Tras aprobar la Ley Bases, el Congreso encara una segunda etapa marcada por las urgencias de las provincias y las demandas a Milei

“El Presidente ya no tiene más excusas”. La reflexión sonó a advertencia en la voz de un encumbrado diputado opositor que se dice dialoguista mientras se retiraba, raudo en la madrugada del viernes, del recinto de la Cámara de Diputados. Tras doce horas de debate que, en rigor, estuvieron precedidos de seis meses de ingentes negociaciones, Javier Milei logró por fin la ansiada sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal. Un triunfo que, paradójicamente, le arrebata el insumo más preciado de su retórica para justificar, en las demoras del Congreso, sus déficits en la gestión.

En efecto, con estas herramientas ya sancionadas Milei ya no podría apelar al pretexto de que “la casta” le impide gobernar, coinciden los opositores de distintas cepas. A partir de ahora, no solo deberá demostrar una gestión más activa, que se traduzca en un ajuste que afecte mucho más a la política y a la propia estructura del Estado que a la ciudadanía, sino que además será blanco de mayores demandas. Especialmente, por parte de algunos gobernadores provinciales y de los legisladores dialoguistas, que esperan cobrar por los servicios prestados al Gobierno.

Tras la sanción de la Ley Bases, tanto Milei como el Congreso ingresan en una segunda etapa, aunque por carriles separados y con agendas disímiles entre sí, lo que augura nuevos focos de conflicto. Mientras el presidente fantasea con un relanzamiento de su gestión con la llegada al gabinete de Federico Sturzenegger y su nueva “Ley Hojarascas” –un peyorativo para aludir a la maraña de regulaciones que impregnan la maquinaria estatal y que esta norma pretende eliminar-, a los gobernadores y sus terminales en el Congreso los urgen necesidades terrenales más perentorias.

Se trata de necesidades ligadas a las vicisitudes de la economía real: el retardo en la reactivación de la obra pública en las provincias; el corte abrupto en los subsidios al transporte automotor en el interior del país; el desfinanciamiento de las universidades públicas; la demora por parte de la Nación a concretar los giros a las cajas jubilatorias no transferidas a las provincias y las deudas de la Nación con las provincias por el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), suspendido por el Gobierno desde principios de año.

No será la primera vez que los gobernadores usen a la tropa en el Congreso como punta de lanza para presionar al Gobierno. Lo hicieron con la Ley Bases y con el paquete fiscal: a cambio de su apoyo algunos se llevaron como trofeo una suba en las regalías mineras; otros lograron que se retirara el artículo que preveía un aumento en las retenciones al agro, mientras que la mayoría se llevó el compromiso de que la Nación reanudaría obras públicas más avanzadas que el Gobierno frenó en sus provincias.

No solo eso: respecto del régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI), los gobernadores y sectores de la industria lograron incluir un resguardo para el entramado productivo local. Como frutilla del postre, las provincias también se llevaron la restitución del impuesto a las Ganancias –y su consiguiente recaudación- y se aseguraron que el blanqueo de capitales, sobre el que el Gobierno guarda grandes expectativas de recaudación, también sea repartido por coparticipación.

Estas y otras concesiones subrepticias que pasaron debajo del radar de las negociaciones permitieron que ambas leyes se sancionaran con una abrumadora cantidad de votos, al menos en la Cámara de Diputados. Si la estrategia resultó relativamente provechosa para los gobernadores -al menos no salieron perdidosos-, ¿qué les impediría no insistir en ella en esta segunda etapa?

Una agenda cargada

Por de pronto el radicalismo, a pedido de algunos gobernadores, solicitó semanas atrás una sesión especial a realizarse el miércoles próximo en la Cámara de Diputados para debatir el restablecimiento de los fondos para los docentes. Menudo dilema enfrentan por estas horas los correligionarios luego de que el presidente Milei los tildara de “degenerados fiscales” por haber impulsado la media sanción de una nueva ley de movilidad jubilatoria que, dicho sea de paso, espera pista en el Senado para su aprobación definitiva.

Si los dialoguistas avanzaran también en la restitución del FONID (según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso insumiría un gasto de $1294 millones), los epítetos del presidente llegarían al límite de lo irreproducible.

“Este fin de semana vamos a resolver si mantenemos o no en pie la sesión especial”, deslizan en la bancada radical, divididos entre quienes insisten en jugar a fondo y los que recomiendan cautela frente a un gobierno que, mal que les pese, aún goza de la confianza popular.

En paralelo, intendentes de medio centenar de municipios presionan por un trato equitativo en el reparto de los subsidios al transporte que distribuye la Nación, ampliamente favorecidos para el AMBA. La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, que preside la radical mendocina Pamela Verasay, receptó sus reclamos y espera un guiño del secretario del área, Franco Moggetta -quien se comprometió a ir a la comisión- para que desactive un conflicto que amenaza con escalar.

También urgidos están los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, que protagonizaron la semana pasada una postal conjunta para reprocharle al Gobierno su incumplimiento en su compromiso legal de financiar los déficits de los sistemas previsionales de las provincias que no fueron transferidos al ámbito nacional.

“No aguantamos más”, advirtió Maximiliano Pullaro, acompañado por Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). La paciencia está llegando a su límite. Si el Gobierno no reacciona, la contraofensiva vendrá, cuando no, por el Congreso. El Senado podría gatillar, más temprano que tarde, el proyecto de movilidad jubilatoria que incluye, entre una de sus cláusulas, que las deudas con las cajas previsionales provinciales se abonen con fondos de impuestos con asignación específica a la ANSES, como el impuesto al Cheque, el impuesto PAIS y el IVA.

¿Y si Milei veta la norma, como prometió? Los legisladores no desesperan: el debate sobre el proyecto de ley de presupuesto 2025, que se presentará en dos meses, será el escenario para la revancha. Será una puja encarnizada por los recursos, siempre escasos, en la que las provincias procurarán evitar que la Nación, en nombre del superávit fiscal, sacrifique fondos que creen legítimamente suyos.

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