Toma en Guernica: el juez aceptó prorrogar el desalojo que pidió la Provincia, y fijó fecha para el 15 de octubre

Por tercera vez, el desalojo de la toma de tierras de Guernica fue suspendido por el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo. Tras una audiencia virtual realizada ayer al mediodía, el magistrado dio curso a los pedidos de postergación del gobierno provincial y la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, y dispuso el 15 de octubre como nueva fecha para el "lanzamiento", que iba a efectuarse hoy.

Según la resolución expedida por el juez Rizzo –a la cual accedió LA NACION–, "el plan de contingencia puesto en marcha viene arrojando resultados positivos en relación no sólo al abandono voluntario de los ocupantes de los predios motivo de litigio, sino, a su vez, de las necesidades de aquellas personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad".

Una vez más, el fallo judicial se contrapone a la voluntad del fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, y de los particulares damnificados, quienes solicitaron que mañana se proceda al desalojo, tal como estaba previsto.

Fuentes cercanas al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, dijeron a LA NACION que, en la reunión, pidieron al juez que el desalojo se postergase para el 14 de octubre, ya que "la reubicación viene a buen ritmo, pero necesitan más tiempo".

Según un comunicado oficial publicado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el pedido de prórroga "se funda en dos hechos nuevos que tienen alta relevancia a los efectos de resolver el conflicto: por un lado el importante nivel de adhesión a la propuesta de desocupación voluntaria en las últimas 48 hs y por otro lado el lanzamiento, en el día de ayer, del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, que brinda instrumentos para sentar las bases de una respuesta de fondo a la deficiencia habitacional de la provincia de Buenos Aires".

Reubicación de familias

Días atrás, el gobierno provincial –a través de un equipo interministerial– instaló oficinas móviles en el perímetro del predio y comenzó a gestionar acuerdos con las personas que participan de la toma, para negociar su retiro voluntario y evitar, así, un escenario de represión este jueves.

Hasta el momento, según confirmaron las fuentes del Ministerio, 294 de las 1900 familias suscribieron un acta de compromiso, en la que asumen la responsabilidad de "desocupar el predio" y "no vender, ceder ni transferir" su terreno. A cambio –según dice el acuerdo– el gobierno provincial les propondrá una "respuesta tendiente a facilitar una solución habitacional adecuada a sus necesidades" acorde a "los programas del Ministerio y de sus posibilidades presupuestarias".

El operativo gubernamental es llevado a cabo por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Derechos Humanos y de las Mujeres. También participa el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Durante la reunión –según confirmaron a LA NACION algunos de los participantes–, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, explicó al juez Rizzo que existen 52 situaciones de violencia de género en la toma y que, en algunos casos el agresor se encuentra presente. En ese sentido, pidió "más tiempo" para continuar la revisión de cada caso.

El defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, habría sostenido que todos los actores involucrados se encuentran "buscando una respuesta pacífica y razonable" para el desalojo, y que la "Provincia tiene mucha voluntad de querer resolverlo".

Reclamo de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas

La gremial de abogados y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) habían solicitado al juez una prórroga más extensa para el desalojo, que contempla 90 días más, con el fin de que la Provincia tuviese tiempo para negociar "tierra por tierra", dentro o fuera del descampado de Presidente Perón, según dijo a LA NACION María del Rosario Fernández, una de las abogadas de la causa.

Los abogados se apoyan en la jurisprudencia del fallo reciente del juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, que se negó a desalojar a los ocupantes de El Bolsón, tras indicar, entre otros fundamentos, que su "reclamo es inherente a la crisis habitacional que sufren, y no a la porción específica de tierra que hoy ocupan". Según la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, el caso de Guernica es "idéntico" ya que "los ocupantes lo único que solicitan es una porción de tierra" y "la premisa es tierra por tierra".

Preparativos en el lugar

Mientras tanto, preparadas para el desalojo, algunas personas de la toma cavaron fosas en los perímetros del terreno y sumaron ruedas como obstáculos, para dificultar el avance del personal policial.

En paralelo, las organizaciones sociales y los delegados de los ocupantes preveían una vigilia para esta noche, en Guernica, para recibir "pacíficamente" el día del desalojo. Para los referentes sociales, "el Gobierno solo quiere sobornar a las familias, desesperadas, ofreciéndoles $40.000 para que se vayan" –según manifestaron a LA NACION voceros de Polo Obrero–.

"Este lunes, en el marco de la movilización que hicimos a La Plata, tuvimos reunión con funcionarios de Provincia, sin avances. Kicillof no nos recibió y nuestra propuesta de solución no fue escuchada. Así que solo nos queda seguir la batalla judicial y prepararnos para el desalojo", dice un comunicado oficial, emitido ayer por los delegados de la toma y las organizaciones sociales.

El comunicado hace referencia a la mesa de diálogo que se llevó a cabo el lunes en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en la que participaron representantes del gobierno provincial, la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, las organizaciones sociales y los delegados de la toma. A la mesa se sumó un equipo de geógrafos, que acompañó a los referentes de la ocupación para asesorarlos respecto de las particularidades del descampado de Presidente Perón en el cual se instalaron.

Los técnicos ayudaron a elaborar una propuesta –que fue presentada ante las autoridades provinciales y enviada al juez Rizzo por la gremial– en la que se pide al gobierno que urbanice una parte del predio, catalogada como "inmueble urbano baldío", en el marco de la ley 14.449 de acceso justo al hábitat.

En el escrito, los abogados alegan que ciertos terrenos tienen "comprobable estado de abandono hace décadas" y una "extremadamente débil situación de titularidad dominial por parte de los reclamantes". Según la gremial –y en base a la normativa– la superficie reuniría "las condiciones necesarias para poder ser objeto de intervención estatal y dar paso a la utilidad social".

Los integrantes del cuerpo de delegados de la toma, las organizaciones sociales y el grupo de técnicos –conformado por los geógrafos y arquitectos– presentaron la propuesta de urbanización, hoy, en el Obelisco, en el marco de una nueva manifestación en rechazo al desalojo.

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