Suspenden el aviso "Menem lo hizo"

La jueza en lo contencioso administrativo Emilia García ordenó al presidente de la Nación, Carlos Menem, que suspenda la emisión de la campaña publicitaria "El no lo hizo todo. Pero que hizo mucho, nadie puede negarlo".

La magistrada adoptó la medida cautelar en una acción de amparo promovida por el abogado Beltrán Gambier, que cuestionó que la publicidad que tiene como protagonista al primer mandatario no responde al interés general, como lo exige la normativa vigente, sino que es de corte personalista. Varios legisladores de la Alianza habían pedido el miércoles último una medida similar a un juez penal, pero no tuvieron éxito.

El decreto 1201/98 autorizó a los canales de televisión y a las emisoras de radio a canjear las multas que, durante varios años, les aplicó el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) por segundos de publicidad, y a utilizarlos para difundir campañas de interés general. Pero la doctora García interpretó que la publicidad cuestionada no tiene esta característica.

Ayer, a las 13.30, ingresó en la mesa de entradas de la Casa Rosada un oficio firmado por la magistrada, que no fue dirigido a los canales y emisoras.

Consultado el constitucionalista Jorge Reinaldo Vanossi acerca de la posibilidad de que la Justicia estuviese censurando al Poder Ejecutivo, respondió: "En absoluto, pues el Ejecutivo podría convocar a una conferencia de prensa para difundir sus actos o bien pagar una publicidad que debería ser emitida. En este caso, en cambio, la jueza objeta que la publicidad se financia con un crédito que debería aplicarse a otro tipo de campañas".

El presidente de Télam, Amílcar Antognoni, explicó a La Nación que la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia sólo tomó conocimiento de la medida judicial a las 17 y que la agencia oficial inmediatamente le envió un fax a cada canal de televisión para pedir que se levantara la propaganda.

De todas formas, según la pauta que había pactado Télam, anteanoche los canales 13 y Telefé ya habían emitido todos los cortos, en los horarios centrales, que son los más caros, con lo cual la medida sólo afecta la difusión de la publicidad por los canales América, Azul y ATC y en horarios marginales.

La campaña comenzó el 19 el actual y consiste en ocho cortos publicitarios, algunos de hasta ochenta segundos, que fueron diseñados por el creativo brasileño Duda Mendonça.

El Gobierno pretendía emitir los spots hasta el lunes 2 del mes próximo, a un costo de ocho millones de dólares, tal como anticipó La Nación el miércoles último.

El martes último, tres diputados del Frepaso, Nilda Garré, Darío Alessandro e Irma Parentella, denunciaron aMenem ante la justicia penal.

Le imputaron el delito de malversación de caudales públicos, pues el Presidente utiliza un espacio reservado para difundir campañas de interés general -como puede serlo una publicidad para prevenir el SIDA y otras enfermedades- en beneficio de su propia figura.

Los legisladores también pidieron que se ordenase la suspensión de la propaganda por no responder al interés general.

La causa quedó radicada, por sorteo de la Cámara Federal, en el juzgado federal a cargo de Carlos Liporaci, que está de feria y no tomaría medida alguna hasta la semana próxima, momento en que, si hiciese lugar al pedido de suspensión de la publicidad, ésta llegaría tarde, pues para entonces habría finalizado la campaña.

Al día siguiente, Beltrán Gambier, abogado de un prestigioso estudio jurídico porteño, prefirió hacer una presentación en otro fuero, el contencioso administrativo.

Invocando su condición de ciudadano interesado en defender el respeto del principio de legalidad, que se vería violado por vulnerar los términos del decreto 1201/98, presentó una acción de amparo y pidió a la doctora García, de turno en la feria invernal, la suspensión de la campaña.

García, sin darle traslado al Estado -pues esto habría insumido demasiado tiempo y frustrado la eficacia de la medida cautelar solicitada-, analizó el contenido de los spots.

Sobre el particular, entendió que "la campaña aparece orientada a demostrar los logros de una actividad cumplida por el Poder Ejecutivo. Así, la difusión aparece ligada con hechos del pasado, lo que en principio -y sin perjuicio de que continúe el análisis durante la sustanciación de la causa- parece no responder a una campaña destinada al interés general".

Puntos oscuros

La difusión de esta campaña y la actuación de la Justicia dejan al descubierto varios puntos oscuros.

En primer lugar, si bien se informó oficialmente que el costo de los segundos que se planeaba utilizar era de 8 millones de dólares -con lo cual la deuda de los canales disminuiría proporcionalmente a las tandas emitidas por cada uno-, no se conoce el monto total de la deuda que se pensaba canjear. El Comfer se limita a decir que el total de las multas no está determinado.

En segundo lugar, tampoco se sabe cuánto se le pagó a Mendonça para que diagramase esta campaña ni nadie explicó de dónde salió ese dinero.

Por otro lado, teniendo en cuenta que los segundos de publicidad que se utilizan por canje equivalen a dinero que deja de percibir el Tesoro Nacional, ninguno de los varios organismos que deben controlar la administración pública se mostró preocupado en investigar si la campaña respondía al interés general o si, abusivamente, el Poder Ejecutivo utilizó un crédito público en provecho personal.

Ni la paralizada Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que la Procuración General de la Nación intervino el año último por inoperante, ni la Sindicatura General de la Nación ni ninguna unidad de auditoría interna se ocuparon de determinar siel Presidente violó la ley 24.156, de administración financiera.

En cuanto al Poder Judicial, una vez más Menem no tuvo ningún inconveniente con la justicia penal. Si bien el juez Liporaci debe analizar si el primer mandatario incurrió en malversación de caudales, no fue él quien prohibió la proyección de la publicidad.

Tampoco ningún fiscal se apresuró a iniciar investigación alguna, a pesar de estar obligados a hacerlo, o por lo menos a efectuar una denuncia al observar un hecho presuntamente ilícito.

La decisión de suspender las emisiones fue tomada, en cambio, por una jueza del fuero contencioso administrativo, el mismo que tantas veces objetó numerosas licitaciones y contratos suscriptos por el Gobierno y que el Poder Ejecutivo sólo pudo llevar adelante acudiendo al voto de los jueces de la Corte Suprema de Justicia más cercanos al oficialismo.

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