Termina un megajuicio contra Ricardo Jaime y Julio de Vido por corrupción
La fiscal Gabriela Baigún pedirá las condenas; acusan al exsecretario de Transporte de comprar un avión de US$4 millones de dólares y un barco de US$1,2 millones; suman otras acusaciones por los trenes chatarra
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El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, entre otros 22 exfuncionarios del kirchnerismo, allegados y empresarios, enfrentarán desde este lunes los alegatos finales de un megajuicio oral y público que se les sigue por enriquecimiento ilícito, por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, por el uso de autos oficiales en beneficio propio y por la entrega de subsidios a los concesionarios del tren Belgrano Cargas. A Jaime, el único exfuncionario preso en esta causa, se le adjudica la compra de un avión de casi US$4 millones y un yate de US$1,2 millones, entre otros bienes.
La acusación estará a cargo de la fiscal Gabriel Baigún y el tribunal oral federal que deberá decidir sobre el futuro de los acusados está integrado por los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero.
Baigún puede pedir condenas y eventualmente algunas absoluciones de los acusados. Se trata de la fiscal que en julio pasado, en la causa por el Plan Qunita, promovió y obtuvo la absolución de funcionarios y empresarios al entender que no hubo sobreprecios ni direccionamiento en la compra de materiales para un kit destinado a madres de bajos recursos de niños recién nacidos.
Además de Jaime, el exministro de Planificación y exdiputado Julio de Vido se encuentra entre los acusados en este megajuicio por la compra delos trenes chatarra a España y Portugal.
Jaime fue secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner. Fue el primer exfuncionario kirchnerista en admitir el cobro de sobornos. Está preso desde 2016 y fue condenado a siete años de prisión por administración fraudulenta y por estrago culposo por la tragedia ferroviaria de Once. Antes ya había condenado por peculado y por instigar al falso testimonio.
El juicio comenzó abril de 2019 por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y defraudación por administración fraudulenta. Están imputados De Vido y Jaime, entre otras 21 personas.
Jaime está acusado de incrementar su patrimonio sin justificación con la adquisición de un enorme yate de US$1,2 millones y de un avión Learjet de US$4 millones, además de casas, hoteles, lotes, autos, departamentos y motocicletas. Junto con Jaime están acusados Julieta Jaime, Silvia Reyss, Agostina y Lorena Jayo, Sebastián Ledantes, Norberto Ledantes, Graciela Vigna, Manuel Vázquez, Julián Vázquez, Alfredo Pielach y Lisandro López, Ignacio Julián Soba Rojo, Silvano del Carmen Mazzuchelli, Carlos Lluch y Raúl Viola. En la investigación del caso intervino el fiscal Carlos Rívolo.
En la causa por enriquecimiento ilícito, que instruyó el juez federal Sebastián Casanello, se lo acusó por haber adquirido mediante testaferros el yate Altamar 64, ahora ploteado por Prefectura Naval como destinado a “la lucha contra el crimen organizado” y navegando por el Delta. El Altramar 64 se encontraba en Piriápolis, Uruguay, desde donde fue repatriado.
Jaime está acusado de adquirir un hotel en Carlos Paz, una radio y un diario en Córdoba, y entre otros bienes se cree que adquirió el Jaime un avión LearJet 31A, matrícula era N786YA, que está en los Estados Unidos. El avión fue adquirido por una offshore de Costa Rica, Pegasus, cuyo apoderado era Julián Vázquez, hijo del exjefe de asesores de Jaime, Manuel Vázquez.
En la acusación de la compra de trenes usados a España y Portugal Jaime está acusado de hacer esas adquisiciones por unos 100 millones de euros, con sobreprecios y con la sospecha del pago de sobornos, y los vagones quedaron inútiles herrumbrados y arrojados al costado de las vías. Por esas maniobras investigadas por el fiscal Federico Delgado los imputados son De Vido, Jaime, Manuel Vázquez, Ricardo Domingo Testuri, Ignacio Julián Soba Rojo y Carlos Retuerto Castaño, acusados de defraudación por administración fraudulenta y cohecho.
Además, Jaime enfrenta acusaciones por usar en su beneficio dos autos oficiales: un Honda Civic y un Volkswagen Passat, otorgados por concesionarios viales a los que como secretario de Transporte debía controlar.
También está acusado de irregularidades en la licitación, en la ejecución de la obra y pago de sobreprecios vinculados a la rehabilitación del corredor Tucumán-Concepción del Belgrano Cargas S.A.
Por esta causa puntual, la fiscal Dafne Palopoli ya pidió una condena de dos años y ocho meses de prisión a otros tres acusados, Pedro Ochoa Romero, Graciela Isabel Coria y Angel Stafforini, y solicitó la absolución de Carlo Luigi Capelli. Con relación a Jaime, dijo que como la fiscal Baigún es quien interviene en los otros casos es quien hará el alegato de manera global.
Jaime se descompensó la semana pasada, tuvo problemas y terminó con atención en un hospital fuera de la cárcel, donde se encuentra. Su abogado pidió que lo eximieran de acudir el lunes al alegato, en el juicio que hasta ahora siguió por Zoom desde la cárcel de Ezeiza.
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