Tensión y cruces entre Vidal y el presidente de la Corte bonaerense

LA PLATA.– La tensión entre gobernadora María Eugenia Vidal y el Presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Eduardo De Lázzari, subió de voltaje en las últimas horas.

Vidal instó anoche al magistrado a denunciar los delitos de los supuestos armados de causas y persecuciones sobre los que había advertido durante las V Jornadas de la Red de Jueces Penales Bonaerenses, discurso que se conoció el viernes pasado.

De Lázzari había dicho que en los tribunales federales se dan situaciones de "abuso del proceso judicial penal", "causas armadas artificialmente", "espías", "escuchas" y "complicidades" de algunos magistrados y fiscales que, dijo, llevan "a un panorama deplorable". Y señaló que el problema comienza a manifestarse en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Las afirmaciones del juez habían sido aprovechadas en plena campaña por el kirchnerismo y reproducidas en las redes sociales por Cristina Kirchner.

Anoche, Vidal le respondió: "Cuando uno es responsable de un poder y sabe que hay un delito -persecución o armado de causas son delitos- está obligado a denunciarlo. Si no uno es cómplice y es un delito", dijo. Y añadió: "Si el presidente de la Suprema Corte cree que hay causas armadas o persecuciones está obligado a denunciarlo. Uno tiene que ser consecuente con lo que dice en la acción judicial".

Hoy, el juez salió al cruce de la gobernadora. "Las expresiones que ligeramente califican su actitud", dijo, en referencia a Vidal. Detalló además tres causas en las que supuestamente hubo manipulación de causas.

La polémica comenzó el viernes, cuando se conoció el duro discurso que De Lázzari había pronunciado frente a decenas de magistrados de este territorio, con fuertes críticas al poder de turno.

El presidente del Tribunal deslizó que las malas prácticas que se registraron en el orden federal -en Comodoro Py- ahora muestran síntomas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

"Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante", advirtió De Lázzari, ante la Red de Jueces penales.

Esta mañana la presidencia de la Suprema Corte difundió un comunicado en el que detalló que en su exposición ante la Red de Jueces Penales alertó a los magistrados sobre el abuso del proceso penal. "Con esa finalidad advirtió que comenzaban a registrarse situaciones conflictivas en la provincia, a semejanza de lo que es conocido en la órbita federal en donde se está sustanciando una trascendente causa en el Juzgado Federal de Dolores, con intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y del Tribunal de Casación Penal", se detalló.

"No particularizó los casos en sede provincial por la reserva que impone el estado de las respectivas actuaciones -argumentó la Presidencia de la Suprema Corte-. No obstante ante expresiones que ligeramente califican su actitud deja constancia ahora que entre otras situaciones estaba haciendo referencia al caso del fiscal de Mercedes imputado de brindar ilegalmente información a un procesado; lo que ha motivado su suspensión por la Suprema Corte y juzgamiento en sede penal". La alusión pareció dirigida al caso del fiscal Juan Ignacio Bidone, acusado de suministrar información confidencial a Marcelo D'Alessio.

De igual modo, se refirió a la existencia de denuncias efectuadas por un magistrado del departamento judicial de Lomas de Zamora, "la que inmediatamente de recibida por el Presidente fueron puestas a conocimiento del destinatario natural de las mismas que es el Ministerio Público, mediante oficio dirigido a la procuración General".

También se refirió "al caso de un agente fiscal al que se le atribuye el armado de una causa con testigos falsos con la colaboración de abogado cuyos juzgamiento por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados tiene fecha de debate oral para el 26 de agosto".

De este modo De Lázzari aclaró a qué causas había hecho referencia en su discurso ante la Red de Jueces Penales.

Pero allí no solo hubo críticas a los abusos del derecho penal. También hubo fuertes críticas al Poder Ejecutivo: señaló las deficiencias en infraestructura de los tribunales, en remuneraciones de los funcionarios del poder Judicial y a la superpoblación carcelaria.

"Y a pesar de todo, a pesar de que esas dificultades se reflejan en la infraestructura, en las remuneraciones, en todo tipo de aspectos que tienen que ver con lo presupuestario, igual los jueces están y siguen dando a cada uno lo suyo y siguen resolviendo las cosas de la mejor manera posible y ese esfuerzo hay que valorarlo y por eso mi presencia acá, ese es el sentido fundamental que ha tenido mi visita", dijo.

De Lázzari cerró: "El Poder Judicial debe tener el rol de poder del estado que lamentablemente ha perdido. No puede ser el tributario de los otros poderes, no puede ser la Cenicienta, no puede depender de los dictados que se hagan desde los poderes políticos".

Si bien De Lázzari buscó demostrar que las investigaciones por supuestos delitos de armados de causas ya tomaron curso institucional, ya era tarde para evitar consecuencias. El procurador general de la provincia, Gerardo Conte Grand, abrió una investigación administrativa y otra penal para corroborar si existieron los supuestos delitos. Poco después, otro integrante de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, el juez Héctor Negri, tomó públicamente distancia de las aseveraciones de su colega.

A través de un comunicado, dijo que las afirmaciones de De Lázzari eran "a título individual", y que la Suprema Corte no tiene "entre sus atribuciones emitir juicio sobre la actividad de otros tribunales de jurisdicción federal ni de ninguna otra jurisdicción que le sea ajena, ni tratar de influir de algún modo en sus respectivas decisiones".

A la vez, Negri afirmó que "las situaciones de extraordinaria gravedad que el señor presidente afirma conocer" requieren "una inmediata respuesta para su corrección y eventual punición".

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