Tras la ofensiva de Cristina, la Corte Suprema activa el nuevo Consejo de la Magistratura sin los representantes del Congreso

La Corte Suprema de Justicia pondrá en marcha mañana el nuevo Consejo de la Magistratura con la jura de los nuevos representantes de los jueces, abogados, académicos y del Poder Ejecutivo. Pero el máximo tribunal no convocó a los consejeros que representan al Senado y la Cámara de Diputados, pues analizará recién el jueves si corresponde ponerlos en funciones luego de que el kirchnerismo insistiera en designar al camporista Martín Doñate como representante de la segunda minoría de la Cámara alta.

El asunto no es una mera formalidad, ya que los jueces supremos dejaron fuera del juramento de mañana a los ocho consejeros senadores y diputados (el Consejo de la Magistratura tiene un total de 20 miembros). Los jueces de la Corte definirán este jueves si corresponde o no tomarles juramento.

Con los representantes de los diputados no habrían inconveniente. Sí con los enviados del Senado, ya que Cristina Kirchner desoyó el último fallo de la Corte y volvió a partir el bloque del Frente de Todos en dos (Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana) para enviar a dos senadores por la mayoría y a un tercero por la segunda minoría, también del kirchnerismo.

Los senadores enviados son María Inés Pilatti de Vergara (Chaco) y Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires), ambos por el Frente Nacional y Popular, que tiene 21 senadores; el correntino Eduardo Vischi, por el bloque de la UCR, que tiene 18 miembros (primera minoría) y Doñate, por Unidad Ciudadana, de 14 integrantes (segunda minoría).

El 8 de noviembre, la Corte dijo que Cristina Kirchner -cuando envió a Doñate por primera vez en octubre pasado- actuó con falta de “buena fe”, que realizó una “maniobra”, un “ardid”, cuando dividió el bloque del Frente de Todos para quedarse con tres de los cuatro consejeros del Senado. Fue un modo de violentar la idea de darle representación proporcional a las fuerzas políticas en el Consejo, dijo el máximo tribunal. Luis Juez (Córdoba), el elegido por el bloque Pro (de nueve miembros), quedó afuera del Consejo. La Corte ordenó que debía reemplazar a Doñate.

La demora en la jura de los senadores generó mucho desagrado en el bloque kirchnerista del Senado. Cristina Kirchner mandó a refrendar en el recinto de la Cámara alta el decreto parlamentario con los nombres de los consejeros (Juntos por el Cambio no participó de la sesión), de modo de dejar en claro que no se trató de una decisión de ella, sino de la Cámara alta. Es decir, enfrentar al Senado con la Corte.

Cristina Kirchner no presidió esa sesión del Senado ni firmó el decreto parlamentario porque se encontraba en ejercicio de la Presidencia por la gira de Alberto Fernández. La firma del decreto y la sesión estuvo en manos de la presidenta provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

Por su parte, el Pro presentó una acción de amparo en la que reclamó que se designe a Juez en el Consejo de la Magistratura, en representación de la primera minoría del Senado. El planteó recayó en el juzgado contencioso administrativo de María Alejandra Biotti.

El bloque opositor le pidió a la jueza como medida cautelar que “ordene al Consejo de la Magistratura de la Nación se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a incorporar como consejero de ese cuerpo al senador Martín Doñate, designado ilegítimamente” por Cristina Kirchner. Y pidió además que se declare nulo el decreto parlamentario que designó a Doñate y a su suplente, Anabel Fernández Sagasti.

Juez y el senador Humberto Schiavoni (consejero suplente por el Pro) pidieron que se habiliten días y horas inhábiles para acelerar el caso. La causa fue enviada al fiscal Fabián Canda para dictaminar acerca de si es competente. Además, solicitaron que “se declare la inoponibilidad de la partición del bloque del Frente de Todos a los fines de la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación”.

Esto último implica que la división que la Corte consideró como “un ardid” no valga a los efectos de nombrar consejeros, aunque pueda valer para la vida interna del Senado. Esta declaración de “inoponibilidad” es algo que ya hizo la Corte en su fallo de la semana pasada, en el que declaró nula la designación anterior de Doñate, tal como había pedido Juez.

Asimismo, en la acción de amparo el bloque Pro pidió que “se disponga la inmediata designación de los senadores Juez y Schiavoni como representantes de la segunda minoría” del Senado.

Si se resuelve la cautelar entre este martes y el jueves, cuando la Corte se reúne en su acuerdo para analizar si toma juramento a los senadores, es probable que Doñate no pase el filtro del máximo tribunal, ya que fue designado con el mismo “ardid” que la Corte ya objetó con duros términos.

En caso de que antes del jueves un juez contencioso administrativo haga lugar al reclamo de Juez y dicte una medida cautelar, uno de los escenarios posibles es que la Corte avance con el juramento del resto de los legisladores y deje en suspenso la situación de Doñate.

La Corte citó para este martes, a las 10 -después del partido de la selección nacional en Qatar-, en el Salón Bermejo del cuarto piso de los tribunales, a la jura de once consejeros: los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit; los abogados Miguel Piedecasas, Jimena De la Torre, María Fernanda Vázquez y Héctor Recalde; los jueces Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero; y al representante de la Casa Rosada, Gerónimo Ustarroz.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, envió al Consejo y a la Corte la lista de los diputados elegidos para integrar el Consejo de la Magistratura hasta 2026: serán los kirchneristas Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, ambos por el Frente de Todos; Roxana Reyes por el radicalismo y Álvaro González por el Pro.

Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura funcionará en el ámbito administrativo, pero aún no se pueden integrar las comisiones ni elegir a sus autoridades. Tampoco puede sesionar para atender los temas pendientes, tales como la votación de ternas y eventuales sanciones. Aún espera tratamiento, por ejemplo, el dictamen que promueve el juicio político del juez federal de Mendoza Walter Bento.

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