La Justicia investiga negocios privados de funcionarios de Vialidad Nacional durante el kirchnerismo
El juez Sebastián Casanello procesó a Ricardo Garione por “negociaciones incompatibles” con su cargo; sospechan que también se beneficiaron a costa del Estado otros mandos medios del organismo, en paralelo con la estafa por la que se condenó a Cristina Kirchner
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LA NACIONHugo Alconada Mon
El expediente en sí se centra sobre Ricardo Oreste Garione. El juez federal Sebastián Casanello lo procesó por presuntas negociaciones incompatibles con su rol como funcionario medio en Vialidad Nacional. Pero la investigación que lo dejó contra las cuerdas expuso algo más inquietante: una metodología que se repitió entre otros funcionarios de ese organismo que mezclaron obra pública, negocios privados y bolsillos propios, según reconstruyó LA NACION. Todo esto sucedía, según los investigadores, en paralelo con la estafa por la que fue condenada Cristina Kirchner.
Casanello procesó a Garione por mover los hilos dentro de Vialidad Nacional para beneficiar a una unión transitoria de empresas (UTE) en la que tenía interés personal evidente. Al punto que cuando inclinó la balanza en favor de esa UTE, también emprendía un negocio inmobiliario en Córdoba con el dueño de una de las empresas que la integraban y mantenía también lazos comerciales y personales con el director ejecutivo de la UTE. Es decir, benefició desde lo público a quienes eran sus socios privados.
El procesamiento se extendió a otros presuntos protagonistas necesarios de la maniobra, como el también funcionario de Vialidad, Javier Copelotti Bueno, y a los empresarios Tomás Prato, Pablo Franchina y Raúl García, sobre los que también se dispuso la prohibición de salir del país, inhibiciones y embargos multimillonarios, decisión que ya fue apelada y deberá revisar la Cámara Federal porteña.
La investigación en sí, sin embargo, expuso un posible patrón de conducta recurrente entre funcionarios de carrera de Vialidad que ya se refleja en otros expedientes penales en curso, como los que protagonizan Sergio Férgola junto a su esposa, Elizabeth Velasco, o Gustavo Gentili, también junto a su esposa, Laura Andino, además de otras pesquisas en las que podrían configurarse maniobras de defraudación al Estado, negociaciones incompatibles y lavado.
En la causa que protagoniza Garione, el juez Casanello consideró probado que el funcionario de Vialidad movió los hilos como miembro de la Comisión Evaluadora para que la UTE conformada por las empresas Fraschina y Asociados SRL y Ecogroup SA se quedara con la obra pública conocida como “Interconexión Vial CABA – Lanús (Puente sobre el Riachuelo)”.
Apoyado en una denuncia que radicó en 2017 la Unidad de Transparencia y Ética (UET) de la propia Vialidad durante la gestión de Javier Iguacel, la Justicia logró probar que Garione era socio comercial en la firma Los Tapires SA del director ejecutivo de la UTE ganadora, Tomás Prato, al mismo tiempo que había emprendido un negocio inmobiliario en Córdoba con el propio Prato y Pablo Fraschina, entre otros.
De ese modo, remarcó Casanello, Garione se movió dentro de Vialidad “en compañía de Javier Copelotti Bueno” para darle impulso a sus propios objetivos. Esto es, “beneficiar a quienes, en coexistencia al trámite público, resultaban ser sus socios en la esfera privada”.
Un patrón que se repite
En la misma senda, Férgola fue gerente de Obras y Servicios Viales, ascendió luego a número dos de Vialidad, cargó que ocupó entre 2007 y 2010, y terminó procesado y rumbo a juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito junto a su esposa, además de afrontar serios problemas en la “causa Cuadernos”, pesquisa en la que fue detenido.
Durante sus muchos años como empleado y funcionario de Vialidad, Férgola amasó una fortuna. Desde campos en Córdoba, San Luis y Formosa, acciones en sociedades, mansiones ostentosas en countries exclusivos y más de 20 vehículos registrados a su nombre o de sus sociedades, algunos de ellos de alta gama y otros de colección.
Pero Férgola no fue el único. Otro gerente de Vialidad, en su caso de Obras y Servicios Viales, también amasó una fortuna con roles simultáneos de ambos lados del mostrador: el público y privado. Se trata de Gustavo Gentili, quien luego asumió con titular del Órgano Contralor de las Concesiones Viales (Occovi).
Gentili, según reconstruyó la Justicia, levantó un pequeño imperio privado que incluyó casas, departamentos y lotes. También autos y camionetas. Vacas y maquinaria de campo. Diamantes y rubíes, bonos, dólares y euros. Y sociedades, consultoras y empresas. Pero poco puso a su nombre; el resto, lo repartió entre su esposa, hijos y testaferros.
Al igual que Garione, Gentili se encuentra procesado y embargado por presuntas negociaciones incompatibles con la función. Porque al igual que Garione, habría procurado desde su cargo público beneficiar sus intereses privados. En su caso, imponerles a los corredores viales nacionales 4 y 8 que debían contratar a la firma Consular Consultores Argentinos Asociados SA, que era suya.
Garione, Férgola y Gentili, sin embargo, no habrían sido los únicos funcionarios medios de Vialidad que habrían incurrido en esas prácticas bajo sospecha, según reconstruyó LA NACION, que detectó al menos otros dos expedientes penales en los tribunales federales de Comodoro Py con similares maniobras y patrones.
Ramificaciones de la causa Vialidad
A esos expedientes se suma la llamada causa Vialidad, aunque con una diferencia esencial. En ese entramado, según consideró probado el tribunal oral en los fundamentos de la condena que difundió el jueves pasado, varios funcionarios de Vialidad delinquieron, pero no por cuenta propia, sino de acuerdo a los lineamientos trazados desde la Casa Rosada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Entre ellos, al ex titular de Vialidad, Nelson Periotti, y los ex jefes del Distrito Santa Cruz del organismo, Mauricio Collareda y Raúl Daruich.
Tanto Férgola como Gentili integran el segundo pelotón de funcionarios de Vialidad a los que el fiscal Gerardo Pollicita y la Oficina Anticorrupción pidieron elevar a juicio oral por sus presuntos roles delictivos en ese desvío de fondos de la obra pública por más de $84.800 millones. También figuran Carlos Alonso, Sergio Passacantando, Fernando Abrate y Jorge Gregorutti. Sus nombres se mencionan, repetidas veces, en el fallo de la causa Vialidad.
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