Tras el comunicado conjunto, el Gobierno toma distancia de México y Colombia y modera su defensa a Castillo en Perú

El gobierno de Alberto Fernández y la Cancillería que encabeza Santiago Cafiero se tomarán un tiempo prudencial para volver a manifestarse sobre la situación política en Perú y el expresidente Pedro Castillo, destituido la semana pasada luego de un fallido intento de disolver el Congreso de su país.

Desde el Gobierno consideran que la postura de los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México) y Gustavo Petro (Colombia) van más allá de lo deseable en su defensa del ex presidente, detenido por las autoridades policiales de Perú.

Después del intento de autogolpe, los gobiernos de la Argentina, México, Colombia y Bolivia expresaron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo”, a quien ven como “víctima de un antidemocrático hostigamiento.

“No podemos avalar todo, es un dirigente que promovió un golpe de Estado”, comentaron desde la Cancillería. “La Cancillería está siguiendo el tema muy de cerca, el Presidente también. Perú es un pueblo hermano y esperamos que la democracia funcione, que funcione a pleno, se restablezcan los mecanismos democráticos con la mayor rapidez posible y se preserven los derechos y garantías, sobre todo del pueblo peruano”, dijo a LA NACION la portavoz Gabriela Cerruti durante la conferencia de prensa semanal en Casa Rosada. No mencionó a Castillo, quien ayer agradeció públicamente la carta en la que el Presidente, junto a sus pares de México, Colombia y Bolivia, pidió “respetar los derechos humanos” del depuesto presidente peruano y “respetar la voluntad popular”.

Al igual que en relación a la elección del presidente del BID, Fernández y López Obrador sostienen hoy posturas diferentes. El mandatario mexicano dijo ayer en su conferencia de prensa diaria que Castillo “sigue siendo presidente del Perú”, y que “ganó democráticamente, no se lo puede destituir, aunque esté en la Constitución, porque tiene una falla de origen”. Petro, en tanto, y según fuentes oficiales, fue quien insistió para que el comunicado conjunto mencione la “campaña de antidemocrático hostigamiento” sufrida por el ya expresidente peruano por parte de “los medios y la oposición” de ese país.

En el Gobierno y el Palacio San Martín aseguran que Fernández reconoció, en los hechos, a la vicepresidenta Dina Boluarte, como nueva titular del Poder Ejecutivo de ese país. “Hablaron por teléfono el domingo y entre ellos está todo muy bien”, comentaron cerca del Presidente con el objetivo de mostrar un vínculo aceitado con las autoridades provisorias de Perú, en medio de una crisis social y política que aún está lejos de terminar.

“Creo que en estos países la información está saliendo distorsionada o errónea. Acá nadie ha sacado al presidente del cargo. Lo que ha sucedido es que Castillo ha dado un golpe, ha querido cerrar el Congreso e inmediatamente tomar los poderes del Estado”, señaló ayer Boluarte en conferencia de prensa antes de indicar que se comunicaría con los gobiernos que firmaron el comunicado “personalmente, vía telefónica”.

Desde la cárcel, Castillo volvió a apuntar contra la oposición peruana, a quienes acusó de no respetar la voluntad popular “ni un minuto” desde que asumió su mandato en julio de 2021 y de perpetrar “actitudes nefastas como negarme salir a los hermanos países Colombia y México”, en referencia concreta a los dos presidentes latinoamericanos que hoy lo defienden con más ahínco.

De continuar con su postura moderada, el Gobierno deberá analizar la postura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ya anunció que buscará “conversar” con Fernández para que la Celac, que preside, “considere un golpe de Estado” contra Castillo lo ocurrido en Perú. “Voy a conversarlo con Fernández para que se respeten los derechos del pueblo peruano y del profesor Castillo”, afirmó el mandatario venezolano.

De buen vínculo con Castillo, a quien reconoció incluso antes de haber concretado su victoria, el Presidente evitó en un primer momento una condena directa hacia la actitud del mandatario peruano, quien dos horas después de intentar disolver el parlamento fue destituido y detenido.

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