Tras el fallo de la Corte, recrudece la desconfianza entre los mapuches y el Ejército por las 180 hectáreas de Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A unos 12 kilómetros del Centro Cívico, un puñado de familias de la comunidad Millalonco Ranquehue sostiene un reclamo territorial que ha tenido muchas idas y vueltas en los últimos años. En las 180 hectáreas en cuestión -registradas a nombre del Ejército Argentino desde la década de 1940- la comunidad mapuche tehuelche posee varias viviendas y un salón de usos múltiples en el que suelen organizarse diversos eventos sociales y culturales.

El predio, en la ladera oeste del cerro Otto, frente al Puente Negro que permite ingresar al barrio Los Coihues, está sobre la ruta provincial 82, que conecta la avenida Bustillo con la ruta 40.

Aunque lleva años, el conflicto territorial volvió a ser noticia esta semana, luego de que la Corte Suprema decidiera suspender la entrega de las tierras a la comunidad Millalonco Ranquehue.

Marta Ranquehue es la werken (vocera) de la comunidad y prefiere no hablar sobre el fallo de la Corte. “La verdad es que a nosotros no nos van a escuchar ni nos van a entender. No es de ahora que estamos en lucha, hace más de 80 años. Y nunca nos han escuchado”, dice. En 2012, el INAI reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de esa comunidad sobre una superficie de 180 hectáreas.

Por su parte, desde el Ejército afirman que en las tierras en las que se asientan los mapuches solían hacerse prácticas de entrenamiento militar. La tensión se mantiene especialmente desde octubre de 2020, cuando la comunidad Millalonco Ranquehue denunció que miembros del Ejército destruyeron un invernadero comunitario de 200 metros cuadrados.

La relación entre el Ejército y las comunidades mapuches que habitan en la zona ha ido cambiando a lo largo de los años. En las laderas del cerro Otto viven otras dos comunidades, José Celestino Quijada y Trypay Antu. Y a pocos kilómetros, también la comunidad Tambo Báez mantiene una confrontación territorial con el Ejército: esas familias ocupan desde 1924 unas 500 hectáreas en el kilómetro 17 de la ruta provincial 79.

La construcción de la guarnición militar San Carlos de Bariloche, en la que actualmente funciona la Escuela Militar de Montaña (que esta semana cumplió 59 años), comenzó en 1937. Dedicados a la agricultura y ganadería familiar, y conocedores de la región, muchos mapuches colaboraban con los militares como baqueanos.

“Mi abuelo les vendía leche. Incluso hubo un reconocimiento del Ejército en el que le agradecían la colaboración. El conflicto empezó cuando el Ejército declaró la región como zona de frontera. Por la cercanía con Chile y ante una posible guerra, el Ejército tomó las tierras en custodia. Por eso, nunca pudimos avanzar con los papeles del título de propiedad”, contó el año pasado a LA NACION Jorge Nabarlaz, nieto de Pedro Báez, que llegó a la zona alrededor de 1910 desde Chile.

La situación judicial

A mediados de marzo, el juez Gustavo Villanueva, a cargo del Juzgado Federal de Bariloche, intimó al Poder Ejecutivo Nacional a que, en el plazo perentorio e improrrogable de 30 días, transfiriera a título gratuito al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el dominio de estos terrenos para que fueran adjudicados de forma inmediata, en propiedad, a la comunidad mapuche.

Villanueva dispuso ejecutar un fallo de 2022. En aquel momento, la entonces jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, ordenó la entrega de las 180 hectáreas a la comunidad mapuche. Ese fallo fue apelado ante la Cámara de General Roca, que entendió que la medida fue recurrida por el Ejército fuera de término, por lo que dejó firme el fallo de la magistrada, que luego se jubiló. Por la decisión de la Cámara, la fiscalía presentó un recurso ante la Corte.

Ahora, los jueces de la Corte Suprema sostuvieron que la decisión de Villanueva reviste “gravedad institucional” y que “implicó avanzar en la ejecución de la sentencia de primera instancia aun cuando no se encontraban configuradas las condiciones expresamente previstas en dicho pronunciamiento para proceder de ese modo” porque la decisión no estaba “firme”.

La Corte añade en su sentencia que, además, cuando el juez de primera instancia dispuso la intimación ya estaba vigente una “prohibición de innovar” ordenada por la Cámara Federal porteña que impedía la entrega de las tierras.

El conflicto entre la comunidad Millalonco Ranquehue y el Ejército no es el único que lleva años en la Justicia. En 2018, la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la nulidad de una sentencia que había ordenado otorgar a la comunidad mapuche Trypay Antu la propiedad de las tierras en las que viven. La Cámara entendió que “la litis se integró defectuosamente, pues se ha omitido otorgarle participación a la provincia de Río Negro, jurisdicción donde se asientan las tierras cuyo reconocimiento la actora pretende”.

Las seis familias de la comunidad Trypay Antu habitan al lado de la comunidad Millalonco Ranquehue. También se dedican a la agricultura: en ese lugar funciona la chacra agroecológica Trypay Antu, un emprendimiento productivo cooperativista que nuclea a una decena de productores de la zona. La chacra cuenta con el apoyo, la certificación y el seguimiento técnico del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (Irnad), del Conicet y de la Universidad Nacional de Río Negro.

En la comunidad Trypay Antu son muy críticos de los fallos judiciales y los criterios procesales. “Es la esquizofrenia del Estado, que por un lado te dice una cosa y por el otro, hace otra”, dicen.

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