Tras ser adquirido por el Grupo Octubre, la Justicia intervino Canal 9
LA NACION
La Justicia decidió intervenir Telearte S.A., la empresa dueña de la licencia de Canal 9. Eduardo Malde, a cargo del juzgado comercial N°20, designó como interventora en la emisora a Laura Filippi, a pedido de Ángel González y González, el empresario mexicano que se encuentra en una larga batalla legal con Carlos Lorefice Lynch por la propiedad del canal tanto en los tribunales de la Argentina como los de los Estados Unidos. Filippi ya se encuentra desde anteayer en la empresa desempeñando sus funciones.
Desde el entorno de Lorefice afirmaron ante la decisión judicial: "González González manipula herramientas judiciales para usar a su favor y extorsionar a Lorefice Lynch."
El Grupo Octubre, que lidera el sindicalista Víctor Santa María, anunció la semana pasada que le había comprado a Lorefice el control accionario de la compañía y la de FM Aspen.
"Ante desmanejos, anuncios de ventas, situaciones fuera de lo común, la justicia argentina decidió intervenir Telearte Canal 9 y desplazar al director Carlos Lorefice. La intervención fue solicitada por el empresario Ángel González y González y el grupo Albavisión", afirmó la comisión interna del canal de Palermo en un comunicado al que LA NACIÓN tuvo acceso.
Una sentencia reciente de la justicia estadounidense favoreció al empresario mexicano, quien denunció a Lorefice como el autor de un "robo" de sus acciones en Telearte.
La Justicia estadounidense ordenó el pasado 22 de septiembre el desalojo del directorio de Canal 9.
En un fallo anterior, la misma jueza del tribunal de distrito del estado de Delaware, Morgan Zurn, quien interviene en el expediente, había ordenado que Lorefice Lynch, que afirma ser propietario de Canal 9, restituya en forma inmediata la emisora al Grupo Albavisión, de González González, pero la devolución no se produjo porque hubo una apelación.
Esa apelación desembocó en la nueva sentencia, en la que se destaca que "sería inapropiado permitir que Lynch retuviera el poder que solo obtuvo por acusaciones falsas de mala fe ante este Tribunal".
El juicio se instruye en los tribunales de Delaware porque allí están radicadas las sociedades que controlan a la empresa con estudios en la calle Conde.
Además, el fallo de la jueza Zurn aseguró que tras analizar el caso, llegó a la conclusión de que las acusaciones de Lynch"eran falsas y se presentaron de mala fe en un esfuerzo por robar lo que no era suyo. Lynch nunca fue el titular: presentó este litigio como un intento de apoderarse de la propiedad, no de retenerla".
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