Tensión en Villa Mascardi: temor e inseguridad en el bosque usurpado

VILLA MASCARDI.- “Esto es como la guerra. Acá cada uno hace lo que puede”, se resigna un hombre que debe rondar los 40 años y prefiere no revelar su nombre. Con anteojos de sol y un gorro acorde al sol de las dos de la tarde, está cruzado de piernas y tiene su brazo apoyado sobre la tranquera de su terreno, que dice en letras de color rojo: “Propiedad Privada, No Pasar”. Un cartel que en este lugar ya perdió el sentido.

Habla con un vecino que se acercó en moto para debatir lo que está pasando. “Esto es tierra de nadie. Uno puede planificar algo, pero después cuando llegan, no sabés”, agrega el hombre, que no se saca el casco, tiene antiparras y tampoco quiere identificarse. “Los gendarmes no hacen nada, están de floreros. Se creyeron que con esos uniformes los iban a intimidar. Y el Gobierno, ni bola”, cierra el propietario que inició la conversación. Es jueves a la tarde, tan solo horas después del último ataque que reactivó el conflicto en Villa Mascardi, Río Negro.

El domingo pasado un grupo de por lo menos 20 personas atacó a tiros y luego quemó el puesto de Gendarmería Nacional que se había instalado hace dos semanas para custodiar la cabaña Los Radales, incendiada el 31 de julio pasado. Luis Dates, propietario del terreno ubicado en el kilómetro 2005 de la ruta 40 sur, relató que los dos o tres gendarmes que estaban en el tráiler móvil se replegaron ante la agresión. Esa es la indicación que tienen aún hoy los oficiales que rondan la zona.

Luego los atacantes usaron esa casilla como “barricada” en el ingreso de la propiedad y avanzaron hacia la cabaña que había quedado sin custodia luego del primer ataque. La siguiente fue La Cristalina, la cabaña de Diego Frutos, que se ubica entre las tomas previas en terrenos de Gas del Estado y los Radales, la casa de su vecino, a la que habían llegado el día anterior.

Fue su propio dueño, también presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, quien lo corroboró en medio de un mega operativo cuando llegó a esta ciudad el jueves pasado. En simultáneo, se difundía un video en donde dos personas encapuchadas que cubrían sus caras con trapos afirmaban que estaban “ejerciendo el control territorial” en La Cristalina y “recuperando el territorio mapuche”. Denunciaron que son reprimidos por la Gendarmería, la policía y el grupo COER, y dijeron sufrir “un hostigamiento”.

“Estamos en alerta y vamos a seguir acá resguardando el territorio”, cerraron. “Él [Frutos] viene y se pone todo peor. Vienen más, empiezan los cortes. Algo va a pasar”, lamenta una vecina mientras mueve su cabeza de izquierda a derecha y que, al igual que todos los habitantes de la zona, prefiere no opinar del conflicto y evita identificarse. Su mirada se suma a las de otros vecinos que viven permanentemente allí y temen por una escalada del conflicto en los próximos días.

Mascardi es el volcán que erupcionó de un conflicto con un entramado complejo, en donde se enfrentan el reclamo de las diferentes comunidades mapuches por el derecho constitucional al territorio enmarcado en un vínculo distinto al que predomina en la sociedad occidental con el derecho a la propiedad privada.

En Buenos Aires, mientras tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, llenó su agenda de reuniones para abocarse a este tema. Lo hizo luego de un día de silencio oficial tras el ataque a la casilla de Gendarmería. La sucesión de encuentros incluyó varias cumbres con las cuatro fuerzas federales –Policía, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeronáutica-; la fiscal federal de Bariloche, Cándida Etchepare y su par en la provincia de Río Negro, Betiana Minor. También pasó por Casa Rosada para poner al tanto personalmente al presidente Alberto Fernández.

Anunciaron un comando especial de las cuatro fuerzas que según confirmaron desde la cartera nacional llegaría recién en la semana entrante.

A la agenda del ministro se sumó una foto de Alberto Fernández con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Sin embargo, fue a 500 kilómetros de Villa Mascardi. El Presidente viajó a General Roca para participar de una entrega de viviendas. “Hace falta la presencia de las fuerzas federales de forma permanente, no de forma espasmódica cuando hay un conflicto”, dijo la gobernadora luego del encuentro. En ese sentido, consideró “un gran avance” la conformación del comando de fuerzas federales.

La sucesión de reuniones en Buenos Aires no se tradujo en hechos en Villa Mascardi, donde los vecinos reclaman mayor presencia policial. “Tienen que actuar la Federal y la Justicia. Esto excede al gobierno provincial”, dijo a LA NACION Inés Marabolis, presidenta de la Comisión de fomento de la localidad ubicada a 36 kilómetros de Bariloche.

“Si el puesto más cercano está recién a siete kilómetros, ¿qué van a hacer si pasa algo?”, se quejó un propietario. Es que el megaoperativo policial con el que ingresó Frutos a su propiedad no coincide con la postal de la zona ocupada por la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu. Esa área no está casi custodiada y a casi una semana del ataque no ha recibido refuerzos desde Nación.

