Tensiones e internas en una convivencia forzada y marcada por el FMI

En una maniobra que se presumía articulada, Alberto Fernández convocó a sesiones extraordinarias para febrero, pero los 329 legisladores mantuvieron intactos sus 60 días de vacaciones y en ninguna de las dos cámaras se rompió el eterno letargo estival. Mandan allí Sergio Massa y Cristina Kirchner, sus dos socios principales del Frente de Todos. La poca influencia del Presidente en este poder del Estado quedó otra vez en evidencia el martes pasado, durante la apertura de sesiones. Casi les suplicó a los diputados y senadores que contemplen la agenda que él había propuesto en 2021 y hasta les enumeró seis proyectos de ley que quedaron apilados sin tratar. Será ahora el Congreso, el mismo que desoyó su reciente llamado a sesionar y que no se preocupó en agilizar sus iniciativas, el que defina la suerte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y muy probablemente la del rumbo que adquirirá su gobierno.

Desde el lunes y por las próximas dos semanas, el Congreso se convertirá en un campo de batalla en el que oficialistas y opositores resolverían mucho más que el refinanciamiento de los 45.000 millones de dólares que contrajo de deuda la administración de Mauricio Macri. Se podría asistir al quiebre definitivo del Frente de Todos, si es que finalmente Máximo Kirchner y su tropa no avalan el apretón de manos entre Fernández y el organismo de crédito tan denostado por su padre. Pero también podría haber una ruptura de consecuencias inimaginables en Juntos por el Cambio, que está hoy lejos de una posición común sobre cómo votar el acuerdo. Tal vez se diriman peleas de poder que ordenen los alineamientos rumbo a 2023. Pero para el Presidente, conseguir el apoyo legislativo se trata de una pulseada a todo o nada, según valoraron un ministro de su confianza y tres dirigentes sindicales que lo frecuentaron las últimas semanas.

La renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de Frente de Todos en rechazo a la negociación con el FMI dinamizó las peleas internas en el oficialismo. No se sabe aún si el hijo de la vicepresidenta se abstendrá o si votará en contra. ¿El faltazo a la Asamblea Legislativa fue otro mensaje de rebeldía? Desde su entorno se encargaron en hacer saber que el insólito argumento familiar que se divulgó a través de voceros oficiales sobre su ausencia no era cierto. Pero tampoco dieron otra versión como válida. Misterios sobre el jefe de La Cámpora que se agigantan después de haber pasado gran parte del verano recluido en el sur.

“El Frente de Todos, es de todos. Debería venir y dar la cara”, dijo un sindicalista de peso que estuvo el martes en uno de los palcos del Congreso. El malestar con Máximo habría llegado hasta Pablo Moyano, que moderó su verba y manifestó por ahora su respaldo a la negociación de Fernández con el FMI. La postura de Moyano podría ser pasajera. Les advirtió a diferentes interlocutores del Gobierno que no toleraría ajustes ni reformas laborales y previsionales. Cuentan en Camioneros que una de sus últimas advertencias fue lanzada después de haber escuchado anécdotas de su padre cuando se enfrentó cara a cara con Anoop Singh, un funcionario indio que encabezó la misión del FMI en la Argentina durante la crisis de 2001.

El diputado oficialista Carlos Cisneros, que además es dirigente sindical de la Asociación Bancaria, cruzó a Claudio Lozano, director del Banco Nación, por oponerse al acuerdo con el FMI y convocar a una marcha en rechazo. “Correspondería que renuncie a su cargo. Se manifestó varias veces en contra del Gobierno del que forma parte”, apuntó Cisneros por las redes sociales. El tucumano piensa que deberían hacer lo mismo los legisladores y funcionarios de alto rango que no avalen el trato que firmaron Fernández y Martín Guzmán.

Mientras se dirime lo del Fondo, la interna oficialista se expande en otros ámbitos. En una nota de LA NACION se contó el lunes pasado cómo se agrupan las diferentes tribus para competir por la conducción del Partido Justicialista en sus distritos. Bajo el liderazgo de Máximo Kirchner, el PJ de la provincia de Buenos Aires tendrá el 27 del mes actual elecciones partidarias en los 135 distritos. En los sitios en los que no hay lista de unidad, habría internas. De un lado jugarán “albertistas” y del otro La Cámpora. Un minúsculo ensayo de lo que podría suceder el año que viene.

Hasta en su pago los Kirchner son desafiados. El sindicalista petrolero Claudio Vidal, que accedió el año pasado a una banca de diputado nacional por Santa Cruz y desplazó al tercer lugar a la lista de Alicia Kirchner, pretende ir en 2023 por la gobernación. Distingue como a un potencial rival a Pablo González, actual director de YPF y un hombre cercano a Máximo. En los ámbitos gremiales, Vidal no calla sus críticas a los Kirchner.

Las tensiones también se palpan entre la militancia. Resultaba esperable que La Cámpora no movilizara el 1° de marzo al Congreso para la Asamblea Legislativa tras la renuncia de Máximo a la jefatura de bloque. Pero lo que sí sorprendió entre dirigentes acostumbrados a organizar este tipo de movilizaciones es que no hubo enviados de la agrupación kirchnerista en el diseño de las últimas tres demostraciones de apoyo callejero a la gestión de Fernández. “Se van abriendo de a poco”, reconoció un puntero político que juega en el conurbano para el PJ y que en la ciudad supo tributar para Pro.

Ni siquiera la posibilidad de buscar un enemigo común bajó los decibeles de la interna. Una resolución de la Oficina Anticorrupción (OA) de la semana pasada pidió a la Justicia que se investigue a exfuncionarios de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que dictaminaron a favor de la fusión de Telecom y Cablevisión, en 2018, durante la gestión de Macri. En el expediente, Felix Crous, el titular de la OA, consideró que Esteban Greco y Roberta Marina Bidart debieron haberse abstenido por presuntos conflictos de intereses y envió su resolución a la Justicia penal por “la posible comisión de delitos de acción pública”.

Hubo un fragmento de la medida tan novedoso como las conclusiones, y es el que Crous advierte que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, o sea Matías Kulfas, se le habría negado información clave para avanzar con la investigación sobre la fusión empresaria. Voceros de Kulfas dijeron que el organismo actuó acorde a la ley y descartaron irregularidades, al igual que la empresa.

Liliana Zabala, una histórica abogada vinculada a los gremios telefónicos, entiende que la resolución de Crous es una prueba contundente para acceder a la nulidad planteada en el fuero civil y comercial, a partir del presunto conflicto de intereses de los funcionarios macristas. Pero también apuesta a involucrar a Kulfas reclamándole transparencia en ese proceso de revisión y auditoría. Para lograrlo, contaría hasta con ayuda de funcionarios del propio Gobierno. Más fuego amigo en el Frente de Todos, una alianza político-electoral en la que conviven de manera forzada desde el PJ al Partico Comunista y que a partir de ahora tendría como inquilino (y con derechos) al FMI.

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