Tras el millonario escándalo, la tarjeta SUBE quedó bajo control de la UBA
La Facultad de Económicas audita el sistema financiero de la tarjeta por $14 millones, cinco veces más barato que el contrato cancelado por irregularidades
Después de la escandalosa supervisión de la SUBE liderada por el inglés Stephen Chandler, el Ministerio del Interior firmó una nueva auditoría para controlar el funcionamiento del boleto electrónico. Florencio Randazzo contrató a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por casi $14 millones para llevar las cuentas de la tarjeta.
En el convenio, suscrito el 26 de diciembre de 2012, la Facultad de Ciencias Económicas se comprometió a "asistir técnicamente en la supervisión de la implementación y funcionamiento de la SUBE ", de acuerdo al documento que obtuvo LA NACION mediante un pedido de acceso a la información pública.
La casa de estudios recibirá 36 pagos mensuales de $387.200 por la consultoría, casi cinco veces menos que la auditoría de la SUBE firmada por el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi , que cotizó $65 millones. Ahora la Justicia investiga al ex funcionario por diversas irregularidades en aquel contrato.
La operación más importante que realizan los técnicos de Económicas es revisar el sistema que permite la circulación del dinero de la SUBE , una tarea que ejecuta Nación Servicios SA (NSSA), un organismo dependiente del Banco Nación. El flujo cash que mueve la tarjeta representa al menos $45 millones diarios en concepto de viajes que se cobran por adelantado.
El contrato, que está vigente hasta fines de 2015, fue firmado por el entonces decano de Económicas, Alberto Barbieri, ahora rector de la UBA. El académico es un hombre con llegada en el kirchnerismo. Su vínculo más fuerte lo estrechó con el ministro de Planificación, Julio de Vido , más específicamente con su mujer Alessandra Minnicelli, ex secretaria adjunta de la Sindicatura General de la Nación.
También subsidios
No es la única tarea que Económicas realiza para Transporte. La facultad maneja otra pieza importante para los números del sector: confecciona la metodología para calcular los costos del transporte de colectivo, un estudio clave para los subsidios. Randazzo implementó los controles a los subsidios a través de la SUBE con el sistema de GPS. Sin embargo, la Justicia investiga ahora al funcionario por la demora en ejecutar este procedimiento en años anteriores.
La Facultad de Económicas controla la circulación del dinero de la SUBE. Un flujo de cash cercano a los $45 millones por día
"Este es un contrato chico para los convenios que maneja la facultad con otros organismos públicos", dijeron desde Económicas. Y aseguraron que desde la llegada de Barbieri, los proyectos entre Transporte y la UBA se multiplicaron. "Y si, la simpatía política ayuda", reconoció otra fuente de la universidad.
Los técnicos de la facultad están en contacto con la Subsecretaría de Gestión del Transporte, el área que maneja gran parte de la SUBE, para remitir los informes mensuales con la evaluación sobre el funcionamiento del sistema.
"Nuestro trabajo consiste en reportar los errores de Nación Servicios al ministerio. Casi todo está en regla, pero siempre hay roces naturales por algún número que no cierra, por diferencia en los plazos o por cuestiones metodológicas", contaron desde la UBA. Los auditores también mantienen relación diaria con NSSA: la supervisión de la tarjeta funciona en el mismo edificio que la entidad bancaria. "Es lo más cómodo para poder revisar papeles y archivos", dijeron desde la facultad.
La auditoría de Económicas emplea a 32 personas, indicaron desde Transporte. LA NACION intentó conocer el sueldo de los empleados pero las autoridades aseguraron que se trataba de información privada. Tampoco quisieron responder los llamados de este medio para conocer más detalles sobre el funcionamiento del sistema de control de la tarjeta.
El viejo contrato
El primer contacto de Randazzo con la supervisión de la SUBE sucedió en pleno escándalo mediático. El contrato firmado en 2010 por Schiavi con el aval del Banco Mundial por $65 millones está bajo la lupa de la Justicia, que investiga la responsabilidad de los funcionarios de la Secretaría de Transporte y del asesor inglés Chandler.
El contrato fue suspendido por el Gobierno cuando se reveló la existencia de empleados fantasmas que cobraban sueldos en dólares. "Me parece un poco caro. Nos llamó la atención el monto de la contratación", reconoció Randazzo antes de revocarlo.
El ministro dispuso entonces que el Estado se hiciera cargo de la funciones de supervisión de la tarjeta mediante el equipo de informáticos que desarrolló el DNI. Dos meses y medio después de aquella resolución, Randazzo contrató a Económicas. El nuevo acuerdo incluye una cláusula de rescisión para finalizar el vínculo de manera "unilateral y sin causa" con 30 días de previo aviso, sin derecho alguno a reclamar indemnizaciones.
iruiz@lanacion.com.ar
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