Tierra fiscal, vendida como "barrio privado"

Un predio del Estado nacional, una reserva natural de humedales, un sitio arqueológico y un puñado de lotes ilegalmente comercializados como un Barrio Privado Boliviano y atravesados por disputas que se dirimen y repiten con violencia. Todo eso son, desde hace años, las 44 hectáreas en el triángulo formado por la autopista Riccheri, el Camino de Cintura y el río La Matanza, en Ciudad Evita.

Las tierras pertenecen a la actual Agencia de Administración de Bienes del Estado que, en 1983, concedió una de sus tres parcelas a Oscar Carballo, como "depositario ad honorem" y bajo la condición de que debería devolverlas al primer requerimiento. Fallecido Carballo, los terrenos no solo no fueron restituidos al Estado, sino que su posesión fue reclamada por María Isabel Carballo, su hija.

Contra Carballo, su hija y un presunto socio, Rodolfo Pardo, apuntan las denuncias tanto del Estado como de los vecinos que sostienen haber comprado de buena fe terrenos que iban a conformar un futuro Barrio Privado Boliviano.

Esas tomas y ventas ilegales denunciadas en la Justicia ya impidieron que en 2007 la municipalidad de La Matanza tomara posesión de otra parcela cedida por el Estado nacional para levantar un centro de transferencia de residuos.

A la iniciativa también se opusieron organizaciones ambientalistas, que apuntan a conservar los humedales del río La Matanza, y culturales, que señalan la riqueza arqueológica del sitio.

Estas organizaciones reclamaron la custodia policial para poder ingresar a los terrenos, tras denunciar ataques y amenazas con armas blancas y de fuego por parte de los "comercializadores" del barrio.

Ante la imposibilidad de desalojar y recuperar los terrenos y para evitar nuevas tomas, a lo largo de la última década el Estado nacional denunció penalmente a María Isabel Carballo, solicitó una medida de no innovar (primero ante el Juzgado Federal de Morón, luego en los tribunales de San Martín) y reclamó la custodia policial para evitar nuevas intrusiones.

En paralelo, la municipalidad de La Matanza fue rechazando la aprobación de planos y las autorizaciones para construir presentadas por los ocupantes. El pedido iniciado por el propio Pardo llegó hasta la Suprema Corte bonaerense, que lo rechazó en agosto de 2016.

El 1° de noviembre, el Estado nacional, a través del AABE, y la municipalidad de La Matanza iniciaron la construcción de un cerco perimetral en los predios no tomados. También se contrató un servicio de 18 policías adicionales.

Eso no impidió que, en la madrugada del jueves, unas cien personas intentaran una nueva toma. Alrededor de las 6 de la mañana, Rodolfo Orellano fue asesinado de un disparo por la espalda. La Justicia deberá decir si fue una bala policial o de los ocupantes del predio. Lo que no podrá decir es que fue un hecho inesperado.

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