Tras la acusación de Bullrich, Pfizer negó un pedido de coimas del Gobierno por su vacunas

El laboratorio farmacéutico Pfizer desmintió de manera “categórica” que el entonces ministro de Salud, Ginés González García, o cualquier otro funcionario del gobierno del presidente Alberto Fernández le haya pedido coimas como condición insoslayable para adquirir millones de vacunas contra el Covid-19.

La desmentida de Pfizer llegó solo horas después de que la exministra de Seguridad y actual presidenta del Pro, Patricia Bullrich, acusara a González García de pedirle sobornos al laboratorio y plantear que debían colocar al empresario Hugo Sigman como intermediario de la operación.

Desde el laboratorio rechazaron las acusaciones de Bullrich. Negaron que desde el Gobierno les hayan exigido colocar a Sigman como supuesto intermediario o socio local, como así también rechazaron que se hubieran registrado otros requerimientos indebidos. “Es falso”, indicaron.

El exministro González García también reaccionó ante las acusaciones. Le ordenó a su abogado que radique una denuncia penal contra Bullrich, como así también iniciar una demanda civil por el daño causado, según anticiparon desde su entorno a LA NACION. El presidente Alberto Fernández anunció que también llevará a Bullrich a los tribunales.

Desde Buenos Aires, Pfizer redactó un comunicado oficial para salir al cruce de los dichos de Bullrich, quien también involucró al jefe de Estado en el supuesto requerimiento delictivo. “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”, sostuvo la exfuncionaria de Mauricio Macri.

Ante esas declaraciones, que Pfizer consideró de “gravedad institucional”, la cúpula local del laboratorio preparó un comunicado que se remitió a Nueva York para su revisión y aprobación final por las máximas autoridades del gigante multinacional.

La empresa se encuentra sujeta a las leyes estadounidenses; entre ellas, la llamada “ley de Prácticas Corruptas Cometidas en el Extranjero” (FCPA, por sus siglas en inglés) que la obliga a reportar ante las autoridades de ese país cualquier pago o intento de pago indebido, como así también abordaje de un funcionario con esos fines.

En ese sentido, la normativa estadounidense establece sanciones tanto para las empresas involucradas en el pago de sobornos, como así también para aquellas empresas –sean estadounidenses o de un tercer país, pero que cotizan en alguna bolsa de Estados Unidos– que omitieron reportar un intento de sobornos.

En ese contexto, Pfizer decidió cortar con las versiones “incorrectas”, tanto sobre las negociaciones que encaró con González García, como así también sobre la supuesta sugerencia de incluir a Sigman en la operatoria. “Eso no pasó”, indicaron a LA NACION desde el laboratorio.

Las declaraciones de Bullrich, sin embargo, podrían provocar la apertura de una investigación en los tribunales federales de Comodoro Py, donde la hoy titular del Pro sostuvo por televisión que se confirmarían sus dichos. “Lo tienen que investigar los fiscales de la Nación. Si llaman a las personas de Pfizer, ellos van a decir la verdad y no van a mentir como nos miente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Ahí, el pueblo argentino va a saber que el gobierno decidió que continuaran las muertes en Argentina”.

Desde el laboratorio, sin embargo, calificaron los dichos de Bullrich como un intento más por generar confusión en la sociedad, en línea con otras versiones que circularon durante los últimos meses sobre supuestas presiones para que Pfizer negociara con el camionero Hugo Moyano o una empresa de logística.

Por el contrario, tanto desde la empresa como desde la Casa Rosada coincidieron en que las negociaciones para acceder a las vacunas “siguen abiertas” y que el escollo es, hoy, legal. En particular, por la sanción de una ley que, con el voto oficialista y opositor, determinó que el Estado podía acordar condiciones de indemnidad patrimonial para los laboratorios, salvo “aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”.

“Hoy ese escollo jurídico es insalvable”, indicaron desde la Casa Rosada a este diario, “pero estamos trabajando para superar ese problema, firmar con Pfizer y acceder a las vacunas”, indicaron.

Mientras buscan destrabar esa negociación, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini viajaron a México para evaluar los avances en la producción de vacunas de AstraZeneca, que incluyó una etapa inicial de producción local, en el labotarorio mAbxience, del Grupo Insud, de Hugo Sigman.

Tras varios meses de demora, el primer envío de esas vacunas desde México debería concretarse durante los próximos días, según afirmaron desde el Gobierno, aun cuando los investigadores de la Anmat detectaron “sedimentos” o “residuos” en las ampollas que recibió de AstraZeneca para su análisis preliminar, como reveló LA NACION la semana pasada.

Desde la Anmat indicaron que el “incidente” habría sido “solucionado” sin más precisiones en cuanto a los resultados obtenidos del análisis de esos sedimentos. A la vez, confirmaron que el procedimiento continúa con el pedido de información y documentación adicional a AstraZeneca. No está claro si este proceso podría demorar la aplicación de las vacunas.

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