Tras la derrota con la Ley Bases y el paquete fiscal, el PJ y los sindicatos planean judicializar la vuelta de Ganancias
Presentarán amparos con el argumento de que la norma solo fue votada por Diputados y no por el Senado; detrás del reclamo de inconstitucionalidad se encolumnarán la CGT y sectores de UP
LA NACION
El argumento ya circula entre los bloques legislativos de Unión por la Patria y los sindicatos más representativos de la CGT. La restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias “no fue votada por las dos cámaras del Congreso”, sino solo por Diputados, con lo cual es pasible de ser “judicializada”. Con esa lógica, desde el lunes se presentarán amparos en distintos juzgados para tratar de frenar la implementación del gravamen por parte del Gobierno.
Se trata de la primera reacción que, por ahora puertas adentro, se registró en el peronismo tras la derrota legislativa con la Ley Bases y el paquete fiscal, que incluyó la vuelta de Ganancias. Según pudo saber LA NACION de fuentes sindicales, la CGT evalúa “tres probables escenarios: dos de presentaciones colectivas -vía la propia central o por cada gremio- y una individual, a cargo de cada trabajador afectado”. La estrategia, afirmaron, se definirá “con cautela” en los próximos días.
La restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que había sido eliminada en plena campaña electoral de 2023 bajo la gestión del ministro-candidato Sergio Massa, afectará a un millón de trabajadores asalariados, pero en forma paralela beneficiará a la Nación y a las provincias con una suba de la recaudación que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), trepará al 0,43 del PBI. Paradójicamente, cuando Javier Milei era diputado votó a favor de la quita.
Tal como fue sancionada en la madrugada del viernes en la Cámara baja, con el voto positivo de 136 diputados y el rechazo de otros 116 que quedaron en minoría, la reposición de la cuarta categoría obligará a tributar Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia que sean solteros y tengan ingresos brutos desde $1.800.000 brutos; y los empleados casados y con dos hijos desde $2.340.000. En tanto, las alícuotas para calcular los pagos irán desde el 5% al 35%.
La estrategia de judicialización de la suba de Ganancias había comenzado, en rigor, antes de la votación en la Cámara de Diputados. El bloque de UP, comandado por el santafesino Germán Martínez, advirtió en las comisiones que un sector de la biblioteca constitucional afirma que una cámara del Congreso no puede refrendar con una votación un proyecto que fue rechazado por la otra. Así comenzó a gestarse la idea de los amparos, que tomarán cuerpo la semana próxima.
“El Gobierno y sus aliados hicieron una interpretación absolutamente forzada del artículo 81 de la Constitución Nacional”, sostuvo Martínez en la antesala del debate, a modo de aviso de lo que vendría después. En la misma línea, el Frente Renovador -el massismo dentro de UP- inició este mismo viernes una “campaña digital” contra la suba de Ganancias, que a juicio de esa fuerza constituye “una estafa electoral contra todos los argentinos que votaron pagar menos impuestos”.
“Con un deterioro que ronda el 15% para el salario registrado en seis meses, con una inflación acumulada del 115% en lo que va de su mandato, (el presidente Javier) Milei le da un nuevo golpe al poder adquisitivo de los que trabajan con esta importante suba de impuestos”, remarcó el FR en un comunicado tras la sanción del paquete fiscal. En la misma línea se había manifestado en el recinto de la Cámara baja el diputado Diego Giuliano, que preside el partido massista.
“Con esta medida Milei ha decidido para quién gobernar, porque sí le bajó la alícuota de Bienes Personales a los multimillonarios del país, pero a aquellos trabajadores que podían juntar un pequeño margen para ahorrar para un auto o un nuevo electrodoméstico -y con ello reactivar la economía argentina- ha decidido castigarlos, arrebatándoles esa diferencia que podían hacer con su salario para ir a las arcas del Estado”, sentenció el Frente Renovador.
Los sectores de UP y de la CGT que iniciarán los amparos contra la reimposición de la cuarta categoría encontraron un fundamento jurídico en la postura del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien desacreditó la validez de la insistencia de Diputados ante un capítulo del paquete fiscal que excluyó el Senado. Habrá que ver si las demandas serán atendidas por la Justicia laboral, cercana a los gremios, o el más distante fuero Contencioso Administrativo.
La diputada de UP Vanesa Siley, que anticipó en el recinto la judicialización contra la cuarta categoría de Ganancias, apeló con ironía política a la palabra de Rodrigo de Loredo, el jefe del bloque de la UCR en la Cámara baja, para argumentar los motivos por los cuales habrá una oleada de amparos desde la semana próxima. “Esto puede traer problemas de judicialización, porque la Argentina tiene un sistema de control difuso de constitucionalidad”, admitió el radical.
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