Teorías conspirativas, razones simples y la “pista política”: las hipótesis del Gobierno sobre el atentado a Cristina Kirchner

Pasaron 15 días desde que Fernando Sabag Montiel intentó matar a Cristina Kirchner. Fue el tiempo prudencial que se tomaron la vicepresidenta y su círculo íntimo para analizar el hecho, recopilar información y romper con el aislamiento y el silencio. El kirchnerismo elabora hoy un abanico de teorías sobre el ataque, que van desde las hipótesis más conspirativas hasta las explicaciones más simples.

“Ya tenemos identificados a los autores materiales. Lo que tenemos derecho a saber todos los argentinos es quiénes son los autores intelectuales, si los hubo”, dijo hoy el senador Oscar Parrilli, un dirigente que le debe entera fidelidad a la vice.

En el Gobierno, los funcionarios que son más cautos ofrecen explicaciones únicamente en base a lo que consta en el expediente judicial. “Hay que investigar todas las líneas. Por ahora pareciera que estos chicos podrían encuadrarse en lo que en el mundo se denomina aceleracionismo: grupos de ultraderecha antidemocráticos capaces de generar terrorismo. Son grupos con una mínima organización pero con mucha voluntad de generar violencia y vanagloriarse de eso”, dijo a LA NACION un importante funcionario que sigue de cerca el caso.

“Si bien se movían en tren y le contaban a los amigos lo que querían hacer por WhatsApp, también tenían una carpeta encriptada y hacían cierta inteligencia, eso hay que mirarlo”, agregó. Desestimó, no obstante, que Sabag Montiel, Brenda Uliarte y el grupo de los “copitos” tuvieran conexiones con la oposición, particularmente con Juntos por el Cambio. “El primer agredido por el grupo Revolución Federal fue (el diputado radical, Rodrigo) De Loredo”, dijo.

Otros colaboradores y funcionarios del kirchnerismo, en cambio, están convencidos de la pista política. Creen -de mínima- que los “Copitos” están efectivamente vinculados con Revolución Federal, una agrupación nueva de jóvenes de ultraderecha que tienen manifestaciones hiper violentas en redes y en la calle. De máxima, apuntan que las conexiones podrían escalar hasta los partidos libertarios e incluso al ala más dura de Juntos por el Cambio.

“Obviamente un loquito suelto no fue. Los autores materiales son chicos marginales con algún tipo de organización y mucha decisión. Pero van a seguir saliendo cosas a la luz, porque los objetivos políticos se financian. Hay un sector de Juntos por el Cambio probablemente financia a los grupos republicanos que todos los martes hacen escraches en el Congreso. Y esos grupos republicanos, a su vez, pueden tener algún nexo con los Copitos. Se va generando un contexto”, hilvanó un funcionario de La Cámpora de llegada al círculo de confianza de la vicepresidenta, que aclaró que habló a título personal. “Escraches en la casa de Mauricio Macri nunca hubo”, abundó.

En las conversaciones del kirchnerismo de los últimos días, en tanto, aparece el nombre de Jonathan Morel, el fundador de Revolución Federal. Ese joven declaró haber recibido 1.760.000 pesos de un “fideicomiso” por trabajos de carpintería, y dijo creer que se trataba del Grupo Caputo, la constructora familiar del amigo de la infancia de Macri, Nicky Caputo, que fue vendida en 2018 a TGLT. Morel negó a LA NACION que Caputo haya financiado al grupo y desde el entorno del empresario negaron conocer a Morel.

El miércoles pasado la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció en la justicia federal el contenido de una transmisión vía Twitter Space de la que participaron Jonathan Morel y Ezequiel Castelli, un soldado voluntario del Ejército, ambos miembros de Revolución Federal, en la que proponían “infiltrarse” entre la multitud militante para matar a Cristina Kirchner. La información fue aportada por el titular de la central de espías, Agustín Rossi, al expediente que lleva adelante la jueza María Eugenia Capuchetti con el fiscal Carlos Rívolo.

En el expediente judicial no hay, por ahora, ninguna prueba firme de la relación de los imputados por el atentado en Recoleta con la agrupación Revolución Federal.

La mirada de Cristina

Quienes trataron con Cristina Kirchner en los últimos días advierten que la vicepresidenta está, puertas adentro, más “cauta” y “expectante” que muchos dirigentes kirchneristas que esbozan teorías conspirativas. “A veces ante el silencio de Cristina muchos compañeros sobreactúan”, advirtió un funcionario de trato directo con la exmandataria.

