
Sin embargo, la comisión bicameral parlamentaria que monitorea la aplicación del nuevo Código Procesal Penal nunca avanzó en extender el nuevo sistema a la provincia de Santa Fe, tal como había prometido hace más de dos años quien entonces la presidencia, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza).
En los hechos el único refuerzo concreto que aprobó el Senado fue el acuerdo que le dio a tres jueces con destino a la ciudad de Rosario. Ellos son Gastón Salmain, que ocupará el juzgado federal 1, y Elena Dilario y Eduardo Rodrígues Da Cruz, que recibieron acuerdo como vocales del tribunal oral criminal 2. Los tres postulados contaban con dictamen de la Comisión de Acuerdos desde septiembre del año pasado, pero recién ahora llegaron al recinto. Esto fue motivo de acusaciones cruzadas entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, responsabilizándose mutuamente por la demora.
“Estos pliegos llevan 216 días sin que el Frente de Todos los traiga al recinto, lo que pasó es que les explotó el tema en la cara”, acusó Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), quien adjudicó el avance en las designaciones a la exposición pública que tuvo la amenaza a la familia política de Lionel Messi, que le dio repercusión mundial a la crisis narco de Rosario. “Viven en Narnia, en una realidad paralela y ahora arman una posverdad y dicen que quisieron tratar estos temas cuando es mentira”, completó la legisladora.
Le respondió Fernández Sagasti, presidenta de la Comisión de Acuerdos, que responsabilizó a la política de bloqueo de Juntos por el Cambio por la demora en el tratamiento de los nombramientos. “El año pasado no quisieron tratarlo en dos oportunidades y este año también se negó a tratarlo en febrero porque tenían decidido no sesionar hasta que no se termine el juicio político a la Corte Suprema”, replicó la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos.
En detalle, la norma crea seis juzgados penales federales nuevos que tendrán por destino las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.
En materia de fiscales, se crean cinco cargos de fiscal para Rosario, tres para Santa Fe, y uno para las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás, ésta última ubicada en Buenos Aires, pero próxima al epicentro del conflicto narco de la vecina provincia. Las defensorías oficiales nuevas serán tres en Rosario y una en la capital provincial.
Por Gustavo Ybarra
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