Tras dos rechazos, la AFIP dio luz verde a Cristóbal López para levantar la quiebra de Oil Combustibles
El visto bueno fue otorgado pese a que la Justicia y el propio organismo recaudador habían cuestionado los manejos del empresario kirchnerista y estimado sus deudas en $11.800 millones
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Mientras todas las miradas se concentraban en la Corte Suprema, Cristóbal López y Fabián de Sousa dieron un paso sustancial en sus planes reivindicatorios. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio su consentimiento y la petrolera Oil Combustibles, la nave insignia del Grupo Indalo, podrá al fin resurgir de sus cenizas.
El paso formal solo trascendió hoy, cuando una abogada de la AFIP comunicó que el organismo tributario que lidera Mercedes Marcó del Pont dejó atrás varios meses de dilaciones y dio su visto bueno para que Oil Combustibles ingrese a la moratoria y, de ese modo, levante su quiebra.
De inmediato, el Juzgado en lo Comercial que desde 2016 tramita el concurso y posterior quiebra de la petrolera comunicó la decisión de la AFIP a los letrados de la propia Oil, como así también a los síndicos, aunque se descuenta que el expediente avanzará hacia su cierre por “avenimiento”.
“En línea con ello, la deudora deberá cumplir con la adhesión definitiva al régimen otorgado dentro de los 30 días corridos de notificada la conclusión de la quiebra”, comunicó la letrada de la AFIP, y le solicitó al Juzgado que tome una batería de medidas para garantizar que el organismo cobre deudas multimillonarias que Oil Combustibles acumuló durante los últimos años.
Para López y De Sousa, la decisión de la AFIP resultó un avance clave para recuperar el control definitivo del Grupo Indalo, mientras denuncian que fueron víctimas de una persecución entre 2015 y 2019 que lideró el entonces presidente Mauricio Macri y ejecutó su “mesa judicial”.
El dúo patagónico llegó a ser detenido en diciembre de 2017, por orden del juez federal Julián Ercolini, y excarcelado en marzo de 2018 por la Cámara Federal. Pero apenas seis semanas después, la Casación Penal revocó ese fallo y ordenó que ambos retornaran a una celda.
Para los empresarios el contundente triunfo electoral de Alberto Fernández en las primarias de 2019 marcó un punto de inflexión. En octubre de ese año fueron excarcelados, aun cuando debieron sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral por presunta defraudación agravada al Estado.
Durante su campaña, Fernández evitó aludir a López y De Sousa, a quienes brindó “asesoramiento en materia penal”, según consta en al menos una factura que los administradores judiciales encontraron al revisar las cuentas de Oil Combustibles. Y ya como jefe de Estado impulsó la moratoria que, según la oposición, resultó un “traje a medida” de las necesidades de sus otrora clientes.
Consultado en 2018, sin embargo, Alberto Fernández dijo a LA NACION que nunca cobró esa factura por $435.000. Indicó que se anuló y que no correspondía a la petrolera sino a su labor para otras firmas del holding. “Era el monto correspondiente a varios meses de asesoramiento a varias empresas, y no tiene nada que ver con asesoría penal a López o a De Sousa, donde no me metería jamás porque está de por medio un juez al que quiero mucho, Julián Ercolini. Solo me involucré para intentar darle una salida a la crisis del grupo, nada más”, precisó en aquel momento el actual Presidente.
Para la oposición, de todos modos, la moratoria que impulsó Fernández resultó un “salvataje a los amigos del poder”, por lo que votó en contra en el Congreso. “Esta moratoria es un golpe bajo para muchos ciudadanos; por ejemplo, para aquellos que deben pagar el anticipo de ganancias de 2019 y no están incluidos en la moratoria”, enfatizó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff. “Es una bofetada al sentido común”.
La tercera, la vencida
Para López y De Sousa, las sombras comienzan a quedar atrás. Accedieron a la moratoria tras acumular dos intentos fallidos en los inicios de la gestión de Marcó del Pont. Ocurrió durante 2020, cuando el organismo rechazó sus solicitudes y cifró en casi $11.800 millones la deuda de Oil entre capital e intereses.
La AFIP fue más lejos. En el expediente del concurso sostuvo que resultaba “cuanto menos pueril en orden a las circunstancias fácticas base del proceso” sostener que los problemas comenzaron en 2016, “una semana antes de su solicitud de concursamiento”, como argumentan López y De Sousa.
La Cámara de Apelaciones en lo Comercial compartió, por unanimidad, la posición de la AFIP. Recordó que la petrolera llegó a acumular 192 planes de pagos con la AFIP y “muchos de tales planes caducaron dejando saldos impagos a refinanciar que se incluyeron en acogimientos de planes de pago posteriores” mientras que Ricardo Echegaray lideró el organismo.
Ahora, transcurrido más de un año desde que se registraron aquellos dos rechazos iniciales, y con la aprobación de una nueva moratoria de por medio, llegó la luz verde de la AFIP.
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