“Cristina tiene plena conciencia de que trataron de matarla y que eso fue para desestabilizar a la Argentina”, dijo a LA NACION un funcionario que habló con ella en la última semana. Otra persona que la vio personalmente acotó: “Lamenta que los agresores sean tan jóvenes y que tengan estas ideas en la cabeza, fruto de los mensajes de odio que disemina la política y los medios de comunicación”.

En concreto, ayer Cristina dijo en su reaparición pública junto a curas villeros: “Los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras de violencia (...) Siempre hubo grupos pequeños de gran poder que quieren suprimir al que piensa diferente”.

Aunque muchos funcionarios destacan su cautela, a la hora de elegir a sus abogados Cristina eligió a un letrado de largo trajinar en los tribunales, José Manuel Ubeira, conocido por sus manejos defensivos-ofensivos en los expedientes y de mala relación con algunos actores de Comodoro Py, como Carlos Stornelli. Conocido por su defensa al ex comisario Juan José Ribelli en la causa AMIA, al financista Federico Elaskar en la causa por lavado de dinero conocida como “la ruta del dinero”, al exjefe del Ejército César Milani, y al empresario Oscar Thomas en la causa de los cuadernos, Ubeira supo ganarse la valoración del kirchnerismo por su performance en la causa de Dolores conocida como “operación PUF”. Fuentes de los tribunales consultadas por LA NACION señalan que Ubeira tiene “experiencia en el barro” y remarcan que su perfil es muy distinto al de Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner en al menos una decena de casos por corrupción.

Hasta que designó a Ubeira como abogado defensor, los ojos de Cristina en la causa judicial que tramitan la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, eran los del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, que tuvo acercamientos informales a los tribunales de Comodoro Py, un terreno hostil para el kirchnerismo. Ahora que Ubeira tiene acceso al expediente, podrá pedir, en representación de Cristina, medidas de prueba y formular acusaciones contra los imputados.

“Vamos a ir a dónde la prueba nos lleve. Si nos lleva a algún lugar que a algunos jueces y agentes de la política les resulta amargo, que le pongan azúcar porque vamos a estar ahí”, dijo Ubeira a LA NACION. “(El líder de los Copitos) Gabriel Carrizo parece un pobre muchacho y debe serlo, pero tiene alguna fuente de contacto o de financiación. Su abogado está muy relacionado”, agregó. Y reforzó la teoría de que quienes atentaron contra la vice no son “loquitos sueltos” ni lobos solitarios.

Según pudo reconstruir LA NACION, Ubeira está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias en el caso. Ya dejó saber que, además de la política, cree que podrían haber conexiones con los servicios de inteligencia inorgánicos y hasta con la Policía de la Ciudad, que tuvo un rol cuestionado por las autoridades del Gobierno en los días previos al atentado, por el operativo desplegado en la cuadra donde vive Cristina Kirchner.

Otro funcionario kirchnerista consideró que “no es descabellado” mirar esa línea. “No lo descartaría. Es sabido que hubo grupos de la Policía de la Ciudad que pasaron a los servicios y que hubo intercambio laboral ahí. No es toda la fuerza pero pueden haber grupitos que hacen cosas por fuera de la directiva general”, lanzó. Al momento del atentado, por un fallo del juez porteño Roberto Gallardo -que fue apelado por el gobierno porteño- la Policía de la Ciudad se había retirado de Uruguay y Juncal donde, desde hacía varias semanas, los militantes se conglomeraban, día y noche, para saludar a Cristina Kirchner en la puerta de su edificio.

El kirchnerismo viene apuntando, en particular, a un uniformado que filmó en la zona del departamento de Cristina y lo vinculó a los servicios de inteligencia. Desde la Ciudad aclararon que se trata de un oficial de la División Exteriores de Video, que se despliega cada vez que hay una manifestación donde puedan haber incidencias y que en todo momento estuvo identificado.

Un colaborador de La Cámpora apuntó: “Hay una dimensión muy oscura de lo que pasó. Lo del celular reseteado, lo de la intención de alquilar un departamento en Recoleta ¿Quién los ayudaba, quién los financiaba? Esas cosas no terminan de cerrar”.

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