Tensión por los planes: los grupos piqueteros afines al Gobierno advierten que puede haber “desborde social”
La UTEP estudia hacer asambleas en todo el país y un acto central en el Obelisco; aseguran que habrá problemas para liquidar el beneficio por la auditoría de la AFIP sobre el Potenciar Trabajo y temen que se desindexe el beneficio del salario mínimo
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LA NACIONMaia Jastreblansky
En medio de una fuerte confusión interna por el futuro de los planes sociales, los grupos piqueteros que integran el Frente de Todos tomaron una actitud inédita: se declararon en “alerta y movilización” y advirtieron que si el Gobierno persiste con la idea de hacer cambios en el Potenciar Trabajo “puede haber un desborde social”. Los movimientos sociales aglutinados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), según pudo saber LA NACION, resolvieron hacer el próximo miércoles asambleas en todo el país y un acto central en el Obelisco, una medida de fuerza que hasta ahora no le habían planteado a la gestión de Alberto Fernández.
Hay tres temas que generan inquietud entre los movimientos sociales aglutinados en la UTEP, en donde gravita el Movimiento Evita y también Somos-Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el MTE de Juan Grabois. Por un lado, rechazan desenganchar a los planes Potenciar Trabajo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Actualmente, el salario social -que se abona a los beneficiarios de los planes sociales- representa el 50% del SMVM y se actualiza junto con este indicador desde hace cinco años.
Por el otro, consideran que la polémica que se desató con la auditoría de la AFIP sobre el Potenciar Trabajo -un asunto que hoy está judicializado- podría impactar en la liquidación de los planes sociales de la semana próxima. En tercer lugar, advierten que “no está claro si se va a pagar el aguinaldo de fin de año” para los beneficiarios de los planes, como se hizo siempre en diciembre.
“Por la judicialización del Potenciar Trabajo no está claro si se va a pagar la asignación el 5 de diciembre. Esta es una situación de extrema gravedad que pone a la Argentina en una situación de desborde social”, dijo Gildo Onorato, referente social del Movimiento Evita, a LA NACION. Y agregó, en tono de advertencia: “El Gobierno se equivoca y pone a los movimientos sociales que siempre ayudaron a la paz social en la situación de elegir. Entre el Gobierno y los compañeros, el Movimiento Evita y todos vamos a elegir a los compañeros”.
Polémica por el salario mínimo
Según pudo saber este medio, tras la última reunión del consejo del SMVM -que resolvió un aumento del 20% en cuatro cuotas, de 7, 6, 4 y 3% en los próximos cuatro meses- distintos gremios hicieron saber, puertas adentro, que el enganche de los planes sociales a esta variable es problemática porque en cada negociación entra en juego el costo fiscal que ese aumento tiene para el Estado. El jefe de la CGT, Héctor Daer, lo conversó, incluso, con el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.
En una entrevista radial, la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, dijo que el Gobierno creará un nuevo órgano que “tendrá entre sus responsabilidades las redeterminaciones de los valores de las asignaciones de carácter social como el Potenciar Trabajo, con el objetivo de que avance la negociación paritaria con los actores directamente involucrados”. La ministra hizo así alusión al decreto 728/22, que fijó la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (Cepssc) bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y que estará integrado, además, por los ministerios de Trabajo y de Economía, y por la UTEP.
Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes de la Casa Rosada, la aspiración es que, a futuro, ese sea el ámbito que discuta las actualizaciones del monto del Potenciar Trabajo. Pero el cambio no será inmediato ni inconsulto y todo indica que hasta que ese espacio se institucionalice se sostendrá la ecuación actual, del 50% del SMNV.
“Con la indexación actual ese tema hoy está ordenado y seguirá así varios meses más. La idea es que el nuevo Cepssc trabaje en distintos aspectos de la economía popular, sobre todo en la migración de los planes sociales al trabajo registrado. En esa agenda podría discutirse también la actualización del monto del Potenciar Trabajo”, dijo un importante funcionario al tanto de lo que Alberto Fernández le transmitió a los líderes piqueteros. Especialmente a Emilio Pérsico y a Fernando “Chino” Navarro, dos referentes sociales y funcionarios de la administración nacional que almorzaron con el jefe de Estado el jueves pasado.
Hoy, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dijo al terminar la reunión de gabinete en la Casa Rosada: “En ese órgano (el Cepssc) debatiremos una agenda que va mucho más allá del monto de la transferencia (...) hoy el instrumento que tenemos es que el Potenciar Trabajo es el equivalente a medio SMVM con las pautas que se acordaron el viernes pasado en los próximos cuatro meses”. Es decir que, hasta marzo no habría novedades, pero no se descarta un cambio de esquema el año próximo.
Así, los movimientos piqueteros advirtieron que siguen en alerta. Bajo el lema “no se ajusta desde abajo”, la UTEP exigió que “se respete la relación enmarcada en la Ley de Emergencia Social del 2016″ entre el salario social y el SMVM. “El desacople es un error muy grande porque divide a los trabajadores formales de los trabajadores de la economía popular”, advirtió Onorato.
“Sogazo para los pobres”
La tensión con los movimientos sociales, no obstante, se recrudeció en las últimas horas. Según creen desde la de la UTEP, el próximo pago del Potenciar Trabajo puede tener complicaciones derivadas de la decisión de Tolosa Paz de suspender el beneficio a los casos irregulares detectados por la AFIP e informadas por el organismo recaudador a la justicia federal.
“Va a haber un problema con la liquidación del Potenciar por el pedido de la ministra para levantar el secreto fiscal”, dijeron desde las organizaciones. La auditoría de la AFIP primero puso la lupa sobre 250.000 beneficiarios que habrían comprado dólares o tenían bienes para luego determinar que solo 2243 personas habían cometido irregularidades. El informe siempre tuvo carácter estadístico y no nominal, debido al secreto fiscal.
El informe -solicitado a la AFIP por el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Juan Zabaleta- era para uso interno. Pero la pregunta que el Ministerio le hizo al organismo recaudador estuvo mal formulada, porque se pidió por beneficiarios que habían comprado moneda extranjera, o tienen una propiedad o un rodado, o pagan Bienes Personales. Así, se mezcló en una misma bolsa a casos irregulares con personas que solo tenían una moto a su nombre o habían contratado Netflix. También hay casos de personas que compraron un dólar para probar si el banco los habilitaba.
Los grupos piqueteros están convencidos de que la filtración de la auditoría de la AFIP fue un “trabajo sucio” para estigmatizarlos. El episodio terminó judicializado, luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan iniciara una pesquisa de oficio, que actualmente impulsa el fiscal Eduardo Taiano en el juzgado de Julián Ercolini. Tolosa Paz solicitó al magistrado que levantase el secreto fiscal para acceder a la nómina de casos irregulares, que a esta altura tiene la Justicia pero no su ministerio, que todo el tiempo se manejó con la auditoría de carácter estadístico.
Grabois criticó la medida y se preguntó si “el sogazo es siempre para los pobres”. Desde la UTEP hoy manifestaron: “No paran de incentivar un ajuste con operaciones mediáticas, judiciales, auditorías arbitrarias, cruces de información miserables que buscan simplemente estigmatizar y perseguir a las familias que menos tienen”.
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