En la ruta para llegar a Villa Mascardi desde Bariloche el primer control está a 17 kilómetros de la usurpación, a la altura del arroyo Melgarejo. El próximo puesto, a cargo de Gendarmería, aparece recién a los 10 kilómetros. Siete kilómetros más adelante, a la altura del kilómetro 2006, con los restos del hotel de Villa Mascardi de Parques Nacionales, comienza a la izquierda el predio tomado por la comunidad mapuche cercado por carteles que indican “No pasar”. Se suman aquellos que indican “territorio mapuche recuperado Lof Lafken Winkui Mapu” en trapos o chapas. “Prohibido sacar fotos y filmar”, dice otra tela verde. Un cerco con chapas se extiende a lo largo del territorio que debe rondar el kilómetro de largo, aunque en profundidad parece inabarcable.

Hay un muñeco de trapo con un jogging y una campera agarrado a una tranquera que tiene una chapa que en rojo dice: “Rafa Nahuel vive en nuestra lucha. Territorio Mapuche”. Son infinitas las inscripciones en alusión a la muerte de Rafael Nahuel, asesinado por una bala de la Prefectura Nacional en 2017.

En ese año, comenzaron las usurpaciones con la ocupación del predio de Parques Nacionales. “Parques está absolutamente preocupado y consciente porque los trabajadores son víctimas de este conflicto y las autoridades están trabajando con el Ministerio de Seguridad para mejorar el esquema de seguridad para el personal. Estamos esperando los fallos judiciales y mantenemos la condición de denunciantes y demandantes”, dijo a LA NACION Horacio Paradela, intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi.

En los últimos cinco años, la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu ha ido extendiendo la toma original a otros terrenos aledaños. Al terreno del viejo hotel, le sigue La Escondida, propiedad de John Grehan. Luego se suman los terrenos del Obispado de San Isidro y los de Gas del Estado, lindante con La Cristalina, atacada la semana pasada. Hoy, la zona ocupada termina en la entrada a los Radales que, luego del ingreso de Diego Frutos, volvió a estar tapada con ramas, chapas y los restos de la casilla de Gendarmería, según certificó ayer este medio.

“Acá es el día a día”, dice a LA NACION una señora oriunda de Mascardi que prefiere resguardar su nombre. “Empezaron con la casilla que está allá y ahora están acá”, lamentó un señor que vive hace 40 años en esta zona mientras señala el territorio ocupado y agrega: “Antes dejabas las herramientas afuera y no pasaba nada. Hoy hay que guardar todo, hasta entrar los autos”.

“Siempre fue un lugar de paz y ahora no lo tenemos. Es un lugar inseguro, uno puede pasar y puede volar un piedrazo. Yo paso rápido, con temor porque ya me han atacado y encima cada vez es más largo el trayecto. Es muy triste que uno no pueda salir a caminar y tenga que calcular los horarios para ver cuando pasamos”, relata una señora de esta localidad, mientras se le llenan los ojos de lágrimas y agrega: “Si llegan, yo me voy y dejo mi casa. Mi vida vale más que eso. Están armados y acá mucha gente se está armando. Están probando el límite. No son más de 20 personas”.

“Vivir acá es una pesadilla. Cuando todo se complica no dormís de noche, si podés dormís de día. Yo voy a resistir acá, porque nací acá”, lamenta otra mujer que también prefiere no revelar su nombre en diálogo con LA NACION.

En Mascardi se acostumbraron a vivir con miedo. En medio de la escalada del conflicto, la escuela provincial 202 Misiones Rurales Argentinas sigue funcionando. Allí asisten 27 alumnos: 16 en el nivel primario y 11 en el nivel inicial. Son alrededor de nueve los que pertenecen a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu dado que hay más anotados pero no suelen asistir a clases. Todos los alumnos llegan al colegio en el transporte escolar. Justo frente a la construcción con troncos de madera y un cerco del mismo material pintado en diferentes colores, sobre la ruta, hay otro control policial por el que los chicos de la comunidad preguntan. Allí, sin embargo, todos prefieren no hablar del conflicto.

“Está gente sabe todo. Leen todo. Les informan”, relata la vecina para justificar el temor a opinar sobre el conflicto que predomina en la zona. Resulta difícil precisar quiénes son los atacantes. Circulan todo tipo de versiones: desde la presencia de Facundo Jones Huala en el territorio hasta ataques armados y financiados por sectores de la política de los cuales la comunidad mapuche no es responsables.

“Dentro de todas las aristas uno de los conflictos es la de Mascardi pero de ninguna manera es la centralidad del conflicto”, consideró en dialogo con este medio Orlando Carriqueo, coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Precisó que hoy hay más de 100 conflictos.

El líder, cuestionado por algunas comunidades mapuches, apuntó contra el gobierno provincial y nacional: “La única decisión que tiene el Gobierno es correr a la comunidad y ahí hay un sitio sagrado. La provincia tiene una mirada racista. Lo que no se puede hacer es acusar a la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu de ser partícipe de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) que no existe y de acusarlos de los incendios sin las pruebas y sin que haya una investigación”.

“A mí no me asustan las capuchas. Fue una decisión política de comunidades que empezaron a luchar contra el Estado entonces la consigna política es nos tapamos la cara para ser visibles”, cerró.

Mientras las múltiples causas judiciales abiertas por las tomas no avanzan para permitir los desalojos que reclaman algunos sectores, tampoco avanzan otras soluciones como las mesas de diálogo o una ley de propiedad de los territorios comunitarios indígenas que apoyan abogados especialistas en el tema.

Ni siquiera finalizó el relevamiento territorial para determinar todas las comunidades que habitan la Argentina a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) mientras la ley 26160, que declaró en 2006 la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan ancestralmente las comunidades indígenas del país, continúa prorrogándose. Como un parche insuficiente al conflicto.

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