Tensión conurbana. El creciente desafío narco a la red de contención de las organizaciones sociales

Cinco minutos en lancha. Esa es la distancia que separa a la Isla Silvia, ubicada en el delta del Tigre, de la tierra firme. De esa manera se logra llegar a una de las 13 casas comunitarias con las que cuenta Vientos de Libertad, una rama del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que se dedica a crear centros de apoyo y recuperación para personas con consumos problemáticos en los sectores más vulnerables, donde a las familias les resulta imposible pagar una internación.

El caso de las 24 muertes por consumo de cocaína adulterada expuso de manera descarnada una realidad cotidiana en los barrios pobres. Así lo considera ante LA NACION Adrián Becerra, el responsable a nivel nacional de esos espacios: “La mayoría de nuestros pibes viven en situaciones muy precarias, con padres y la madres consumidores, con familias que incluso venden para poder sostener la olla en la casa. Se van criando en un entorno en el que básicamente tienen la droga al alcance de la mano”.

“Los pibes y pibas que acceden a las casas llegan a nosotros de distintas maneras, ya sea por un vecino conocido, por un compañero que hizo proceso en algún momento determinado y que tiene un amigo que está en consumo, incluso por nuestros centros barriales”, añade Becerra, mientras nos guía por las instalaciones de la casa, que en julio cumplirá seis años de existencia.

Según datos de la propia organización, de las 1.800 personas que forman parte de Vientos de Libertad, el 78% atravesaron procesos en alguna casa comunitaria o en algún centro barrial. “Muchos de nuestros referentes y coordinadores atravesaron la situación de consumo y tuvieron la posibilidad de hacer un proceso dentro de nuestro dispositivo. A partir de su sanación, empezaron a tomar roles de conducción y de acompañamiento dentro de esos espacios”, apunta Becerra.

Hoy habitan en el predio alrededor de 80 personas. Sin embargo, hubo momentos en los que se alcanzó a acompañar a más de 150. En medio de la pandemia debieron armar una casa de aislamiento para evitar contagios, la que se encuentra justo en el ingreso. Son los mismos jóvenes quienes sostienen la casa, desde el cuidado del parque, la cocina y la panadería, hasta los interiores, donde se mantiene la limpieza y el orden de los lugares comunes.

“En el sector con el cual nosotros trabajamos y acompañamos hay un gran porcentaje de pibes que ni siquiera tuvo la posibilidad de elegir entre consumir y no consumir”, relata Becerra. Y agrega: “En los barrios populares hay muy poco acceso a deporte, están imposibilitados de armar algún proyecto de vida. No vienen con una esperanza de armar un proyecto de vida. Nuestros pibes vienen rotos, pensando que no sirven para nada y que el acto de consumir es un problema individualmente de ellos. Y para nosotros no es un problema individual, para nosotros es un problema social y político”.

En ese sentido, el referente señala que muchas personas necesitan construir un sentido de la responsabilidad del que carecían anteriormente: “Durante los primeros meses hay un trabajo más introspectivo, que pasa por poder trabajar sobre esa historia de vida, ya que los pibes que vienen acá están muy desarmados, por eso hay que acompañarlos para que puedan tener su primera salida después a su casa”.

Las casas comunitarias son uno de los dos dispositivos que pertenecen a Vientos de Libertad, organización que nació al calor de la crisis social del 2001, un momento en el que los consumos comenzaron a acrecentarse. El otro son los centros barriales o Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAACs), un programa que depende de la Sedronar y que ya cuenta con 200 espacios a lo largo y ancho del país, gestionadas por la militancia de los movimientos sociales y de organizaciones vinculadas a iglesias.

Casi todas agrupaciones que conforman la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) forman parte del programa: además de Vientos de Libertad, del MTE que encabeza Juan Grabois, están El Patio (Comedor Los Pibes), la Red Puentes (Nuestra América), Ni un pibe menos por la Droga (Corriente Clasista y Combativa) y las Casas del Pueblo (Movimiento Evita). “La mayoría están ubicados en barrios populares, donde realmente está la necesidad. Son centros ambulatorios, donde se pueden hacer talleres de cultura, talleres de deporte”, explica Becerra.

“Narcoestructura”

A menos de cinco kilómetros de la casa comunitaria del Tigre se encuentra el barrio Los Troncos. Allí está el club Sagrada Familia, uno de las principales CAACs levantadas por Vientos de Libertad, donde un grupo de mujeres se encarga de ponerse al hombro los trabajos comunitarios necesarios para que decenas de jóvenes y niños puedan tener una contención, en un contexto en el que la salida fácil del narcotráfico es una tentación constante.

En Vientos de Libertad la posición es clara: el crimen organizado funciona por fuera de los barrios y llega de la misma forma a todos los suburbios del país. “Los narcos tienen complicidad con la policía y el poder político. Es una estructura que no sucede solamente en los barrios más humildes”, indican desde los movimientos.

¿Cómo compite un programa Potenciar Trabajo, con sus 16 mil pesos mensuales, cuando lo que ofrecen los “transas” por una jornada de “trabajo” para ellos puede llegar a duplicar esa cifra? “La única barrera que hay contra la penetración del narcotráfico somos nosotros”, insisten, en ese sentido, los referentes sociales. Y destacan que, aunque todavía no se llegó a las situaciones de México, Colombia o Brasil, “ya se está empezando a cruzar una raya” y de las amenazas se pasan a escenas cada vez más explícitas de violencia contra las organizaciones.

Es que, según detallan, en los últimos tiempos les ocurrieron secuencias escabrosas en distintos puntos del conurbano, como la aparición de cadáveres en terrenos cercanos a donde militan, o incluso ataques con armas de fuego a parroquias barriales de los curas villeros. “Hay una sensación de desprotección absoluta porque la complicidad de las fuerzas de seguridad es evidente”, denuncian.

Es en ese contexto que consideran que el debate en torno a la legalización de las drogas no es algo que les competa a las personas de escasos recursos, sino un tema de las clases altas que tienen “resuelta la vida”. “Nosotros vivimos en lugares donde no tenemos acceso a un asfalto o agua potable y las condiciones todavía son muy complejas. En la agenda de los barrios populares no se discute la legalización, se discute el acceso al trabajo, vivienda y políticas públicas que mejoren la calidad de vida”, sostienen desde Vientos de Libertad.

Un reclamo repetido por parte de los referentes tiene que ver con que el Estado financie mejor sus proyectos. Esta semana, el Frente Patria Grande, a través de su diputada nacional Natalia Zaracho, presentó un proyecto de ley para la Emergencia Nacional en Materia de Consumos Problemáticos, que busca que el Estado brinde mayores recursos a la atención comunitaria, para que quienes lo necesiten reciban un tratamiento “integral y efectivo”.

“Cualquier espacio que abrís, en cuestión de tiempo colapsa”, precisa Becerra, quien señala que “nada alcanza” y que es necesaria una mayor articulación entre los movimientos sociales y el Estado: “El consumo es algo que ya está en la agenda y hay que darle importancia. Se deben poder llevar adelante acciones concretas y ponerle cabeza a eso, junto con las organizaciones que ya vienen desarrollando este trabajo territorial”.

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