Transición conflictiva en Vialidad: aseguran que peligran obras

La transición está siendo especialmente hostil en Vialidad Nacional. Unos 200 administrativos realizan desde hace varios días una retención de tareas por un reclamo salarial. Desde el Ministerio de Transporte aseguran que desde las elecciones "el organismo está apagado" y que la ejecución de las obras "está en peligro" porque están frenados los pagos a las empresas. Atribuyen la medida de fuerza a motivaciones políticas.

Los gremios que agrupan a los trabajadores de Vialidad aseguran que el paro responde a un viejo reclamo por una deuda salarial con los empleados que trabajan en las áreas financieras y contables del organismo, que tiene presencia en los 24 distritos del país.

El Gobierno apunta al gremio que talla con más fuerza dentro de Vialidad, el Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara), afín a los Moyano y a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que lidera Juan Carlos Schmid.

Pago adicional

El eje del conflicto es la resolución 1311 del año 2011, emitida por el administrador de Vialidad Nacional del kirchnerismo, Nelson Periotti. Esa normativa reconoció una suma adicional en el salario para quienes tuvieran "corresponsabilidad contable". Es decir, para agentes de los circuitos financieros, contables, presupuestarios y de tesorería del organismo.

En 2016 los gremios aseguraron que el beneficio se otorgaba de forma arbitraria y comenzaron a reclamar que fuera extensivo a todos los administrativos de Vialidad.

Fuentes oficiales reconocieron que la resolución de 2011 habilitó un esquema "injusto y a dedo" que le otorgó al administrador de turno la potestad -vía resolución administrativa- de definir a los beneficiarios del plus salarial.

Con la paritaria de abril de este año, la actual administradora de Vialidad Nacional, Patricia Gutiérrez, acordó con los gremios estatales que el adicional se pagaría de forma retroactiva, para subsanar las arbitrariedades.

Pero en septiembre, la Dirección de Política Salarial, que depende de la Jefatura de Gabinete, instruyó reglamentar el bono salarial (que asciende a unos $6000) para especificar qué cargos quedarían encuadrados en el beneficio.

Esa decisión produjo un quiebre en el diálogo. Los gremios alegaron que el Gobierno "limitó los pagos del adicional a la espera de la reglamentación y afectó derechos adquiridos". Desde el 24 de octubre, los administrativos de Vialidad realizan una retención de tareas que paraliza todos los pagos a las empresas constructoras.

"Las medidas de fuerza imposibilitan el pago de los certificados de obra, requisito necesario para la continuidad de 300 obras que se están ejecutando en rutas nacionales de todo el país, y en las que se emplean 15.000 personas", señalaron en Transporte y aseguraron que "la medida de fuerza persistió en un clima de hostigamiento".

El Gobierno vincula directamente a la medida de fuerza con el contexto político. Asegura que tras el triunfo de Alberto Fernández, hubo festejos con "bombos y platillos" y escraches a funcionarios macristas en las oficinas de la avenida Diagonal Sur.

Gutiérrez especificó a LA NACION: "Todavía no hay proyectos paralizados pero hay empresas que están advirtiendo problemas para pagar a los obreros porque desde las elecciones que no se están pagando los certificados". Consultada sobre los proyectos más comprometidos, mencionó que las constructoras que trabajan en el Camino del Buen Ayre y en la ruta nacional 22 "son las que plantearon más dificultades".

La titular del Stvyara, Graciela Aleña, señaló a LA NACION: "Las obras están paradas porque Vialidad está desfinanciada. No por este conflicto, que viene de antes de las PASO". Y agregó: "El festejo de los trabajadores obedece al desahogo que causó en los trabajadores el resultado de las elecciones".

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