Suspenden a la fiscal anticorrupción de Entre Ríos en pleno juicio contra Sergio Urribarri

La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, fue suspendida en su cargo en pleno juicio oral y público contra el exgobernador Sergio Urribarri, a quien estaba investigando.

La decisión fue tomada por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, que decidió abrirle un juicio político. Asimismo, ese cuerpo resolvió apartar a los otros fiscales que intervinieron con Goyeneche del proceso y designar en su lugar a un conjuez (abogado de la matrícula).

La fiscal Goyeneche, que es la viceprocuradora de la provincia, coordina la acusación contra Urribarri en un juicio oral y público por corrupción que se realiza por Zoom tres veces por semana y además está a cargo de una investigación por el cobro de 53 millones de dólares por parte de una organización insertada en la legislatura local que se hizo del 95 % del salario de entre 300 y 600 empleados fantasma durante más de una década. Uno de los acusados –entre otras autoridades de la legislatura- es Juan Pablo Aguilera, cuñado y colaborador del exgobernador. Se pidió para Aguilera una pena de 16 años de prisión.

Asimismo, el jury dijo que no es competente para enjuiciar al Procurador provincial, Jorge Amilcar García, y decidió enviar la denuncia a la Cámara de Diputados. Es decir que por un lado se decidió abrirle un jury a la subprocuradora y por otro, que la Cámara de Diputados analice el juicio político de su jefe, el Procurador, lo que descabezaría a los fiscales provinciales, encargados de investigar el poder político local.

Urribarri envió un mail desde la dirección oficial de la embajada argentina en Israel en la que señaló que es ajeno a las denuncias contra Goyeneche. “Fueron realizadas por abogados particulares de conocida militancia en la oposición: Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, con quienes lógicamente sostengo un enfrentamiento político que es de público conocimiento en Entre Ríos. Con el doctor Mulet, incluso, iré a juicio porque también me denunció por calumnias e injurias y no se alcanzó un acuerdo en la instancia de mediación”, dijo Urribarri.

Goyeneche dijo que sus denunciantes son del estudio que defiende a imputados en causas que ella investiga y responsabilizó por esta situación al “urribarrismo” y al gobernador Gustavo Bordet, a quien acusó por omisión.

El gobernador Bordet hizo una declaración en la pareció alinearse con la decisión del jurado de enjuiciamiento. “Jamás hemos tenido intromisiones, hemos sido respetuosos de todos los procesos que se han desarrollado y hemos acatado siempre los veredictos que la Justicia ha impartido”. Y agregó que todos son iguales ante la ley “inclusive aquellos funcionarios del Poder Judicial cuando les correspondiere o hubieren cometido alguna irregularidad”.

“Es un ataque a la independencia judicial. Vamos a recursar a los integrantes del jury porque se arrogan facultades que no tienen al apartar a los fiscales y designar a este cuerpo de conjueces que no está previsto en ningún lugar. Me suspenden sin fundamentos. Vamos a hace presentaciones de acuerdo con una estrategia jurídica que vamos a definir”, dijo a LA NACION la fiscal Goyeneche.

La acusación contra la fiscal

La razón que esgrimió el jury para suspender a la fiscal e iniciar su juicio político es acusarla de mal desempeño con el argumento de que debió haberse apartado de la investigación de la causa de los contratos porque en un momento integró un fideicomiso con uno de los contadores investigados.

Seis integrantes del jurado de enjuiciamiento votaron por abrir la causa; uno, por el rechazo.

El jurado está integrado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell (nombrado por el gobernador Eduardo Bordet, oriundo también de Concordia y muy allegado a él); los vocales del STJ Daniel Carubia (nombrado por el exgobernador Jorge Busti en 1988 y enfrentado al procurador entrerriano) y Claudia Mizawak (exabogada de Urribarri en causas de corrupción, a fines de los 90). Los tres votaron por abrir una causa contra Goyeneche, lo mismo que el senador Armando Gay, del oficialismo provincial.

Entre los abogados, Luis María Campos, del Colegio de la Abogacía, rechazó la denuncia, mientas que su colega Sonia Rondoni votó por darle curso favorable. La voz cantante la llevó Rondoni y la mayoría adhirió a sus argumentos. El último voto, del diputado provincial Gustavo Zavallo (del oficialismo), también se inclinó por abrir la causa contra la Procuradora Adjunta, aunque pidió que no se la suspendiera. Rescató la importancia de su investigación y dijo que goza de la presunción de inocencia.

El tribunal además decidió que el jurado de enjuiciamiento es incompetente para tramitar la denuncia contra el Procurador de la provincia y, por eso, envió copia a la Cámara de Diputados para que se lo someta a juicio político. Con la Cámara de Diputados controlada por el peronismo, está en riesgo la continuidad del Procurador al frente del Ministerio público provincial.

Además de abrirle una causa a Goyeneche y suspenderla en sus funciones mientras dure ese proceso, el tribunal dispuso reducirle en un 30% su sueldo.

También decidió separar del conocimiento de la causa a la totalidad a todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal y designar a un fiscal especial –no previsto en ninguna norma- que surge de una lista de conjueces del STJ. Esos conjueces son abogados de la matrícula y hay allí algunos letrados que oficiaron como defensores de Urribarri en otros casos.

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