Suspenden al juez federal Walter Bento de Mendoza y le inician juicio político para removerlo

Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura votó la suspensión del juez federal de Mendoza Walter Bento y lo acusó de mal desempeño de sus funciones por lo que decidió iniciarle un juicio político para removerlo de su cargo. El magistrado está acusado de recibir coimas a cambio de otorgarles beneficios a presos por narcotráfico y contrabando. No percibirá su sueldo mientras dure el proceso.

La votación se realizó después del mediodía, a pesar de que el plenario del Consejo de la Magistratura estaba convocado a las 9.30. Se demoró porque hubo negociaciones hasta el último minuto para llegar a conseguir los dos tercios de los votos de los consejeros presentes, indispensables para que prosperara la acusación. Sobraron los votos.

“Antes de que nos peleemos demos por finalizado esto, que ha sido de una concordia inesperada pero celebrada”, ironizó el presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti, al concluir el plenario, pasadas las 14, y despedir a los consejeros.

Ya fueron notificadas la Cámara Nacional Electoral y la Cámara Federal de Mendoza de la suspensión de Bento como juez y de la activación del jury. La Cámara Federal de Mendoza designó al juez del Juzgado Federal nro. 3 de esa jurisdicción, Marcelo Fabián Garnica como subrogante.

A partir de ahora, Bento, ya no puede seguir firmando como juez. No pierde sus fueros y por eso no irá preso en este momento, a pesar de la prisión preventiva dispuesta en su contra. En un plazo máximo de 180 días hábiles se tratará su caso en el jury. Si es destituido, perderá sus fueros y estará en riesgo su libertad por los cargos que enfrenta.

Todos los consejeros apoyaron el dictamen de la destitución y suspensión, incluso el juez y consejero Alberto Lugones, que planteó una disidencia parcial sobre algunos de los cargos que le hicieron al juez de Mendoza, como la falta de intimación para justificar sus bienes, la falta de declaración de un Rolex, de dos bicicletas todo terreno de competición, y por haber alquilado una limusina en Las Vegas. Lugones entendió que en todo caso no era una causal de remoción por mal desempeño, sino que a lo sumo era una decisión disciplinaria.

La suspensión y acusación a Bento fue el resultado de una negociación en la que estuvo muy activo Rosatti, que se reunió por separado y en conjunto con una representante de cada bloque instándolos a la unidad y a llegar a un consenso para avanzar con la acusación.

Anoche las reuniones terminaron a las 23 y esta mañana se mantuvieron hasta cerca de las 13, cuando comenzó el plenario. Rosatti se reunió con Miguel Piedecasas, consejero abogado del radicalismo; Gerónimo Ustarroz, consejero representante del Poder Ejecutivo, con el juez ALberto Lugones y con el kirchnerista Rodolfo Taihlade, dijeron a LA NACION fuentes del Consejo.

La dificultad estaba en que esta mañana se llegó a la votación con tres dictámenes: uno que originalmente había realizado el consejero con mandato vencido Pablo Tonelli, de Pro, que completó Miguel Piedecasas, Roxana Reyes de Juntos por el Cambio y el senador radical Alejandro Visci. Se pñoponia la suspensión y el jury.

El otro dictamen era el que proponía el consejero del kirchnerismo Rodolfo Tailhade, que cuestionaba el hecho de que la acusación a Bento quedara atada a la causa penal, y proponia el jury; el tercero era el del juez Lugones, que tenía objeciones sobre algunos de los cargos que se le hacían al juez. Iba por el jury, pero no la suspensión.

Las conversaciones de esta mañana y las reuniones permitieron reescribir el dictamen inicial y “enriquecerlo” con las propuestas de Lugones y Tailhade.

Ya se había llegado la semana anterior a un acuerdo para votar dos concursos para cubrir seis cargos a en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital N°2 -dos cargos-, N°3, N°4, y N°5 -y dos cargos en San Martín, de donde es Lugones. Asimismo, se acordó por unanimidad votar dos ternas para curbrir dos vacantes del tribunal de ejecución fiscal.

Estos acuerdos fueron previos a la negociación por el caso de Bento, dijeron fuentes del Consejo, que señalaron que se aprovechó para “asfaltar el camino” hacia el futuro con la exploración de nuevos acuerdos para destrabar algunas cuestiones pendientes.

Embargado, pero con fueros

Fue Piedecasas quien llevó la voz cantante al explicar el dictamen de consenso sobre la suspensión y jury a Bento. Impostó la voz, para superar su gripe que lo aqueja, y leyó las acusaciones contra el juez, que van desde sus ocho procesamientos firmes por diez delitos -que incluyen prevaricato, enriquecimiento ilícito, cohecho, desobediencia, falsedad ideológica- hasta acciones de mal desempeño.

“Si es culpable o no, debe ser esclarecido en el jury para llevar tranquilidad a la ciudadanía de que el magistrado es o no merecedor de estos reproches”, dijo Piedecasas, y recordó que el juez está embargado por 206 millones de pesos y t orden de prisión preventiva, que no se ejecuta por sus fueros como magistrado.

Además, enumeró otras razones de mal desempeño, como no haber entregado su celular cuando se lo pidió un juez, haber entorpecido la investigación mediante interferencias, haber vaciado su caja fuerte y dejado un mensaje provocador en su interior para el juez que lo investigaba, y viajes y estadías en el extranjero sin justificación. También le imputaron no haberse inhibido cuando correspondía y sus chats con acusados de liderar una asociación ilícita de la que está acusado de pertenecer.

“Un juez cuestionado así no puede seguir a cargo de la magistratura. Es la credibilidad de la Justicia misma la que está en juego”, dijo Piedecasas. A su término, Lugones explicó sus disidencias, pero indicó que apoyaba la suspensión y el jury. Tailhade dejó en clara la posición de su bloque y señaló que nunca propugnaron “la impunidad de Bento ni de nadie”.

Tonelli celeberó la decisión: “Esta instancia fue demorada pero finalmente el juez Bento ha sido suspendido en sus funciones y deja de impartir “justicia”. Antes de fin de año debería estar resuelto el juicio del Jurado de Enjuiciamiento”, dijo.

Bento es investigado desde hace dos años en el Consejo. La oposición viene insistiendo con su destitución, pero hasta ahora se había topado con el freno del oficialismo, que apoyaba al juez federal con competencia electoral en Mendoza. Entre sus tareas estaban controlar en su jurisdicción las elecciones presidenciales nacionales que se realizan este año.

El 26 de julio próximo comenzará un juicio penal en contra de Bento por graves cargos por los que fue procesado con sentencia firme en ocho ocasiones. En ese proceso se lo acusa, principalmente, de 15 casos de cohecho y de haber sido jefe de una asociación delictiva, sostenida por una red cercana de abogados, encargada de las negociaciones y los cobros de las coimas en dólares. Asimismo, está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen ilícito, ya que su nivel de vida no condecía con sus ingresos.

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